Primer acuerdo PP-Vox: 32 acciones y sin rastro de las medidas más polémicas de Abascal
El pacto no recoge las demandas iniciales de la formación verde, que pidió derogar las leyes regionales de Violencia de Género y de Memoria Histórica
Los líderes de Vox y PP tras la firma del acuerdo. | Claudia Alba (Europa Press)
Castilla y León abre una nueva etapa en el panorama político nacional. PP y Vox han alcanzado este jueves in extremis un pacto para la legislatura que comienza. Se trata de un acuerdo de mínimos con 11 ejes de Gobierno y 32 acciones, muchas de ellas sin especificar. Otras están fuera del alcance autonómico, como la que hace alusión a «una inmigración ordenada», de competencia estatal. El documento no incluye las demandas iniciales de la formación verde, que pidió derogar las leyes autonómicas de Violencia de Género y de Memoria Histórica.
Con este acuerdo, Vox consigue ingresar en un gobierno por primera vez desde su creación en 2014 (solo obtuvo representación institucional cinco años después). La formación verde no las tenía todas consigo. Apenas unas horas antes, en la noche del miércoles, lanzó un órdago sin precedentes a los populares a través de Twitter. El entendimiento llegó cuando apenas restaban 15 minutos para el inicio de la constitución de las Cortes.
Pacto con Vox
«Los representantes electos del PP y Vox, conscientes de las diferencias entre las dos formaciones, presentan este acuerdo de legislatura para conformar un programa estable de gobierno con pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía de Castilla y León», comienza el documento hecho público. El texto cuenta con cinco páginas que incluyen 11 ejes de gobierno y 32 acciones, tal y como adelantó THE OBJECTIVE.
Entre los ejes de gobierno destaca promover la solidaridad entre todas las comunidades autónomas, un modelo territorial que la formación de Santiago Abascal aspira a suprimir. Otros puntos apenas son meras banalidades, como la de reivindicar una historia común, el compromiso con el mundo rural y vigilar y defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, algo que ya recoge la Constitución Española.
Se habla también de garantizar servicios públicos, apoyar a las familias y a la natalidad y reducir el gasto institucional superfluo, aunque no se especifica cómo. El documento incorpora 32 acciones, entre las que destaca la promesa de aprobar una ley de desarrollo y competitividad rural. También desliza la creación de empleo estable, el impulso al tejido económico, la lucha contra la despoblación, el retorno del talento a la región, aunque no especifica la manera en la que se va a realizar.
En el texto destaca la ausencia de dos de las demandas más polémicas de Vox: suprimir las leyes regionales de Violencia de Género y de Memoria Histórica. Lo pidió el propio líder regional, Juan García-Gallardo, el día después de las elecciones autonómicas del 13-F, en las que consiguió 13 de los 81 escaños en liza. Una representación que ha resultado decisiva para que el presidente Alfonso Fernández Mañueco pueda conseguir ser reelegido en el cargo, al quedarse lejos de la mayoría absoluta.
Lucha contra la violencia intrafamiliar
A pesar de que el acuerdo de Gobierno no incluye la derogación de la ley de Violencia de Género, sí incorpora el deseo de aprobar una ley para luchar contra la violencia intrafamiliar «para promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas». La oposición denuncia que es un punto ambiguo y teme que se trate de un eufemismo para sustituir la norma que protege a las mujeres que sufren malos tratos.
La acción número 10 del documento especifica que se trataría de una norma para «mejorar la atención de las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres y personas con discapacidad o vulnerables, con especial énfasis en el medio rural, garantizando la igualdad». El presidente en funciones se ha referido a la necesidad de «mimar a quienes sufren violencia», para garantizar los preceptos que garantiza la Constitución, pero no ha incidido en el concepto de «machista» o «contra la mujer».
El punto número 32 alude a promover «una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León». El documento publicado por Vox en la noche del miércoles requería eliminar «partidas presupuestarias y normativas que promueven el efecto llamada y favorecen el tráfico de seres humanos». Además, solicitaba colaboración a la policía para identificar «inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados». No obstante, esta competencia es estatal. El acuerdo deja fuera asuntos tan controvertidos como la financiación a sindicatos y partidos.
Tanto Mañueco como García-Gallardo se han mostrado satisfechos con el pacto, que ha recibido una cascada de críticas desde la oposición. «La extrema derecha vuelve a los gobiernos 40 años después de la mano de Feijóo. Hoy es mal día para CyL y para la democracia española», ha escrito en Twitter Adriana Lastra, número dos del PSOE. Su secretario de Organización, Santos Cerdán, ha criticado que los populares sean «lobos con piel de cordero».
Críticas de Donald Tusk
El dirigente socialista ha apuntado a Alberto Núñez Feijóo, que previsiblemente será el nuevo líder nacional del partido. El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha tachado la entrada de la formación verde en el Gobierno regional de «vergüenza» y de «ignominia». En su opinión, «el PP no engaña a nadie, da igual quién lo presida». Soria ¡Ya! le reprocha que haya preferido pactar con Vox sabiendo que su formación iba a abstenerse en la votación.
Las críticas han traspasado fronteras. El presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, ha rechazado el pacto. Espera que sea «un accidente» y no la norma en España. Feijóo, en cambio, ha bendecido el pacto porque evita un adelanto electoral. El dirigente popular culpa al PSOE que «no dejó otra opción» al no abstenerse para permitir un gobierno en solitario de Mañueco. Vox entrará con tres consejerías, aunque por el momento se desconoce cuáles.
