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PP, PSOE, Vox y UP frenan la citación al director de la Agencia Tributaria por el hermano de Ayuso

Ciudadanos había pedido su comparecencia para aclarar si provino de su departamento la filtración del extracto sobre las comisiones de Tomás Díaz Ayuso

PP, PSOE, Vox y UP frenan la citación al director de la Agencia Tributaria por el hermano de Ayuso

El vicepresidente primero del Congreso de los Diputados por el PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a su llegada a una reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados. | Eduardo Parra (Europa Press)

La Mesa del Congreso ha frenado la citación del director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, para dar explicaciones acerca de la filtración de los datos fiscales relativos al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, que fueron conocidos tras salir a la luz fruto de la polémica por los contratos firmados por el Gobierno regional en la pandemia. Ciudadanos había exigido su comparecencia, que finalmente ha sido desestimada por todos los grupos que componen la Mesa.

En concreto, la formación naranja pretendía que Gascón aclarara al Congreso si la Agencia Tributaria ha abierto alguna investigación interna para determinar si alguien se hizo con esa «información fiscal privada» sin autorización y, además, la envió a terceras personas.

Pero, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso, de la que forman parte diputados de PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox, ha acordado por unanimidad inadmitir la solicitud del partido naranja.

Solo comparecerá en una comisión de investigación

El órgano de gobierno de la Cámara ha tomado esta decisión en aplicación del artículo 95 de la Ley General Tributaria que es, precisamente, el que determina que «los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado».

Esa información, continúa el artículo, sólo puede ser utilizada para la aplicación de los tributos y la imposición de las sanciones que proceda, y no puede ser cedida o comunicada a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto «la colaboración con una comisión de investigación parlamentaria».

Es decir, la Mesa recuerda a Ciudadanos que sólo podría solicitar la comparecencia del responsable de la Agencia Tributaria para hablar de datos fiscales concretos de alguien en el marco de una comisión de investigación.

Cambio de datos bancarios por el Tribunal de Cuentas

La formación naranja solicitó comparecencia de Gascón haciéndose eco de una información de Libertad Digital que apuntaba que el ex secretario general del PP Teodoro García Egea pactó la renovación del Tribunal de Cuentas con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a cambio de que el Ejecutivo le pasara información sobre los contratos que la empresa vinculada al hermano de Ayuso cerró con la administración madrileña.

Cuando estalló la polémica sobre el posible cobro de comisiones por parte de su hermano, la propia Ayuso deslizó que la información sobre aquellos contratos sospechosos había llegado a Génova procedente de La Moncloa.

De su lado, el presidente del partido, Pablo Casado, reconoció que él tuvo acceso a documentación que incluía «datos fiscales y bancarios» por lo que se podía inferir que la información «venía de alguna institución pública».

Tanto el Gobierno como el ex secretario general del PP Teodoro García Egea han desmentido que ese dossier saliera de Moncloa y el ex dirigente popular ha negado también que el acuerdo sobre los nuevos consejeros de Cuentas se sellara a cambio de esa información.

Pero Cs, no sólo pidió la comparecencia del director de la Agencia Tributaria, sino que también anunció una batería de preguntas escritas para que Gobierno aclarase «si el mercadeo en el Tribunal de Cuentas obedeció a negociaciones políticas».

Un registro informático

En este contexto, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, defendió que Hacienda debe investigar cómo y quién accedió a la Declaración Informativa anual de operaciones de terceras personas (el conocido como modelo 347) relativa al contribuyente Priviet Sportive SL, la empresa del amigo del hermano de Ayuso que contrató con la Comunidad de Madrid.

Según Ciudadanos, el acceso a esa información fiscal «debe dejar el correspondiente registro informático» y sólo pueden haberla obtenido bien «personas autorizadas para ello» o «terceros sin autorización» es decir, de manera ilegal, como también lo sería la transmisión de esos datos a otras personas

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