Entidades LGTBI acusan al Poder Judicial de incumplir plazos en el dictamen de la 'ley trans'
Tres organizaciones han registrado una carta para exigir al CGPJ que emita el informe ante «el aumento sin precedentes de los delitos de odio»
Uge Sangil sostiene la carta ante la sede del CGPJ. | FELGTBI
El colectivo LGTBI se impacienta. Tres entidades han registrado este martes una carta en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exigir que «cumpla sus funciones constitucionales». Las asociaciones acusan al órgano de gobierno de los jueces de incumplir el plazo de 30 días que fija la normativa para elaborar sus informes. Sostienen que el dictamen sobre el anteproyecto de la ley trans debió emitirse el 16 de enero y que esta demora les condena a «un aumento sin precedentes de los delitos de odio».
La futura ley trans fue impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto hace nueve meses. Lo hizo el 29 de junio, coincidiendo con la semana del Orgullo LGTBI. Después de que una veintena de organizaciones, comunidades autónomas y los ministerios hicieran sus aportaciones al texto, se envió al Ministerio de Justicia, encargado de remitirlo a diferentes organismos públicos para evaluarlo, entre ellos el CGPJ.
La ley trans a debate
La Federación Estatal de Lesbianas, gais, trans y bisexuales (FELGTBI+), la Fundación Triángulo y Chrysallis, entidades que han registrado el documento, se quejan de la demora del dictamen. Un retraso que, en su opinión, «incumple» la ley orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que en su artículo 561.2 indica que el CGPJ debe emitir su informe «en el plazo improrrogable de 30 días». Un periodo que podría haber sido de solo 15 días si en la orden de remisión se hubiese hecho constar su urgencia, como demandaban algunas organizaciones.
La normativa sostiene que el órgano remitente podrá conceder «excepcionalmente» la prórroga del plazo atendiendo a las circunstancias del caso. En ese escenario, la duración de la prórroga sería de 15 días, salvo en los casos en los que en la orden de remisión se hubiere hecho constar la urgencia del informe, que los rebajaría a 10. Las entidades sostienen que el anteproyecto llegó al CGPJ el 15 de diciembre y que debería haber sido remitido al Ministerio de Igualdad el 16 de enero.
«Como ya sabrán, los plazos marcados están sufriendo retrasos incomprensibles», afirma la carta, dirigida al presidente del CGPJ, el magistrado Carlos Lesmes. El texto apremia a emitir un veredicto sobre el anteproyecto. Aunque este no es vinculante, sí supone un paso previo obligatorio para su posterior tramitación parlamentaria. «Este retraso tiene consecuencias materiales en nuestras vidas. Prorroga y dilata la desprotección del colectivo LGTBI, que necesita con urgencia que se reconozcan sus derechos, especialmente los de las personas trans», continúa la misiva.
Las entidades piden «celeridad» al CGPJ en la elaboración del informe. Su intención era someterlo a análisis y votación en el pleno de marzo, pero fuentes del órgano judicial han confirmado a THE OBJECTIVE que se pospone. El pleno se reúne el último jueves de cada mes de forma ordinaria, pero no se descarta un encuentro extraordinario para abordar una ley que ha suscitado polémica y la división del feminismo por incluir la libre determinación de género, lo que permitiría cambiar de nombre y de sexo con la voluntad como único requisito.
Ascenso del odio
Uge Sangil, presidenta de FELGTBI, que acudió personalmente a registrar el escrito, señala que el colectivo vive «un momento de incertidumbre y de ascenso del odio» por lo que «necesitamos que las instituciones cumplan sus funciones y nos protejan». Los datos elevan hasta en un 40% el aumento de agresiones en el último año. José María Núñez, presidente de la Fundación Triángulo, reconoce la necesidad de que se apruebe la ley ante el aumento de estos delitos de odio: «Hemos demostrado una paciencia enorme en relación a la defensa de nuestros derechos. No es de recibo ninguna demora más en el proceso».
Las organizaciones que han registrado carta consideran que «los significativos retrasos» en la tramitación del anteproyecto perpetúan la desprotección de las personas que conforman el colectivo y suponen un trato desigual en función de la comunidad autónoma en la que residan. Señalan la especial vulnerabilidad de las personas trans, sobre todo durante la infancia y la adolescencia, que «continúan sufriendo discriminación y acoso constante, tanto a nivel educativo como administrativo, todo ello sumado al abandono de sus derechos humanos a nivel legislativo».
Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis, insiste en que «es urgente y de justicia social, que el CGPJ cumpla con sus funciones y elabore dicho informe sin más dilación, ya que ha de ser consciente que no llevar a cabo sus responsabilidades se traduce en la grave discriminación, acoso y agresión que sufren las infancias y adolescencias trans, que ven como día a día crecen los discursos transexcluyentes que ponen en grave riesgo su integridad física y psicológica».
Una parte del feminismo, dividido por la ley trans, espera que la nueva norma «no vea nunca la luz». Tiene muchas esperanzas en que el CGPJ emita un dictamen negativo. El Ejecutivo no estaría obligado a modificar el texto, pero consideran que esta circunstancia resucitaría el debate de la autodeterminación de género y que el Gobierno acabaría retrasándola sine die o, incluso, tumbándola.
