La Fiscalía Europea se centrará en investigar si Madrid pagó mascarillas KN-95 a precio de FFP2
Además, la Fiscalía Europea tendrá que determinar si el transporte de un cargamento que costó 1,5 millones de euros, corrió a cargo de la Comunidad de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. | javier Lizón (EFE)
La Fiscalía Europea centrará su investigación en averiguar si la Comunidad de Madrid pagó mascarillas KN-95, de inferior calidad, a precio de FFP2 en el cargamento que recibió de China en virtud del contrato suscrito con la empresa Priviet Sportive S.L. del que también habría resultado beneficiado Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña.
Al margen del conflicto de competencias que ha desatado este asunto entre la instancia europea y la Fiscalía Anticorrupción, la investigación sigue su curso. Los fiscales Luis Miguel Jiménez Crespo, de perfil conservador, y la fiscal Olga Muñoz Mota, especialista en delitos económicos, son los encargados por la Fiscalía Europea para llevar el asunto.
Ambos tratarán de esclarecer las dudas sobre el posible uso fraudulento por la Comunidad de Madrid de los fondos Feder europeos destinados a la compra de emergencia de material sanitario, principalmente mascarillas, durante la primera ola de la pandemia de covid-19.
Está sobre la mesa la posible comisión de un delito de malversación de los presupuestos comunitarios y de fraude en las subvenciones. Para empezar, tratarán de identificar si hubo un lucro ilícito de la empresa y del hermano de Isabel Díaz Ayuso en el pago de cinco euros por mascarilla KN-95, que eran de una calidad y precio inferior a las FFP2, que supuestamente se iban a importar desde China.
Además, la Fiscalía Europea tendrá que determinar si el transporte de un cargamento que costó 1,5 millones de euros, corrió a cargo de la Comunidad de Madrid o de la empresa adjudicataria porque ese dato también tiene influencia sobre el margen de beneficio de Priviet Sportive S.L..
La investigación del contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa de un amigo de la infancia de la familia Díaz Ayuso ha acabado dividida, en un hecho sin precedentes, entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía Anticorrupción, que no ve delito de malversación y centra sus pesquisas en los delitos de tráfico de influencias, negociaciones vedadas a funcionarios públicos y falsedad, que considera de ámbito estrictamente nacional.
La fiscal General Europea, Laura Codutra Kovesi, emitió el miércoles un duro comunicado en el que reprobaba la actitud de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a la que acusó de “desafiar” a la UE y de saltarse la ley al negar la entrega de la totalidad de la investigación que ahora desarrolla Anticorrupción.
