La Audiencia Nacional impulsa una investigación contra ETA por crímenes de lesa humanidad
Los magistrados acusarán a la banda de estos crímenes por los asesinatos perpetrados desde 2004 y ha planteado la posibilidad de solicitar a las autoridades francesas la entrega de Txeroki’, ‘Ata’ y ‘Gurbitz’.
Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público. | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha anunciado que impulsará la causa seguida contra la cúpula de ETA por crímenes de lesa humanidad en todos los asesinatos cometidos desde 2004. Además, los magistrados han planteado la posibilidad de solicitar a las autoridades francesas la entrega de Garikoitz Aspiazu ‘Txeroki’, Mikel Carrera Sarobe ‘Ata’ y Aitzol Iriondo Yarza ‘Gurbitz’.
En un auto del pasado miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda dan traslado a la Fiscalía de que Francia ha autorizado ya enviar a ‘Txeroki’ desde el 20 de agosto hasta el 20 de octubre de este mismo año para que sea enjuiciado por la explosión de un coche bomba en Bilbao en 2005.
Así las cosas, la Sala se dirige al Ministerio Fiscal antes de solicitar a las autoridades galas la entrega de los citados exjefes etarras, que se encuentran cumpliendo condena en Francia. El que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 Juan Pablo González procesó a los tres dirigentes además de a José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’, archivando la causa para Aitor Elizaran.
Las pesquisas se iniciaron en julio de 2015 a partir de las querellas presentadas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y otras víctimas de ETA. Unos años más tarde, en 2018, la magistrada Carmen Lamela concluyó el sumario que incoó y procesó ‘Ata’, ‘Gurbitz’, y ‘Txeroki’ por crímenes de lesa humanidad, proponiendo juzgarles por los asesinatos cometidos desde 2004.
La juez concluyó esa parte de la investigación tras tomarles declaración indagatoria a los tres miembros de la cúpula de ETA, quienes cumplen condena en Francia. No así respecto de ‘Josu Ternera’, a quien no se pudo comunicar su procesamiento en la causa al encontrarse en busca y captura en ese momento.
Siete atentados mortales
El magistrado González recogió en su auto siete atentados mortales cometidos por ETA desde el año 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad fue incorporado al Código Penal, y les imputó un total de 25 delitos de asesinato terrorista por atentados como los que acabaron con la vida de los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio en la T-4 de Barajas en diciembre 2006; el exconcejal socialista Isaías Carrasco en Mondrágón (Guipuzkoa) en marzo de 2008; el guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano (Álava) en mayo de ese año; y el brigada Luis Conde en Santoña (Cantabria) en septiembre.
También atribuyó a la cúpula de la banda los atentados que acabaron con la vida del empresario Ignacio Uría en Azpeitia (Guipúzcoa) en diciembre de 2008; el policía nacional Eduardo Puelles en Arrigorriaga (Vizcaya) en junio de 2009; y los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Calviá (Baleares) en julio de 2009.
El juez instructor atribuyó siete delitos de asesinato a ‘Ata’, seis a Iriondo, cinco a ‘Txeroki’, cinco a Elizaran y dos a ‘Josu Ternera’, que «estuvo al frente del ‘aparato político'» de ETA durante los años 2005, 2006 y 2007 «en unión» del fallecido Francisco Javier López Peña, ‘Thierry’. También les impuso fianzas por valor de responsabilidad civil de siete millones de euros para ‘Ata’, seis millones para ‘Gurbitz’, cinco millones para ‘Txeroki’ y dos millones a ‘Josu Ternera’.
Se les acusa de idear los ataques
En su auto expuso que en todos estos atentados los «máximos dirigentes» de los aparatos político y militar de ETA en el periodo investigado «tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección, impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado».
En el caso del atentado de la T-4, que rompió la tregua decretada por la organización en 2006, el de Isaías Carrasco, días antes de las elecciones generales de 2008, o el del empresario Uría, vinculado a las obras del tren de alta velocidad, el juez González señaló que en modo alguno pudieron ser ejecutados sin que los autores materiales recibieran órdenes concretas y precisas de los máximos dirigentes de la organización terrorista.
Primeros etarras procesados por estos delitos
El magistrado instructor les imputó el delito de lesa humanidad, contemplado en el artículo 607 del Código Penal, al entender que estos atentados se cometieron «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella» y que las víctimas lo fueron por su pertenencia «a un grupo colectivo perseguido por razones políticas, étnicas, religiosas».
La querella que dio origen al inicio de las pesquisas también iba dirigida contra María Soledad Iparaguirre Genetxea, ‘Anboto’; Gorka Palacios Alday, Jurdan Martitegui Lizaso, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, ‘Txikierdi’; Eugenio Echebeste, ‘Antxon’; José Luis Ansola Larrañaga, ‘Peio el Viejo’ y Francisco Múgica Garmendia, ‘Pakito’.
