Vox pacta con el PP tramitar una ley de violencia intrafamiliar en Castilla y León antes del verano
La formación verde prioriza las cuestiones ideológicas y renuncia a dirigir la política de comunicación tras unas negociaciones «complejas»
Los líderes regionales de Vox y PP se abrazan en la constitución de las Cortes. | Claudia Alba (Europa Press)
Castilla y León tendrá una ley de violencia intrafamiliar. La tramitación comenzará antes del 31 de julio. Vox y PP han consensuado los mecanismos de coordinación del Gobierno autonómico y las funciones del vicepresidente, flecos que quedaban pendientes tras el acuerdo al que llegaron el 10 de marzo. El pacto establecía 11 ejes y 32 acciones de gobierno. Ambas formaciones también han acordado tramitar «una normativa en materia de concordia» que sepultará el actual decreto de Memoria Histórica. Los de Santiago Abascal priorizan las cuestiones ideológicas y, entre otras cosas, renuncian a dirigir la política de comunicación de la Junta tras unas negociaciones que ambas partes califican de «complejas».
Vox y PP han adelantando este martes en un comunicado conjunto que tienen la intención de formar un gobierno «estable, sólido y fuerte». No en vano suman 44 de los 81 escaños que conforman las Cortes de Castilla y León. Ambos partidos han estructurado los instrumentos de coordinación del Ejecutivo regional. Crearán diferentes comisiones, como la de seguimiento del programa de gobierno y la de seguimiento y evaluación de la planificación de las campañas de publicidad institucional, donde participará la vicepresidencia, que recae en Juan García-Gallardo.
Mañueco «orgulloso» del pacto con Vox
El futuro vicepresidente no contará con cartera. Presidirá la comisión de secretarios generales, máximo órgano de asistencia a la Junta de Castilla y León. Entre otras cuestiones, le corresponde coordinar las consejerías y preparar las reuniones del Consejo de Gobierno. García-Gallardo tampoco dirigirá la comunicación de la Junta, tal y como pretendía. Esa función quedará en manos del PP. En contraprestación, Vox conseguirá imponer su agenda ideológica.
Una de las cuestiones más polémicas del acuerdo fue la inclusión de una ley de violencia intrafamiliar para «mejorar la atención de las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables, y con especial énfasis en el medio rural, garantizando la igualdad», rezaba el punto número 1o del pacto. El documento no precisa si esta nueva norma supondrá acabar con la actual ley de Violencia de Género, algo que rechazó el presidente regional.
El anuncio de esa medida provocó críticas entre los partidos de izquierda y los movimientos feministas. El propio Mañueco tuvo que salir al paso. El presidente en funciones de Castilla y León se mostró «orgulloso» de su pacto con Vox, del que aseguró que «no es racista, ni homófobo, ni machista». El candidato de los populares defendió el acuerdo subrayando que «no hay nada radical» y garantizando que la región no implantaría el pin parental ni tocaría el decreto de Memoria Histórica. Sin embargo, los trámites para una ley de concordia se iniciarán antes del 30 de junio.
Vox asegura que sacar adelante una ley de violencia familiar servirá para ampliar la cobertura de todas aquellas personas que la sufren, especialmente los más vulnerables. La tramitación de esta ley comenzará antes del 31 de julio, según el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. No es la primera vez que la formación verde habla de sustituir la violencia de género. En marzo de 2020, los de Abascal ya presentaron una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso que instaba a su modificación y a elaborar una ley de violencia intrafamiliar en su lugar.
La formación verde aseguraba en el texto que su propósito es «proteger de forma inequívoca» la integridad de la familia y de todos sus miembros, «sean heterosexuales u homosexuales», poniendo coto a las agresiones. En su opinión, «no es tolerable que por consignas ideológicas, el esfuerzo y los recursos de todos los ciudadanos se centren únicamente en proteger a la mujer contra los actos violentos de los que son objeto por parte de sus parejas masculinas». Y continuaba: «La mujer no es la única víctima y, por tanto, es injusta cualquier tipo de legislación que excluya al resto de miembros del núcleo familiar».
«Una ley que privilegia a la mujer»
«El feminismo radical es quién más ha promovido unas leyes de género que, además de carecer de base científica, solo contempla la violencia contra la mujer cuando es ejercida por un hombre, con el fin pretendido de luchar por los derechos de la mujer y percibiendo a esta como a una víctima del machismo secular de la sociedad que vivimos», señalaba el texto registrado por la diputada Carla Toscano. El documento también denunciaba a la ley contra la Violencia de Género por imponer «el castigo sistemático del hombre, sea inocente o no, y por medio de esta ley que favorece y privilegia a la mujer».
Con los mecanismos de coordinación del Gobierno autonómico y la tramitación de una ley de violencia intrafamiliar queda cerrado por completo el acuerdo de legislatura entre PP y Vox. Sucede el mismo día en que el presidente del Parlamento regional, Carlos Pollán, ha convocado a la Mesa y la Junta de portavoces para fijar la fecha de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. La sesión se celebrará el Lunes Santo, aunque estaba prevista para finales de marzo.
