Una alto cargo de la Consejería de Igualdad maniobra para que el juez no investigue a Oltra

La actual directora territorial de la Conselleria de Igualdad, Carmen Fenollosa, ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia contra la decisión de su titular de pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que investigue a la vicepresidenta y titular de este departamento, Mónica Oltra, por el caso del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Fenollosa, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, pide al instructor que deje sin efecto lo acordado en el auto de fecha 1 de abril, en el que elevó al TSJCV una exposición razonada en la que pedía la imputación de Oltra al considerar que existen indicios «racionales, serios y fundados» de la participación de esta última en los hechos investigados y que no resulta posible progresar en la investigación sin que la consellera sea oída como investigada. En la causa hay 13 mandos y técnicos investigados, entre ellos, Fenollosa.

La representación de la directora territorial señala en el escrito, entre otros argumentos, que no existen indicios «racionales y sólidos, de un nivel cualificado», de la participación y responsabilidad de la vicepresidenta que, además, «arrastran» a su clienta a la continuación de la causa ante el TSJCV «sin la existencia de las adecuadas pruebas».

En esta línea, señala que no hay ninguna declaración en la que «nadie de los investigados haya dicho que recibió instrucción alguna» de Oltra ni ha sido aportado documento alguno «en el que se aprecie ninguna orden o instrucción» de la consellera sobre los hechos.

Asimismo, alega que su representada ha cometido «ninguna irregularidad administrativa ni tampoco ningún comportamiento delictivo» y recuerda que es la funcionaria que era responsable en la Conselleria en aquellas fechas en la provincia de Castellón, «sin ningún tipo de participación en la causa que se investiga».

Jurisprudencia del TS

A juicio de la defensa, no se cumple el requisito exigido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo al no ser «suficientes las posibilidades, o las alusiones indirectas, ni tampoco basta cualquier sospecha o conjetura» y no existe en el auto recurrido ni en la exposición que lo motiva «ningún indicio serio y fundado que represente una imputación clara y concreta, con un claro apoyo probatorio».

Sobre la inicial credibilidad de la menor víctima, añade que se deja como «claramente probado» que numerosas personas sí la creyeron cuando les contó en primera ocasión la existencia de los posibles abusos «pero se obvian otros hechos muy relevantes como es la circunstancia que, tras esa primera inicial declaración de la menor, ninguno de los receptores de la comunicación (ni pareja, ni familiares, ni amigos, ni compañeros de residencia) sostuvieron que la creyeran al punto de que ninguno presentó denuncia«.

«Algunos todavía sostienen de forma vehemente que la menor mintió«, señala, y «exactamente lo mismo pasó con profesionales experimentados, tanto de entidades privadas como de la administración, que tras realizar su trabajo de forma totalmente profesional, llegaron a conclusiones que no indicaban precisamente que procedía interponer ninguna denuncia«.

Y sobre la supuesta cadena de errores a la que alude el instructor, la directora defiende que las cosas se hicieron como se debían hacer, «como se venían haciendo desde hace décadas» y no se cometieron irregularidades ni delito alguno. «Pero aún así, con posterioridad se mejoró el sistema de protección de personas menores de edad presuntamente abusadas sexualmente. Un sistema en el que la Dirección General llevaba unos pocos meses de vida, y la Vicepresidenta poco más de un año en el cargo«, señala.