El juez embarga los bienes de lujo a los dos comisionistas del Ayuntamiento de Madrid
El juzgado investiga a Luis Medina y Alberto Luceño por el cobro de comisiones millonarias en contratos sanitarios con el Consistorio Madrileño
Uno de los investigados, este verano, en Cádiz. | Gtres
Como paso inherente en el proceso judicial, el titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Adolfo Carretero, dará orden este viernes de embargar los distintos bienes que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño compraron a partir de las comisiones percibidas de contratos sanitarios con el Ayuntamiento de Madrid al comienzo de la pandemia. El juzgado madrileño investiga a ambos por delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales, después de que admitiese este jueves la querella de la Fiscalía Anticorrupción.
El juez Adolfo Carretero ha fijado además la fecha, el próximo 25 de abril, en la que dos imputados deberán declarar ante el Juzgado madrileño por supuestamente haber cobrado comisiones millonarias al «inflar» el precio de la compra de material sanitario, que costó 10,8 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid tras firmar tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. El Consistorio, por su parte, se personará en la causa como parte perjudicada, según avanzó el primer edil, Jose Luis Martínez Almeida.
Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, Medina se habría beneficiado de una comisión de un millón de euros, mientras que su socio elevó presuntamente las mordidas a 4 millones de euros. Ambos destinaron lo ganado, según el Ministerio Público, a la compra de un yate, modelo Eagle 44, llamado ‘Feria’, vehículos de alta gama, relojes Rolex y una vivienda de lujo en Pozuelo.
Fuentes jurídicas sostienen, no obstante, que el embargo de estos bienes se trata de un paso inherente en proceso judicial. El juez toma esta decisión de cara a que los investigados, de ser condenados, puedan responder civilmente con el valor de los bienes que compraron durante la pandemia.
El enlace con el Ayuntamiento
Según el relato de la Fiscalía, Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y «su amistad con un familiar del alcalde de Madrid», el abogado Carlos Martínez-Almeida, quien le facilitó el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.
El Ayuntamiento de Madrid ha negado, sin embargo, que un familiar del alcalde José Luis Martínez-Almeida conozca al empresario Luis Medina, tal y como recoge la querella abierta por la Fiscalía Anticorrupción.
Según el Ministerio Público, la coordinadora era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Y, desde ese momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación».
Asimismo, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. «En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista», subraya el escrito de la Fiscalía. La querella del Ministerio Público, además, sostiene que gran parte de los materiales sanitarios que vendieron los investigados eran defectuosos.
