La Fiscalía rebaja de 9,5 a 3,4 millones el desvío de fondos de los líderes del 'procés'

La Fiscalía ha rebajado en dos tercios las estimaciones del Tribunal de Cuentas sobre la cantidad presuntamente desviada por 35 excargos y consejeros del Govern para los gastos del referéndum ilegal del 1-0 y para la acción exterior de Cataluña. El Ministerio Público, en concreto, ha reducido a 3,4 millones el importe total de esos gastos efectuados durante la presidencia de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat para promover y llevar a cabo el referéndum de 2017, mientras que el Tribunal de Cuentas había cifrado en 9,5 millones de euros los fondos públicos utilizados por los líderes del ‘procés’.

Así consta en una demanda enviada este miércoles por el Ministerio Público al Tribunal de Cuentas, según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE). El organismo dirigido por Dolores Delgado ha presentado en el escrito sus cuentas. En el documento cifra en 2,2 millones los gastos de acción exterior desviados a través de las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. Por otro lado, ha estimado en 1,2 millones los gastos relativos a la organización y celebración del referéndum del 1-O. En total, según la Fiscalía, serían 3,4 millones de euros los que la Generalitat usó para ambos objetivos.

Por el contrario, el Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior y en otros 4,1 millones de euros los gastos vinculados al referéndum ilegal de 2017. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total estimado por el organismo fiscalizador era de un total de 9,5 millones de euros.

Puigdemont y otros 34 excargos demandados

Según ha informado la Fiscalía en una nota informativa, la demanda se dirige contra 35 presuntos responsables y se agrupa en más de 29 conceptos contables. Tiene dos partes diferenciadas en cuanto deriva de dos procedimientos distintos con dos actas de liquidación diferentes y con personas demandadas solo en parte coincidentes. Al expresidente catalán Carlos Puigdemont se le imputa en la demanda, pese a no haber sido juzgado aún por el Tribunal Supremo, en atención a su condición de responsable máximo de la Generalitat.

En cuanto a los gastos derivados del ‘procés’, el Ministerio Público postula la responsabilidad contable del exvicepresidente y los exconsejeros condenados por el Tribunal Supremo: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turul. «A todos ellos se les considera responsables solidarios de los gastos en base al criterio fijado en la sentencia que se ejecuta», señala la Fiscalía.

Por el contrario, y siguiendo el criterio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la demanda no se dirige contra los exconsejeros que quedaron absueltos del delito de malversación tras la celebración del juicio: Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Borrás. La denuncia sí incluye a los consejeros ‘rebeldes’ que pusieron sus departamentos (Cultura y Salud) al servicio de actos nucleares de ejecución: Antoni Comín y Lluís Puig. Ninguno de ellos fue juzgado por el Alto Tribunal.

La Abogacía del Estado abandonó la causa del ‘procés’ en el Tribunal de Cuentas pese a que el Supremo la consideró parte «interesada». Como ya adelantó este diario, la hipótesis que cobraba fuerza es que el Ministerio fiscal, junto a la acción pública, presentaríoa denuncia, pero solicitando penas muy menores a las calculadas por el órgano fiscalizador.