La Justicia da 10 días al Gobierno para defender si se cumple el 25% de castellano en Cataluña
Abogacía del Estado y Govern presentarán sus alegaciones el 21 de abril. Torra cumplió durante su mandato todas las resoluciones contra la inmersión
La Ministra de Educación y FP, Pilar Alegría. | Europa Press
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha instado a la Abogacía del Estado, como parte que interpuso la demanda contra la inmersión lingüística y ganó el juicio en 2020 en el Tribunal Supremo, a presentar alegaciones sobre si considera que las escuelas públicas de Cataluña cumplen el 25% de horas lectivas en castellano determinado por la justicia. La misma petición se ha hecho hacia el Departamento de Educación.
La finalización del plazo voluntario para que el Gobierno catalán cumpliera con la sentencia ha propiciado que hasta cuatro asociaciones distintas -Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), Hablamos Español, Convivencia Cívica Catalana y Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)- hayan pedido iniciar un incidente de ejecución de la sentencia.
Esta situación obliga al Ministerio de Educación y a la Consellería del ramo a pronunciarse en todos estos procedimientos. En el caso de la última demanda recibida, la de la AEB, el próximo 21 de abril ambas administraciones deberán informar ante el tribunal si dan o no por cumplida la sentencia y si consideran a la entidad presidida por Ana Losada parte legítima en este proceso.
Desde el Ministerio de Educación informaron a THE OBJECTIVE que no contemplaban ningún escenario donde se incumple con resoluciones judiciales, pero lo cierto es que declinaron pedir la ejecución forzosa de la sentencia pese a ser parte legitimada y una vez se había agotado el periodo de dos meses para que el Govern acatara de forma voluntaria.
Padres a favor de la inmersión
En este nuevo escenario auspiciado por las entidades a favor del bilingüismo tras la inhibición del Gobierno de Pedro Sánchez, todo apunta a que la Generalitat alegará que dichas asociaciones de padres no están legitimados para pedir el cumplimiento del 25% de castellano.
Además, desde la sentencia en el centro de Canet de Mar, otros padres favorables a la inmersión lingüística han empezado a recurrir y a comparecer en estos procedimientos. En el caso de la localidad barcelonesa, un total de 28 padres a favor del modelo monolingüe comparecieron, explican fuentes jurídicas a este medio. Uno de los argumentos que creen que les beneficia es la carta de la lenguas regionales del Consejo de Europa.
El papel de la Abogacía del Estado
Estas fuentes jurídicas también están a la expectativa sobre la posición que adoptará la Abogacía del Estado. «Una vez el Gobierno y la Generalitat presenten sus alegaciones el TSJC deberá decidir si considera que la información aportada es suficiente y si da por ejecutada o no la sentencia», añaden estas fuentes.
Existen temores de que el Gobierno de Pedro Sánchez cierre filas con el Govern, como ya ocurrió en el proceso contable en el Tribunal de Cuentas que investiga el desvío de fondos destinados a la causa secesionista de 32 ex altos cargos de la Generalitat. En este procedimiento, la Abogacía se inhibió -pese a que el Supremo lo consideró parte «interesada»– y el ente fiscalizador acabó aceptando el fondo del Govern para avalar las fianzas millonarias a los dirigentes nacionalistas.
Torra cumplió las 13 sentencias
En la época de Quim Torra como president se obedecieron todas las sentencias judiciales en contra de la inmersión. «Fueron un total de 13. No hubo una sola desobediencia en la época de Torra», apostillan los expertos consultados. El Departamento de Educación, dirigido entonces por Josep Bargalló, cumplía con los autos de medidas cautelares sin recurrir.
Providencia del 25% de castellano en un centro de Abrera by laurafabel on Scribd
Un ejemplo de ello es la providencia del 19 de diciembre de 2019, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, de una escuela en la localidad de Abrera. El tribunal requirió a la dirección del centro para que aplique las medidas cautelares, y la dirección del centro propuso un cuadro nuevo de cómo iban a darle cumplimiento.
Una vez se valida la propuesta que hace el centro junto a la Inspección de Educación se remite a la Secretaría General dando cumplimiento al auto y remitiendo el tribunal la información de que ya se imparte el 25% de castellano.
Delegan en las escuelas
En la nueva etapa iniciada por el conseller Josep González Cambray también se ha cumplido con las medidas cautelares en aquellos centros -de momento, nueve- que fueron denunciados. Durante el gobierno de Artur Mas, un total de 14 centros acataron las decisiones de la justicia sobre esta materia.
El problema actual está en que el Departamento que dirige Cambray se resiste a confeccionar un nuevo plan educativo con carácter genérico que integre el 25% de castellano en todos los centros públicos de Cataluña. Y se delega a los equipos docentes cumplir o no con la sentencia. A diferencia de las sentencias anteriores, la última ratificación de la sentencia del TSJC por parte de Supremo obliga a que este porcentaje mínimo de castellano se impartiera a todas las escuelas. Y no solo en aquéllas que habían sido denunciadas como sucedía anteriormente en las etapas de Torra o Mas.
El Govern, con el apoyo del PSC, se han movilizado para renovar la Ley de Política Lingüística. También Cambray informó sobre un nuevo decreto para garantizar la protección del catalán. No obstante, ni el cambio en la ley ni el nuevo decreto da margen a modificar la situación creada por la sentencia ni a evitar su cumplimiento.
