Varapalo a Marlaska: absuelto un funcionario al que Interior acusó por la fuga de dos presos

Revés para el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias. La Justicia ha absuelto a un funcionario del Centro Penitenciario Madrid III-Valdemoro que lleva más de un año suspendido de empleo y sueldo por dos presuntos delitos de los que finalmente ha sido exonerado. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska le implicó primero en la fuga de película protagonizada en la prisión de Valdemoro por dos conocidos butroneros, El Piojo y su hermano, en diciembre de 2020. Y además le acusó de haber introducido sustancias prohibidas y teléfonos móviles en el mismo centro penitenciario. Dos delitos de los que ha quedado finalmente absuelto al «no quedar acreditado el hecho investigado» y por haberse presentado como pruebas las declaraciones de otros internos «que no aportan más que juicios de valor sobre la relación» entre el encausado y los evadidos, según dos resoluciones, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, de los juzgados de primera instancia número 4 y número 7 de Valdemoro.

Los hechos se remontan al 5 de diciembre de 2020. Dos conocidos butroneros con amplio historial delictivo, Jonathan Moñiz Alcaide -alias El Piojo– y su hermano Miguel Ángel Muñiz Alcaide, protagonizaron la primera fuga exitosa en los 30 años de historia de la prisión Madrid III-Valdemoro. Lo hicieron pese a que los sistemas de alarma de su módulo se activaron en una veintena de ocasiones, después de serrar los barrotes de la ventana de su celda y descolgándose por la fachada con ayuda de sábanas anudadas con cuerdas. Contaron con la ayuda de otro interno que no logró escapar y que acabó sirviéndoles de señuelo mientras ellos huían hasta la gasolinera más cercana, donde un audi A-3 les esperaba para completar su fuga. Una evasión de película tras la que tardaron varios meses en volver a ser detenidos y encarcelados.

Dos meses después de la fuga del Piojo y su hermano, el 5 de febrero de 2021, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias abrió expediente y suspendió de empleo y sueldo a uno de los funcionarios encargados de la vigilancia del módulo 9 por «presunto incumplimiento de sus obligaciones y presunta introducción de objetos prohibidos» en relación con la evasión de los dos internos. En concreto, se le acusaba de haber facilitado las llaves de algunas dependencias del módulo a los internos. Entre otras, las del cuarto de maletas de donde los hermanos Moñiz Alcaide sacaron los palos de escoba, cuerdas y otros materiales empleados para su evasión. También se le acusaba de haberles proporcionado «alguna de las sierras utilizadas» para la fuga, según se recoge en el expediente administrativo de 276 páginas al que ha tenido acceso este diario.

El testimonio de un interno implicó al funcionario

Entre otros testimonios, el expediente administrativo realizado por la Inspección Penitenciaria recogía un interrogatorio a Adrián Iniesta, el preso que intentó fugarse junto a los hermanos Alcaide y que fue cazado en su intento de evasión. En primera instancia, ese interno dijo «sospechar» que la sierra utilizada por los fugados se la habría proporcionado el funcionario ahora exonerado porque tenía buena relación con el hermano del Piojo y a quien, según su versión, «en más de una ocasión» había prestado las llaves del cuarto de maletas y entregado bollos en cuyo envoltorio podría haber escondido la herramienta utilizada para serrar los barrotes de su celda.

A pesar de que los testimonios de otros presos y funcionarios de prisiones se contradecían con la versión aportada por el interno que fracasó en el intento de fuga junto al Piojo y su hermano, el expediente administrativo fue enviado a los juzgados de Valdemoro, que abrieron diligencias contra el funcionario ahora exonerado llegándole a imputar por la fuga de los hermanos Moñiz y posteriormente por un delito contra la salud pública. Ninguno de los interrogados ratificó las acusaciones de Iniesta que apuntaban a la relación entre el Piojo y su hermano con el funcionario, que siempre negó los hechos.

En un interrogatorio posterior, el interno Adrián Iniesta cambió su declaración inicial. En primer lugar intentó incriminar a otros tres funcionarios de prisiones en la fuga y, además, relató nuevos elementos acusatorios contra el primer funcionario acusado. Señalamientos que nunca había mencionado en su primer interrogatorio. Entre otros, llegó a asegurar que el funcionario ahora exculpado y los dos fugados eran «amigos», que les permitía apostar al póker con tabaco y que «les pasaba de todo» dentro de la prisión. «Dos o tres días antes de la fuga (Miguel Ángel Muñiz Alcaide) me enseñó dos móviles y me dijo que acaba de entregárselos ese funcionario. También sé que en nochevieja les traía cerveza con alcohol», añadía el preso. Y si en su primera declaración dijo desconocer si el funcionario recibía pagos de los fugados, en el segundo interrogatorio Iniesta afirmó que «el Piojo comentaba que le habían hecho pagos de 3.000 y 6.000 euros y más concretamente para el pago de una parcela que tiene en un pueblo de Ávila o por esa zona».

Carpetazo a los dos los delitos imputados

Después de varios meses de investigación y tras tomarle declaración, el juzgado de Instrucción número 7 de Valdemoro decidió archivar de la causa contra el funcionario acusado por Instituciones Penitenciarias y la dirección del centro penitenciario. «Las diligencias practicadas no permiten considerar la participación de don J.A.R.P en los hechos que aquí se investigan», indicó el juez instructor en un auto fechado el pasado 21 de noviembre al que ha tenido acceso este diario.

Tras investigar varios «ingresos sin tarjeta» en una cuenta que el investigado tenía en el Banco Santander, el juzgado concluyó que «no existe dato objetivo alguno que permita apreciar indicios de que esas cantidades le fueron abonadas como pago por su colaboración en la evasión de los hermanos Muñiz Alcaide». «Y en cuanto al testimonio de otros internos que se recoge en la documentación remitida por la Dirección del Centro Penitenciario, no aportan más que juicios de valor sobre la relación entre el investigado y los evadidos», concluye el juez.

A pesar de quedar exonerado por la fuga del Piojo y su hermano, el funcionario acusado ha seguido suspendido de empleo y sueldo por parte de Instituciones Penitenciarias -organismo dependiente del Ministerio del Interior- y ha tenido que enfrentar otro proceso penal por la presunta introducción sustancias prohibidas y teléfonos móviles en la prisión. Un caso por el que se le acusaba de un delito contra la salud pública y del que también ha sido absuelto.

Tanto la Fiscalía como el Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro consideran que, tras más de un año de investigación, «no ha quedado acreditado el delito investigado», según un auto del juzgado fechado este 22 de marzo de 2022. En el escrito, el juez ordena además a Instituciones Penitenciarias la suspensión de todas las medidas cautelares impuestas durante el proceso al investigado, entre ellas la suspensión de empleo y sueldo y la obligación de acudir a firmar cada lunes al juzgado.