Hay expresiones que marcan un país. La frase «Pa’ la saca» es desde esta semana una de ellas. Estos días se ha conocido el sumario de la investigación con los correos que se enviaron el «empresario» Alberto Luceño y su socio Luis Medina tras el pelotazo con las mascarillas y otro material sanitario vendido al ayuntamiento de Madrid durante los peores días de la pandemia del COVID.
En uno de los correos, concretamente en el que envío Luceño a Medina el 30 de marzo de 2020, una vez consumada ya la presunta estafa, le dice: «Pa’ la saca». Un 30 de marzo. Estamos hablando de los días más duros de la pandemia por covid. Un país confinado, miles de muertos en residencias y hospitales de todo el país. Miles de médicos y demás personal sanitario trabajando sin descanso en precarias condiciones, dando muestras de un heroísmo y profesionalidad en el que algunos dieron incluso la vida. No había material sanitario suficiente para la demanda mundial y gobierno, comunidades, ayuntamientos, empresas estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera por conseguir ese material cuanto antes.
Tras ese «dispuestos a lo que fuera» aparecieron desde movimientos solidarios con las mejores intenciones a empresas e individuos de todo tipo de pelaje y sin ninguna ética. Empresarios como estos dos socios que se aprovecharon de la extrema necesidad que se tenía de ese material y parece que también de la posible ingenuidad de la funcionaria de turno que no se planteó ni el precio, ni si había comisiones. Luceño y Medina eran unos socios que incluso se engañaron entre ellos a la hora del reparto de las comisiones. Y unas comisiones tan obscenas e inmorales que ambos, en cuanto tuvieron el dinero, con una premura que les delata, se lo gastaron en todo tipo de productos de lujo: pisos, barcos, cochazos o bonos del estado.
La justicia determinará el futuro de estos dos elementos que fuera de toda autocritica ética, siguen considerando que no han hecho nada malo. De momento, la justicia les ha embargado todo lo que compraron. Pero falta mucho dinero y no está tan claro que se pueda recuperar todo lo que se llevaron a «la saca».
La pregunta ahora es ¿cuántas «sacas» faltan todavía por aparecer por toda España? Algunas se intuyen ya por actuaciones judiciales, otras están en plena investigación, pero no son públicas todavía. Algunas se acabarán descubriendo, pero muchas puede que nunca se conozcan y esas sacas quedarán llenas e impunes con dinero público.
El año 2020 está lleno de sacas por descubrir. Se habla de contratos que generan dudas realizados desde los ministerios de Illa y de Ábalos en las primeras semanas. Se investigan también contratos de la Generalitat de Cataluña y de Valencia o de la Comunidad de Madrid. Y mucho me temo que no son los únicos. El Tribunal de Cuentas y las fiscalías anticorrupción tienen trabajo. Mucho trabajo. Pedía el alcalde Almeida que los fiscales investigarán con la misma intensidad todos los casos de «sacas» y no sólo los que han ocurrido bajo una administración del PP. Algo tan obvio hay que pedirlo porque hay muchos casos denunciados y olvidados. Es una obligación moral el tener la misma intensidad en todas las investigaciones, independientemente del color político de la administración.
Más allá del pelotazo que llena la «saca» del amigo o del contacto del político o del funcionario de turno, la cultura del «pa’ la saca» está sumergida en la conciencia de un país que lleva años, muchos años, descubriendo, juzgando y condenando casos de corrupción. Muchos contratos fueron caros, pero legales y de buena fe. Pero no todos y algunos hasta han tenido mucha información sobre lo improcedente y no se han frenado.
«Sacas» hay muchas. «Saca» podría ser, por ejemplo, los 53 millones de euros en ayudas para una línea aérea insignificante con dueños venezolanos amigos del régimen chavista, a pesar de que todos los informes independientes sigan confirmando que la empresa estaba quebrada antes del covid y que no se va a recuperar nada de lo que se les entregue. Por eso no se entiende que fiscalía y abogacía del estado mantengan su intención de mantener esas ayudas o de tirar a la saca de Plus Ultra 53 millones de euros. La justicia decidirá.
Hay una víctima olvidada del covid de aquellos meses y es la Trasparencia. Todo lo que se había avanzado durante años en el control y comunicación de los acuerdos de las administraciones públicas desapareció por el tsunami de la pandemia que fue aprovechado por muchas administraciones para no publicar o incluso cerrar sus webs de trasparencia. El primero en hacerlo fue el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa que dejó de tramitar las solicitudes de información y, sobre todo, dejó de publicar los contratos de compra de material sanitario realizado por el propio departamento de Sanidad.
Es necesario que los organismos judiciales correspondientes, examinen los principales contratos ocultos de aquellos meses. Por el bien de la trasparencia y de la propia justicia. Pero todos, porque además hay muchas formas de rellenar «sacas» ajenas. Subvenciones, desviaciones, gastos en otras partidas, la lista es interminable.Necesitamos recuperar esa luz y taquígrafos en todas las administraciones y en todas las actuaciones donde sea necesario un control del dinero público. Será la mejor forma de ir acabando con la España de «las sacas». De todas las «sacas».
