La Fiscalía indaga el paradero de 326 millones que el Gobierno pagó a empresas sospechosas

Un total de 326,8 millones de euros. Es el importe de los 12 contratos covid y ayudas adjudicadas por el Gobierno de Pedro Sánchez a las siete empresas sobre las que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación. Son las sociedades, algunas de ellas presuntamente vinculadas a varios ministros y exministros del Ejecutivo, a las que el Ministerio Público investiga por las supuestas irregularidades denunciadas en marzo por el Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid.

La formación liderada por Isabel Díaz Ayuso había solicitado abrir diligencias por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en esos contratos adjudicados por el Ejecutivo por traer mascarillas y material sanitario durante la primera ola de la pandemia. Las empresas beneficiarias de esos contratos estarían relacionados, según la denuncia interpuesta por el PP, con el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exministro de Sanidad, Salvador Illa.

La primera de las empresas investigadas es Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L., el proveedor predilecto del exministro de Transportes. Recibió dos contratos adjudicados por el Ministerio que dirigía entonces José Luis Ábalos y otro de Interior. Las tres adjudicaciones sumaron un importe de 40.179.355 euros. Esta empresa, con sede en Zaragoza, pasó de facturar cero euros en 2019 a generar ventas por importe de 53,13 millones de euros en el año 2020.

Los tres contratos del proveedor de Ábalos

Además del exponencial crecimiento de su facturación durante el primer año de la pandemia, Anticorrupción ha aceptado abrir diligencias de investigación contra esta sociedad debido a que «su actividad social no tiene relación directa con el objeto del contrato» y a la «falta de comprobación de solvencia de la adjudicataria». La presidencia del Organismo Público de Puertos del Estado, dependiente de Transportes, adjudicó el primero de los contratos a Soluciones Gestión y Apoyo a la Empresa S.L. El importe total de ese contrato fue de 24,2 millones de euros para el «suministro de mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio del covid-19 en el ámbito del transporte y la movilidad». En el expediente publicado en la Plataforma de la Contratación del Estado no consta el número de mascarillas suministradas por esta sociedad a cambio de esos 24,2 millones de euros.

El segundo de los contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L. lo suscribió el operador ferroviario Adif, también dependiente del Ministerio que dirigía entonces José Luis Ábalos. Por esta adjudicación, la empresa zaragozana se llevó otros 12,5 millones de euros por el suministro de 5 millones de mascarillas FFP2, a razón 2,5 euros cada una de ellas. El tercer contrato suscrito por esta sociedad con sede fiscal en la capital aragonesa no lo adjudicó Transportes, sino la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, por recomendación de Ábalos según aseveró en una respuesta parlamentaria, pagó 3.479.355 de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L por el suministro de 1.065.000 mascarillas FFP2. Es decir, a 3,27€ la unidad, según consta en el expediente de la adjudicación.

En su denuncia, el PP destacaba que el objeto social de esta empresa aragonesa era la oferta de «servicios de desarrollo y asesoramiento técnico» en el sector de la energía y «no tenía vínculo conocido con China que la hiciera apta para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en el mercado chino».

Fiscalía: 263 millones a una empresa vinculada a Illa

La segunda de las sociedades a las que investiga la Fiscalía Anticorrupción es FCS Select Products S.L, una empresa dedicada al marketing de bebidas alcohólicas cuya administradora fue condenada por un delito de estafa en el año 2016 y que se convirtió en el mayor proveedor de productos sanitarios del Gobierno en la primera ola de la pandemia. Se trata de una empresa presuntamente vinculada con el exministro de Sanidad, Salvador Illa. Distintos medios de comunicación señalaron durante el 2020 una supuesta relación de amistad entre el ahora secretario general del PSC con los administradores de esta sociedad. Una presunta amistad, según señalaba el PP en su denuncia, «cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal del señor Illa y de la que fue alcalde». Precisamente el Ministerio de Sanidad fue el organismo que le adjudicó los cuatro contratos ahora investigados.

En el escrito de apertura de diligencias de investigación, Anticorrupción destaca como motivos que el objeto social de FCS Select Products S.L. «no tiene relación directa con el objeto del contrato». Además, señala la «falta de comprobación de solvencia de la adjudicataria», el hecho de que «la administradora de la empresa fue condenada en 2016 por un delito de estafa» y además apunta a que en 2020 alcanzó 263,1 millones de euros por las adjudicaciones que recibió de Sanidad, mientras que en 2018 su cifra de negocio fue inferior al millón de euros.

El primero de los contratos adjudicados por Sanidad a FCS Select Products S.L fue de 12.172.600 euros por el suministro de 20 millones de mascarillas quirúrgicas, 10 millones de guantes de nitrilo y 150.000 gafas de protección. Un contrato firmado por la directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. La segunda de las adjudicaciones a esta sociedad, suscrita el 21 de abril de 2020, es el mayor de todos los contratos que investiga Anticorrupción: 143,9 millones de euros para el suministro de 280 millones de mascarillas de protección respiratoria.

FCS Select Products S.L. se llevaría otros dos contratos de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud. Uno para el suministro de 150 millones de máscaras faciales a cambio de 77,1 millones de euros. Y un último contrato por valor de 29,8 millones de euros por proveer a ese organismo del Ministerio de Sanidad de un total de 58 millones de mascarillas faciales.

Member of the Tribe S.L: guantes con un sobrecoste del 300%

La tercera de las empresas investigadas por Anticorrupción como consecuencia de los contratos adjudicados por el Gobierno durante la primera ola es Member of the Tribe S.L. «Su objeto social es el diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios. No existe correlación alguna con el suministro de productos sanitarios», indica sobre esta sociedad el Ministerio Público en el decreto de apertura de diligencias de investigación. Además de la «falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria y la carencia de justificación de no necesidad», Anticorrupción señala que esta empresa vendió al Gobierno guantes de nitrilo «con un precio excesivo» en comparación a otros proveedores. «El coste se estima entre un 25% y un 300% superior al ofertado por otros proveedores».

Esta apreciación es en referencia al contrato adjudicado por la Dirección General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Este organismo dependiente del Ministerio de Sanidad pagó a Member of the Tribe S.L. un total de 5.564.000 euros por un primer contrato para el suministro de 52 millones de guantes de nitrilo el 22 de mayo de 2020. Antes, había suscrito con esa sociedad otra adjudicación de 3,8 millones de euros para el suministro de 40 millones de guantes de nitrilo que, según la denuncia del PP, no fueron entregadas a pesar de que se adelantaron casi 1,7 millones de euros que la Administración aún no ha recuperado.

«Sanidad adelantó el 30% del primero de los contratos por un importe de 1.669.200 euros. La compañía incumplió el plazo de entrega por lo que se resolvió el contrato. La administración no ha recuperado el dinero adelantado», indica Anticorrupción en el decreto de apertura de diligencias previas.

Batas sanitarias a precio de oro

La cuarta empresa investigada por Anticorrupción a raíz de la denuncia presentada por el PP de Ayuso es Weihai Textile Group Import & Export. También en este caso se investiga la falta de comprobación de la correlación entre el objeto social de la empresa y el suministro sanitario, así como la ausencia de comprobación de la solvencia de la adjudicataria. Sin embargo, también se investiga un posible «precio de adjudicación excesivo».

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) adjudicó a esta compañía de origen chino un contrato de 10.192.605 euros por el «suministro de 500.000 batas desechables». Como indica Anticorrupción en su decreto de apertura de diligencias de investigación, el Ingesa compró esas batas a un precio por unidad de 16,7 euros «frente a otros proveedores cuyas ofertas rondaban los 0,3263 euros y 0,2783 euros. El entonces director general del Ingesa, Alfonso Jiménez, es uno de los tres imputados por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid en el llamado caso Travis.

Un fabricante de yeso para traer respiradores

La quinta empresa investigada es Hyperin Grupo Empresarial, «cuyo objeto social es la fabricación de yesos para la construcción». Según la denuncia que investiga Anticorrupción, la Secretaría de Estado de Sanidad no solo le adjudicó a esta compañía un contrato de 3.310.556 millones de euros por traer a España 144 respiradores de ventilación mecánica modelo Breas-Vivo. Sanidad le adelantó el importe íntegro de esa adjudicación. Sin embargo, «la compañía incumplió el contrato y está pendiente de reintegrar 1.801.481 euros» a las arcas públicas.

Las empresas vinculadas a familiares de Sánchez y Calviño

Las otras dos empresas contra las que Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación están presuntamente vinculadas con los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Se trata de las sociedades Industrias Plásticas Playbol, S.L. y de Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A. En ambos casos, no se las investiga por la concesión de contratos covid-19 para el suministro de material sanitario durante la primera ola de la pandemia sino por la posible recepción fraudulenta de ayudas públicas.

En su denuncia el PP apuntaba a las 14 ayudas recibidas en concepto de avales por valor de 64.959 euros por la empresa Industrias Plásticas Playbol S.L. «en relación con la existencia de posibles casos que pudieran calificarse como de tráfico de influencias». Esa empresa, que gestiona una fábrica de envases y embalajes de plástico en un polígono industrial de Algete (Madrid) estaría vinculada a la sociedad Playbol S.L., fundada por los padres de Pedro Sánchez en 1977. Los progenitores del presidente del Gobierno siguen siendo los administradores y apoderados de esa sociedad, «que sigue siendo propietaria de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial» de Industrias Plásticas Playbol S.L. Por el alquiler de esas naves industriales, la sociedad de la que son administradores los padres de Pedro Sánchez perciben anualmente 156.000 euros.

La última de las empresas investigadas es Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A., actualmente denominada Beedigital. En esta empresa trabaja como director de Marketing el marido de Nadia Calviño. Según recoge Anticorrupción en el decreto de apertura de diligencias de investigación, fue receptora en 2019 de un contrato de 532.400 euros «a pesar de que tenía deudas con el estado por un importe de 1,6 millones de euros». «Cuando se prorrogó el contrato en 2020, la deuda con el Estado ascendía a 884.000 euros», añade el Ministerio Público.

El PP de Madrid denuncia que la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A., tal y como figura en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, fue beneficiaria de dos avales correspondientes a los establecidos en el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, autorizados el 20 y 24 de abril del 2020, por importe de 525.000 y 350.000 euros respectivamente.