Anticorrupción habría interrogado al hermano de Ayuso por el contrato para distribuir material sanitario

Según EL MUNDO, Tomás Díaz Ayuso defendió «su labor real de intermediación» y aseguró que la presidenta madrileña no tenía conocimiento de la gestión

Continúan las investigaciones sobre el caso del contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso, un acuerdo con el que se distribuyó material sanitario para el Gobierno regional de Madrid, y a través del cual el hermano de la presidenta madrileña habría cobrado una comisión de 55.000 euros. 

Según la última información que se conoce sobre este caso y que ha sido publicada por el diario EL MUNDO, la Fiscalía Anticorrupción habría interrogado a Tomás Díaz Ayuso por este contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid, del que se benefició supuestamente tras comprar en China material sanitario de protección frente al coronavirus.

Según EL MUNDO, Alejandro Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción e instructor de las diligencias de investigación, preguntó a Tomás Díaz Ayuso por la licitación, que ascendió a 1,5 millones de euros y en la que resultó adjudicataria la empresa Priviet Sportive, S.L., un negocio propiedad del empresario Daniel Alcázar, quien también ha comparecido en Anticorrupción y ante la Fiscalía Europea. 

Daniel Alcázar ha defendido en sus declaraciones ante ambos organismos que ese contrato es legal y que Tomás Díaz Ayuso recibió de su entidad al menos 55.850 euros más IVA por las gestiones que había llevado a cabo para la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2, como también de FFP3, ambas de China.

Según han podido saber desde EL MUNDO, fuentes conocedoras de la comparecencia del hermano de Ayuso sostienen que las declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción por parte de Tomás tuvieron lugar el pasado miércoles 6 de abril, donde defendió «su labor real de intermediación», aseguran las fuentes. 

Además, este también negó que Ayuso tuviera conocimiento del contrato o sobre sus gestiones comerciales con la empresa de Daniel Alcázar, Priviet Sportive. 

Anticorrupción abrió el pasado 22 de febrero diligencias para dilucidar si había indicios de delito en el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de material sanitario al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de Isabel Díaz Ayuso y por el que este cobró 55.000 euros.