Gobierno y ERC pactan remarcar en la ley que solo se harán escuchas con orden judicial
Es una enmienda introducida en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, aprobada en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso
Un teléfono fijo. | Europa Press
El PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que forman parte del Gobierno de Pedro Sánchez, han pactado una enmienda con Esquerra Republicana en el Congreso para remarcar en la ley que las operadoras de telefonía sólo podrán intervenir comunicaciones cuando haya control judicial, tanto si lo pide la Policía o como si es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Se trata de una enmienda introducida en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que se ha aprobado en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso este martes, coincidiendo con la polémica por las supuestas escuchas a políticos independentistas.
El proyecto de ley que el Gobierno envió a las Cortes ya incluía que las operadoras de telecomunicaciones «están obligados a realizar interceptaciones que se autoricen» de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la ley del CNI y en otras normas con rango orgánico.
Pero el Gobierno y ERC han acordado limitar más esas interceptaciones y, a través de una enmienda recogida por Europa Press, han querido dejar claro en la nueva Ley de Telecomunicaciones que las operadoras sólo estarán obligadas a aceptar intervenciones telefónicas que se autoricen «judicialmente», para así reforzar aún más el secreto de las comunicaciones.
Así, la futura Ley General de Telecomunicaciones que tramita el Congreso reconocerá el derecho de una persona a no recibir llamadas comerciales no deseadas, limitándolas a aquellas personas que hayan dado su consentimiento previo.
Concretamente, la enmienda aprobada, a la que ha tenido acceso Europa Press, reconoce el derecho de un usuario de telecomunicaciones «a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales».
Entrada en vigor en un año
La propuesta da la vuelta al régimen de protección frente a estas llamadas, ya que en el proyecto de ley remitido por el Gobierno se reconocía el derecho a oponerse a este tipo de llamadas y a ser informado de este derecho.
Un reconocimiento articulado a través de la llamada ‘Lista Robinson’, en la cual una persona puede darse de alta para evitar publicidad de empresas a las que no se haya dado consentimiento. Sin embargo, este reconocimiento legal permitirá evitar estas llamadas, sin necesidad de que una persona tenga que darse de alta en ninguna lista.
Eso sí, el Congreso da un plazo de entrada en vigor de esta medida de un año a partir de la publicación de la nueva ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), reconociendo hasta entonces la posibilidad de ejercitar el derecho a oponerse a recibir llamadas comerciales no deseadas y a ser informado de este derecho.
