La Audiencia ordena imputar a Colau por prevaricación y coacciones para forzar el alquiler social

La primera edil barcelonesa pudo utilizar un «mecanismo intimidatorio» contra un fondo de inversión, amenazando con no concederle licencias de obras

La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, por los delitos de coacciones y prevaricación al presionar supuestamente a un fondo de inversión para que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo la «amenaza» de no concederle licencias de obras.

En un auto, adelantado por Metrópoli Abierta-Crónica Global, la sección octava de la Audiencia de Barcelona, en contra del criterio de la Fiscalía, ordena investigar la querella que el fondo inversor Vauras Investments S.L. presentó contra Colau (BComú), los concejales Marc Serra y Lucía Martín y una técnica del área de vivienda y que el juez instructor había rechazado al no apreciar ninguna infracción penal.

La Audiencia revoca parcialmente la decisión del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona y acuerda la admisión a trámite de la querella presentada por Vauras, aunque solo por los delitos de prevaricación y coacciones, pero no por los de tráfico de influencias, cohecho, usurpación de atribuciones y negociaciones prohibidas a funcionarios que también planteaba el fondo inversor, a quien el Consistorio califica de «fondo buitre».

En opinión de la sala, de ser ciertos los hechos que relata la querellante, podría ser delictiva «la conducta consistente en compeler ilegítimamente» al fondo inversor para forzarle a ceder inmuebles para alquiler social, utilizando para ello como «mecanismo intimidatorio» la amenaza de no concederle licencias de obras o no desbloquear las que ya tenía paralizadas.

Respecto al delito de prevaricación, la Audiencia considera que se tiene que investigar si es cierto, como sostiene la querella, que el Ayuntamiento incurrió en prácticas «supuestamente arbitrarias» para, de forma «ilegal», paralizar obras ya empezadas en algunas de las propiedades de fondo inversor, al amparo de licencias parciales, exigiendo el permiso de rehabilitación integral.

Cabe recordar que la alcaldesa de Barcelona ya fue citada a declarar ante el juez en calidad de investigada el pasado 4 de marzo por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones, a raíz de una querella presentada por una asociación por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Fuente: EFE.