Sánchez salvará 'in extremis' el decreto 'antiguerra' gracias al Grupo Mixto y sin ERC
Fuentes gubernamentales apuntan a la abstención de ERC que éstos no confirman. PP y Cs, en contra
Es, sin duda, el momento más crítico de la legislatura. Tanto el socio minoritario de la coalición, Podemos, como los aliados del Ejecutivo, pronosticaban hace pocas horas que el Gobierno se precipitaba al abismo tras decantarse ERC por el voto en contra al decreto de la guerra. El propio Ejecutivo hacía el mismo pronóstico en la mañana del miércoles: «ERC nos va a dejar tirados como con la reforma laboral». Pero en las últimas horas Pedro Sánchez ha vuelto a lograr un giro de guión y sacará adelante el paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra gracias al voto a favor de PNV y PDeCat y algunas formaciones del Grupo Mixto pero sin ERC, según avanzan fuentes gubernamentales y parlamentarias a THE OBJECTIVE.
Fuentes de Moncloa garantizan a este periódico que cuenta «con los votos necesarios gracias a las abstenciones» pero no confirman si será gracias a la abstención de ERC, tras la ruptura de relaciones anunciada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y su petición de dimisión de la ministra, Margarita Robles. Los republicanos convocaron una reunión para fijar el sentido de su voto que terminó en la noche del miércoles, aunque fuentes de la formación avanzan que no lo comunicarán hasta la mañana de este jueves.
Sólo tres votos de margen
Fuentes parlamentarias aseguran a THE OBJECTIVE que «ERC votará en contra» y que el PSOE salvará el decreto «por la mínima» y gracias a algunos miembros del Grupo Mixto. Tras una ronda de negociaciones in extremis del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el Gobierno ha conseguido amarrar fijos 168 votos de PSOE (120), Podemos (33), PNV (6) PDeCat (4), Más País (2), Compromís (1), Teruel Existe (1) y PRC (1). Y confían en que tiene margen de cerrar otros tres votos de CC, Nueva Canarias y BNG, con lo cual ascenderían a 173 los apoyos. En frente, en el bloque del ‘no’, 162 de PP (88), Vox (52), Ciudadanos (9) y ERC (13) a los que se sumarían los 4 parlamentarios de JxCat y los 2 de La CUP. Es decir, 168. Es decir, Sánchez aprobaría su decreto ley con sólo tres votos de margen, el resultado más ajustado que ha cosechado el Gobierno tras la votación de la reforma laboral.
Una votación ajustadísima que ya auguró el portavoz republicano, Gabriel Rufián, en su interpelación al presidente Sánchez en la sesión de control: «búsquense otro Casero». El Gobierno ha conseguido arañar este pírrico margen de victoria gracias a haber aceptado tramitar el decreto como proyecto de Ley a ultima hora de la tarde. Una «milonga» para PP, Vox y Ciudadanos, que se inclinan por votar en contra, pero que ha servido para rapiñar el colchón en el Grupo Mixto.
Tras unos «días largos y difíciles», el Gobierno desprende un alivio relativo por no perder la votación aunque son conscientes de la votación crucial de este jueves en la que no se pueden cometer errores. También son conscientes de que aún quedan muchos sobre esfuerzos que hacer en los próximos días para encauzar las relaciones con ERC. La previsible derrota obligó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a posponer su viaje oficial a Polonia y Moldavia para garantizar el éxito parlamentario y no se descarta que haya que hacer otros «sacrificios».
«Sánchez manda la legislatura a la UCI»
Ante la negociación de última hora con el PP, tanto Podemos como los miembros de la alianza Frankenstein pronosticaron que «Sánchez va a mandar la legislatura a la UCI», que «la coalición y el bloque de investidura quedará muy tocada» y que «no podremos descartar ningún escenario, ni siquiera el de adelanto electoral porque aquí no se va a aprobar ni un cuarto de decreto ley».
Moncloa acusó recibo y prometió sin éxito acciones para conseguir una moratoria por parte de ERC, a la espera de comprobar si realmente hay explicaciones y, en su caso, dimisiones por el espionaje a los líderes independentistas a través del programa israelí Pegasus. A lo largo de las últimas horas, las acusaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la negativa de Félix Bolaños, a constituir una comisión de investigación que «no serviría para nada porque los comparecientes no podrán responder a las preguntas» no han suavizado posiciones.
La semana que viene, los Secretos Oficiales
Pero en privado, miembros del Ejecutivo ya admiten que la comparecencia de la directora del CNI, Paz Esteban, en la comisión de Secretos Oficiales que se constituirá este jueves «en tiempo récord» tras forzar un cambio en las mayorías exigidas a través de una resolución de la presidenta, Meritxell Batet, es sólo el primer paso. «Primero habrá que ver si la directora del CNI da explicaciones convincentes, si lo sabía o no, y en su caso, tomaremos otras decisiones», explican fuentes gubernamentales a este periódico sin descartar ningún escenario, tampoco el de una comisión de investigación.
«Si está en juego la estabilidad, incluso la permanencia, de Pedro Sánchez, todo es posible», admiten -ahora sí- conscientes del riesgo y la magnitud de la amenaza. «Lo iremos viendo», y así se lo han transmitido en privado a ERC aunque los republicanos insistan en que el PSOE «sigue instalado en el chantaje» y que los contactos entre Rufián y Bolaños «no fueron bien».
Según fuentes del Gobierno a THE OBJECTIVE, «la comisión de secretos podrá reunirse ya la semana que viene y tendremos las primeras conclusiones». Según la ministra de Defensa, Margarita Robles, afín a Paz Esteban, «puede haber sorpresas» por el tenor de sus revelaciones en tanto en cuanto pueda implicar a otros al margen del Gobierno. Este miércoles Robles deslizó que la Generalitat habría sido cómplice de un supuesto hackeo a los móviles de varios ministros en connivencia con la Rusia de Putin.
Desde ERC respondieron en privado: «Mejor que no vaya por ahí». Moncloa replicó también en privado: «Tenemos derecho a defendernos. Tiene que haber unos límites». Así las cosas, Pedro Sánchez consigue ganar tiempo pero algunos creen que «la legislatura está muerta» a un año y medio de las elecciones, según la hoja de ruta que quiere cumplir el presidente.
