La Fiscalía pide confirmar las condenas de los ERE: «Son patentes las ilegalidades»
Subraya que «ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron los requisitos» para recibir las ayudas
El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán en una imagen de archivo. | Europa Press
La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que confirme las condenas impuestas a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, al ratificar las irregularidades cometidas en el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales que recoge la sentencia del denominado ‘caso ERE‘ porque queda probado que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control». Ha asegurado que «son patentes las ilegalidades» cometidas y ha insistido en que «todos eludieron sus responsabilidades» y «eran conscientes de que la partida no era adecuada».
Así se ha pronunciado el fiscal Fernando Prieto ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que ha celebrado este jueves la segunda sesión de la vista pública de los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE que dictó la Audiencia Provincial de Sevilla, por la que se condenó a exaltos cargos de la Junta de Andalucía por delitos de prevaricación y malversación.
El fiscal, que ha empezado su exposición a las 9.30 horas después de que ayer las defensas pidieran al tribunal modificar la sentencia y absolver a los condenados, ha explicado que en el año 2000 se produjo un cambio en la presupuestación que, a su juicio, «no tiene ningún tipo de justificación».
«No hay ningún tipo de norma que admita la utilización de la partida de financiación para el pago de subvenciones. Está expresamente prohibido», ha dicho para luego subrayar que en 2010 se volvió al sistema anterior. Para el fiscal, la «única explicación» es que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control».
Además, Prieto ha defendido que «la Consejería de Empleo contaba con crédito suficiente para abonar las ayudas», por lo que considera que «no era necesaria una modificación presupuestaria».
Las ayudas no cumplieron con los requisitos
Al hilo, el Ministerio Público ha asegurado que las ayudas concedidas no cumplieron con los requisitos previstos: ni relación de beneficiarios ni justificación de la finalidad pública ni acreditación de cumplimiento de dichas finalidades.
«Ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron ni uno solo de los requisitos. No existió ni siquiera procedimiento ni expediente», ha insistido.
Así, el fiscal ha recordado que los técnicos de la Junta de Andalucía examinaron los expedientes. «Todos ellos dicen que era un caos, que no había documentación, que no se había regulado nada», ha señalado.
En este sentido, ha puntualizado que en el periodo que abarca la causa «el número total de expedientes de ERE ascendió a 5.883» y que al no haber «ningún tipo de base reguladora ni de publicidad» era «inviable que cualquier peticionario pudiera acceder».
«Todos eran conscientes»
El fiscal ha reprochado que se decidiera cuantificar las ayudas no por su importe sino por la cuantía que recibía cada trabajador, «a pesar de que la beneficiada era la empresa». «Fue conocido por el Consejo Rector y nada se hizo al respecto», ha dicho tras insistir en que «había un desfase presupuestario».
En el marco de su exposición, ha precisado que –al ser concedidas las ayudas por la Consejería de Empleo sin fiscalización alguna y al pasar por el Consejo Rector– «todos ellos eran absolutamente conscientes de lo que estaba sucediendo». A su juicio, «eran conscientes de que la partida no era adecuada».
Además, ha subrayado que –desde 2001 y hasta 2009– se les advirtió al Consejero de Empleo y al de Hacienda que el IFA no podía funcionar como entidad proveedora y ellos hicieron «caso omiso de todos los informes». Así las cosas, el fiscal ha elevado el tono: «Todos eluden su responsabilidad. ¿Alguien cree que esto es posible? ¿Qué mensaje trasladamos al ciudadano?».
Al hilo, ha insistido en que «no es posible» que esto sucediera durante 10 años y los acusados no tuvieran conocimiento de ello. «Necesariamente tenían que saber. Necesariamente eran conscientes de que se estaba presupuestando mal», ha dicho.
«Cortina de humo» de las defensas
Prieto se ha extendido en su intervención al considerar que «necesariamente» debía indicar «cuál es la prueba que acredita la participación de cada uno de los condenados», porque, según ha subrayado, «ayer los abogados de las defensas plantearon que no había prueba alguna».
Así las cosas, ha incidido en que los letrados «se olvidaron de los numerosos elementos de prueba que expone el tribunal en la sentencia, que hay que valorar en su conjunto».
Tras un receso de 15 minutos, el fiscal Rafael Escobar ha retomado la palabra en nombre del Ministerio Público para defender la sentencia de la Audiencia de Sevilla y responder directamente a las alegaciones que presentaron ayer parte de las defensas, que ha calificado de «cortina de humo».
En este sentido, ha desestimado el argumento del letrado de Chaves, quien defendió que los acuerdos que firmó en el Consejo de Gobierno eran «actos políticos» y no administrativos y que por ende no era aplicable el delito de prevaricación. Escobar ha sido tajante: «Nada de esto es asumible. No son actuaciones políticas».
Así, ha recordado que «el primer pilar del Estado de Derecho es el sometimiento de los poderes públicos» y ha insistido en que aunque la concesión de subvenciones «puede ser una decisión política», es un «elemento reglado sometido al control jurisdiccional».
«Todo el sistema era predicador»
Al hilo de su intervención, ha ratificado que «todo el sistema era prevaricador» y que «el elemento de ilegalidad está perfectamente descrito en la sentencia» que ahora impugnan los condenados. Según ha subrayado, «cada uno de ellos colabora para la consecución del fin conjunto».
Para desestimar el argumento de Griñán –que alegó que cuando llegó a la Junta el sistema ya se había creado–, el fiscal ha hecho referencia a la sentencia de las tarjetas black para recordar que incluso aunque no se contribuyera a la formación del sistema, se sumó a la conducta delictiva en los años posteriores.
Ante el razonamiento de las defensas de que no hay malversación porque no se especifica a dónde fueron a parar los fondos, Escobar ha subrayado que «se desviaron a quien no debía recibirlos». «Eran empresas y trabajadores elegidos por los recurrentes», ha dicho para luego añadir que «numerosos» trabajadores se vieron privados de acceder a las ayudas, entre otras razones, porque no se publicitaron, y que empresas y personas que no cumplían con los requisitos fueron beneficiados.
Respecto a la tesis de que no fueron advertidos, el fiscal ha asegurado que no había nada que advertir. «Saltaba a la vista. Es imposible que pasara desapercibido», ha señalado. Y ha recordado que varios de los acusados, incluido Griñán, recibieron informes y aún así «posibilitaron y permitieron que se siguiera reproduciendo el mecanismo descrito».
«Fondo de reptiles»
En el marco de la sesión de este jueves también ha intervenido el letrado Luis García Navarro, quien ha representado a la acusación que ejerce el PP en el procedimiento. En su turno de palabra, ha intentado «combatir» el «mantra» de las defensas y ha insistido en que «se creó un fondo de reptiles con el concurso de todos los condenados» y que es «evidente» que se falsificaron los presupuestos.
El letrado ha cerrado la vista pública -que ha durado tres horas– después de que el presidente del tribunal, el magistrado Juan Ramón Berdugo, le interrumpiera para puntualizar que, «dado que en su escrito se limitó a adherirse a lo que dijo el Ministerio Fiscal», debía terminar.
