Margarita Robles: una ministra sin pelos en la lengua
«Es pasto de la ira de los dirigentes de Cataluña, que le acusan de hablar con el lenguaje de la derecha. Ella sostiene que no tiene cabida en la Constitución el derecho de autodeterminación ni tampoco una consulta popular»
La ministra de Defensa, Margarita Robles. | Marta Fernández (Europa Press)
Es quien recibe los mayores palos de Unidas Podemos, el socio menor del gobierno de coalición. Está en la cuerda floja a raíz del escándalo del espionaje de independentistas catalanes, pero si Pedro Sánchez la deja caer la crisis precipitará en unas elecciones anticipadas que el PSOE no quiere. Margarita Robles (León, 1956), jurista brillante sin afiliación al PSOE y ministra de Defensa desde 2018, pasa por ser uno de los miembros mejor valorados del actual Ejecutivo junto a la vicepresidenta y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz. Una encuesta reciente afirmaba que el 62,1% de los españoles aprueban su gestión, bastante más que la del actual premier.
Robles, espiada al igual que Sánchez el año pasado según ha reconocido Moncloa, se está partiendo el pecho en favor de Paz Esteban, directora del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), de la que los partidos nacionalistas catalanes y vascos y también Unidas Podemos piden la cabeza. Esteban, cuarenta años como funcionaria del órgano del espionaje español, ha admitido esta semana en la reunión a puerta cerrada -un eufemismo pues casi todo ha trascendido antes, durante y después- de la comisión parlamentaria de secretos oficiales, que el CNI espió a casi una veintena de políticos y activistas separatistas de Cataluña pero con autorización judicial como exige la ley, entre ellos su actual presidente, Pere Aragonés, que en aquel entonces era vicepresidente y brazo derecho del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. De nada ha servido la reunión pues catalanes y vascos han gritado «¡vergüenza!» y consideran que el espionaje es un atropello contra la democracia. Y que ha llegado el momento de que se asuman responsabilidades políticas. Es decir: destituciones inmediatas. Aragonés califica la situación de gravísima y exige saber en qué momento exacto y por qué fue espiado.
«¿Qué tiene que hacer un Estado o un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia o cuando alguien corta la vía pública?», ha preguntado Robles en el Congreso de los Diputados. Sus palabras despertaron una polvareda de críticas durísimas de la oposición de izquierda y cierta incomodidad en las filas socialistas al admitir la ministra una operación de espionaje y respaldarla. Sánchez se ha puesto de perfil en esta enésima crisis. El anuncio del Gobierno a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de que al primer ministro y a la titular de Defensa les infectaron sus móviles agentes externos (¿Marruecos, quizá?) ha dado pie a sospechas de que con ello Moncloa pretende extender una cortina de humo para desviar la atención sobre el espionaje de medio centenar de políticos y activistas catalanes a través de Pegasus, ese programa de ciberespionaje elaborado por una empresa israelí y que en principio sólo se vende a gobiernos para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
Respecto al volumen de espiados parece que no hay acuerdo. Fue un órgano especializado de la universidad de Toronto quien habló en un informe de una sesentena de personas, entre las cuales están los cuatro presidentes últimos de la Generalitat. La investigación, elaborada por un nacionalista catalán y cuyo contenido algunos tildan de sesgado, llegó a la revista norteamericana The New Yorker, que es la que la publicó para trascender luego con gran ruido en Cataluña y en el resto de España. En ese documento se indica que las víctimas fueron espiadas entre 2018 y 2020, después de conocerse en 2019 la sentencia del Tribunal Supremo a los condenados por el Procés, más tarde indultados por Sánchez, lo que provocó serias algaradas callejeras en Barcelona principalmente alentadas por Tsunami Democratic, un movimiento extremista del independentismo.
Y es eso lo que precisamente ha salpicado gravemente a la coalición de gobierno. EL CNI ha quedado muy tocado e incluso se le acusa por parte del nacionalismo catalán de espiar sin previa autorización judicial. La inepcia de Moncloa en la gestión del asunto es mayúscula. Incluso la propia ministra Robles queda muy mal parada, sobre todo por haber sido ella y Sánchez objetos de espionaje y trascender todo un año después. Un espionaje que, además, se ha publicitado con luz y taquígrafos, lo cual cuestiona la competencia y el secretismo de los servicios de inteligencia españoles. En otros países europeos, cuyos líderes también han sido víctimas de espionaje, el asunto no ha trascendido abiertamente a diferencia de España.
Margarita Robles es una política de suaves modales aunque con un timbre de voz algo molesto, pero clara a la hora de expresar sus ideas. Hasta la fecha ha sido una fiel soldado de Sánchez. Se mostró desde el primer momento muy crítica con el independentismo catalán y la aventura del Procés y bastante escéptica sobre el contenido y alcance de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y la Generalitat pero sin censurarla. Es pasto de la ira de los dirigentes de Cataluña, que le acusan de hablar con el lenguaje de la derecha. Ella sostiene que no tiene cabida en la Constitución el derecho de autodeterminación ni tampoco una consulta popular.
Nadie pensaba que fuera a ocupar la cartera de Defensa cuando Sánchez llegó por primera vez al poder tras la moción de censura contra Rajoy en junio de 2018. Su nombre se barajaba para ocupar la cartera de Justicia debido a su amplia experiencia en la judicatura. Gran parte de su carrera judicial la hizo en Cataluña. Ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Fue la primera mujer en presidir una Audiencia Provincial; la de Barcelona, donde cursó sus estudios de Derecho. Con apenas 25 años ingresó en la carrera judicial siendo número uno de su promoción. Robles ha alternado etapas en la política y en la magistratura. En la última etapa de Felipe González su colega Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia e Interior, la convenció para ser secretaria de Estado de Interior ocupándose de asuntos de terrorismo. No le tiembla el pulso a la hora de la denuncia. Fue ella la que impulsó la investigación del secuestro y asesinato de las etarras Lasa y Zabala, además de poner fin a la guerra sucia del GAL.
Y tampoco tiembla cuando se trata de castigar una infracción dentro de su ámbito. Al teniente general Miguel Ángel Villaroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, lo destituyó en enero del año pasado cuando trascendió que se había vacunado contra el covid-19 antes de plazo. Es verdad que luego le recompensó con un cargo diplomático en Washington en la embajada española ante la OEA (Organización de Estados Americanos). Durante el confinamiento por la pandemia fue una de las figuras más relevantes del Gobierno. Defendió el papel del Ejército en la lucha para erradicar el virus. La UME (Unidad Militar de Emergencia) tuvo un papel destacado en la desinfección de las residencias de mayores.
En las Fuerzas Armadas tiene buena imagen, sobre todo después de que en 2021 lograra una subida salarial reclamada por la milicia desde hacía casi dos décadas. Con ella al frente de Defensa va a incrementarse notablemente el presupuesto militar a raíz de la ocupación rusa de Ucrania. La ministra ha tenido varios encontronazos al respecto con los ministros de Unidas Podemos. Al principio los tenía con el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Con ironía afirmó más de una vez que ella no disponía de tanto tiempo como Iglesias para opinar de lo divino y humano. A UP critica su falta de sentido de Estado y responsabilidad política. Ucrania se ha convertido en el blanco predilecto del podemismo contra Robles. Su secretaria general y ministra de Igualdad, Ione Belarra, ha criticado la decisión del Gobierno de Sánchez de enviar armamento a Ucrania. Belarra ha sido durísima con la política armamentística de Sánchez y dice que la guerra sólo se gana con el diálogo. «Ojalá que la señora Belarra pueda convencer a Putin para parar la masacre» ha manifestado Robles con sarcasmo.
Resulta improbable que Sánchez entregue la cabeza de Robles para satisfacer a los nacionalistas y en cierta medida a los podemitas a poco más de un mes de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid el 29 y 30 de junio. Pero sí puede que finalmente ceda a las presiones y fuerce la dimisión de la directora general del CNI. ¿Qué hará entonces la ministra? Siga o no en el Gobierno, Margarita Robles debe de sentirse muy frustrada con la gestión de su jefe así como del amateurismo retórico que a diario exhibe el socio minoritario, Unidas Podemos. A medio plazo es verosímil apostar por su regreso a la judicatura.
