El juez del 'caso mascarillas' rechaza imputar al primo de Almeida: declarará solo como testigo

El juez del ‘caso mascarillas’ ha rechazado citar como investigado a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al considerar que no consta que «presionase en modo alguno» a la alto cargo que gestionaba la compra de material sanitario para que favoreciera a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, según consta en un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

El magistrado Adolfo Carretero, no obstante, ha citado a declarar como testigo al primo del alcalde, el próximo jueves 12 de mayo. Pero no lo hará como imputado, tal y como habían solicitado Podemos. El partido morado, que actúa como acusación particular en el procedimiento, pedía que se investigara a Carlos Martínez-Almeida por un presunto delito de tráfico de influencias. Una petición a la que se sumó el Grupo Mixto.

Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid rechaza esta petición y se alinea así con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción. El juez considera que el primo de Almeida «se limitó a proporcionar» a Luis Medina «el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del Ayuntamiento», Elena Collado, «quien fue la que negoció y firmó en nombre de la Funeraria Municipal (y por tanto del Ayuntamiento de Madrid), los mencionados contratos».

«Del mismo modo, tampoco consta que don Carlos Martínez Almeida presionase en modo alguno a la citada señora Collado, ni que le obligase a ésta a llamar al investigado señor Medina porque alegase su condición de primo del alcalde, por lo que debe mantenerse su condición de testigo hasta este momento procesal, siendo conveniente su testimonio para conocer el modo en que los investigados contactaron con la persona encarga de la contratación en el Ayuntamiento de Madrid», añade el magistrado en el auto.

Por tanto, acuerda mantener su condición de testigo «hasta este momento procesal, siendo conveniente su testimonio para conocer el modo en que los investigados contactaron con la persona encargada de la contratación en el Ayuntamiento de Madrid, y si hubo algún trato de favor con los mismos debido a la intervención del familiar del alcalde».

El juez toma declaración a varios testigos este lunes

Por otro lado, el juez interroga este lunes como testigo a la presidenta de la universidad americana CIS, que fue quien dio al imputado Luis Medina el teléfono del primo del alcalde de Madrid, actuando de supuesto «enlace» entre el Consistorio y los comisionistas que lograron los contratos investigados.

Comienza así la segunda tanda de declaraciones en este caso, en el que el titular del juzgado de instrucción 47 de Madrid investiga una supuesta estafa al Ayuntamiento en la compraventa de material sanitario de inferior calidad al prometido al inicio de la pandemia, una operación por la que los dos únicos imputados hasta el momento, los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, se embolsaron 6,6 millones de dólares en comisiones.

Ambos declararon el pasado 25 de abril y negaron haber estafado al Consistorio, al tiempo que resaltaron que, además de cobrar por su labor, quisieron ayudar. El hijo menor de Naty Abascal habría confirmado en su declaración ante el juez que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo del alcalde capitalino.

«Llamé a Carlos y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser el primo del alcalde, imaginé que me podría dar algún contacto en el Ayuntamiento. Me dio un email que creo que era de Elena Collado», señaló. Según su testimonio, el contacto de Carlos Martínez-Almeida, a quien según dijo, no conocía de nada, se lo habría facilitado la presidenta de la universidad CIS, María Díaz de la Cebosa.

Anticorrupción se niega a entregar en informe antiblanqueo

Asimismo, el fiscal anticorrupción ha trasladado al juez Adolfo Carretero su negativa a entregar el informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) que propició la investigación del caso de las mascarillas al no tener valor probatorio y tratarse de un informe confidencial. Así consta en un escrito, adelantado por THE OBJECTIVE el pasado viernes, en el que la Fiscalía se pronuncia tras la petición del magistrado a instancias de una solicitud de la acusación popular en nombre de Más Madrid, que reclamó incorporar el informe al sumario para que el resto de acusaciones lo conocieran.

El fiscal se escuda en el artículo 46 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales que establece que la información y documentación de que disponga el Servicio Ejecutivo de la Comisión y los informes de inteligencia financiera tendrán «carácter confidencial, debiendo guardar reserva sobre los mismos toda autoridad o funcionario que acceda a su contenido».

«En particular, no será en ningún caso objeto de revelación la identidad de los analistas que hayan intervenido en la elaboración de los informes de inteligencia financiera ni la de los empleados, directivos o agentes que hubieran comunicado la existencia de indicios a los órganos de control interno del sujeto obligado», recoge dicho artículo. Agrega que «los informes de inteligencia financiera no tendrán valor probatorio y no podrán ser incorporados directamente a las diligencias judiciales o administrativas».