Docentes 'indepes' piden asesoramiento para hacer objeción de conciencia ante el 25%
Los colectivos de profesores vinculados al independentismo buscan la fórmula de esquivar la sentencia del TSJC sin asumir consecuencias legales
Colectivos de profesores vinculados al independentismo se han movilizado para frenar la aplicación del 25% de horas lectivas en castellano que exige el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en las escuelas públicas de Cataluña. Después de que terminara el periodo voluntario para que el Govern diera cumplimiento al auto judicial, la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) pidió la ejecución forzosa de la sentencia y ha empezado la cuenta atrás para aplicarla.
En este nuevo escenario, Docents per la República y otros profesores a título individual buscan asesoramiento legal para declarase objetores de conciencia ante esta cuota mínima para garantizar el bilingüismo en el sistema educativo catalán. «Buscamos asesoramiento legal para redactar un modelo de declaración de objeción de conciencia lingüística para ser firmado por los docentes de los claustros y presentado ante el Consejo Escolar», explican en una nota enviada por Telegram.
Objeción de conciencia
Se trata de reproducir una «recomendación» de la Consejería de Salud de la Generalitat ante la objeción de conciencia de profesionales médicos que no quieren practicar abortos o eutanasias.
En esta comunicación del Govern, se explica que la objeción de conciencia es «la negativa a cumplir un acto profesional exigido por las leyes, por algún reglamento o protocolo institucional o impuesto por las autoridades legítimas, emparándose en razones morales o de conciencia».
Sin asumir consecuencias judiciales
Su propuesta es una vía para desobedecer la sentencia del TSJC pero sin asumir las consecuencias judiciales de su actuación. El hecho de que la decisión de la Justicia catalana sea firme -es decir, sin capacidad de recurrir- provoca que ante cualquier incumplimiento se corra el riesgo de inhabilitación.
Los colectivos de profesores y maestros tienen constancia de ello. Por esta razón, una de las peticiones que lanzaban al Govern en las últimas manifestaciones era la de «concretar cuál será las responsabilidades de las direcciones» ante «una actuación que no sea legalmente correcta».
El conseller de Educació, Josep González Cambray, ofreció cobertura legal a los docentes contrarios a la hora de aplicar la sentencia, pero el principio de indemnidad al que tienen derecho los funcionarios no se contempla ante actuaciones que vulneren las decisiones judiciales. Es decir, no serviría ni para proteger al equipo docente ni tampoco al propio conseller de una eventual inhabilitación.
Como informó THE OBJECTIVE, de materializarse esta propuesta, Cambray también podría incurrir en un delito de malversación de caudales públicos.
Pruebas de una posible desobediencia
Esta imposibilidad para incumplir la ley ante una última sentencia que tiene carácter general ha propiciado iniciativas de diversa índole. Una de ellas, alentada por el entorno de ERC y JxCa, era la de delegar la responsabilidad a los padres mediante una carta-tipo en el que fueran los progenitores quienes pidieran a los centros desoír la sentencia.
La inhibición del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de pedir un incidente de ejecución de sentencia, pese a ser parte legitimada para hacerlo, ha obligado a las entidades a favor del bilingüismo a personarse en los tribunales. De momento, la AEB ha logrado sus objetivos ante la justicia, pero el Govern agota todos los plazos para no cumplir voluntariamente con la resolución judicial.
El titular de Educación ha afirmado en una entrevista de TV3 de este jueves recogida por Europa Press que hay que «evitar» que «el TSJC se dirija a los centros educativos«. Y se ha mostrado dispuesto a enviar directrices a las escuelas sobre cómo afrontar esta situación. No obstante, cualquier instrucción que anime a incumplir a la ley podría ser utilizado como prueba de una posible desobediencia contra Cambray, advierten las entidades a favor del bilingüismo.
