Manos Limpias denuncia a Garzón ante el Supremo por llamar «delincuente» y «ladrón» a Juan Carlos I
Considera que sus palabras son constitutivas de un delito de injurias contra la corona
El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de que éste tildase el pasado sábado a Juan Carlos I de «ladrón» y «delincuente acreditado».
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el secretario general de la organización, Miguel Bernad, asegura que «las acciones descalificadoras» del ministro «no pueden encajar en el amplio derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión». A su juicio, sus palabras son constitutivas de un delito de injurias contra la corona. Y esto es así en tanto que, añade, «la libertad de expresión no puede suponer una patente de corso para que en base a la misma se ofenda gravemente la dignidad de las personas» y, en este caso, del rey emérito.
Según Manos Limpias, hay un «abismo» entre reconocer que «el comportamiento del rey emérito» ha sido «éticamente reprobable» y llamarle «ladrón y delincuente acreditado». Pero, además, añade que existe un «plus de punidad, ya que las manifestaciones» de Garzón «fueron ampliamente difundidas en los telediarios».
Pide que se abran diligencias informativas
En su escrito, el sindicato cita jurisprudencia y se refiere a varias sentencias por expresiones dirigidas al Rey en términos peyorativos para solicitar a la Sala Segunda del TS que se proceda a la apertura de las correspondientes diligencias informativas penales.
El ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida se expresó en los referidos términos al emérito al ser preguntado en un acto en Mieres sobre si la presencia del rey emérito en España había generado algún tipo de problema con sus compañeros del resto del Gobierno. «Toda España sabe que el anterior jefe de Estado…, todavía Rey porque se hizo así para protegerle y blindarle, toda España sabe que esa persona es un ladrón», afirmó.
Así, y pese a reconocer que Juan Carlos I no tiene causas judiciales abiertas en España, el ministro atribuyó este hecho no a su inocencia, sino a la inviolabilidad de la que gozó en el ejercicio de su cargo.