Control del CNI: disparates en el Congreso

Vaya por delante mi aceptación de que en política cabe todo, que el ejercicio de la crítica en el Congreso de los Diputados es muy sano, que cada uno puede decir lo que se le antoje y que, por desgracia, la labor parlamentaria obliga a hablar a los diputados de temas de los que no tienen por qué saber, aunque deberían tener asesores que les permitieran no desbarrar.

El debate monográfico en el Congreso sobre el virus Pegasus dejó algunas perlas que alucinaron a alguien que como yo lleva 35 años ejerciendo el periodismo de investigación sobre el servicio de inteligencia. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una reforma legislativa para reforzar el control del CNI, cuando él y su ministra de Defensa, Margarita Robles, han reiterado por activa y por pasiva que no cometieron ningún desviación de poder. Me llama la atención que Sánchez no haya querido reconocer que el CNI depende directamente de él. Si hubiera actuado mal la responsabilidad sería suya, aunque tenga un cortafuegos en el Ministerio de Defensa. Y si el espionaje del CNI ha sido legal, en teoría el sistema actual funciona adecuadamente.

También afirmó: «El Gobierno ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia». Eso es lo que yo he llamado «cuéntame lo que has descubierto, pero no me digas cómo lo has hecho». Sucede igual en todos los países del mundo, lo que es un reconocimiento de los gobiernos de que un servicio secreto no es la Policía, por lo que se le permite un mayor margen de actuación para hacer su trabajo. Y si Sánchez no está de acuerdo, que le encargue a la ministra Robles que obligue a la directora del CNI a contarle los detalles de las operaciones. Esto es precisamente lo que le ha pedido el peneuvista Aitor Esteban –»el Gobierno debe conocer las decisiones operativas»-, algo que requeriría mucha valentía y asumir riesgos. No lo harán ni Sánchez ni sus sucesores.

Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos, preguntó: «¿Quién del Gobierno del PP tomó la decisión de comprar Pegasus?». Fue una decisión de los altos mandos del CNI, pero en cualquier caso la pregunta debería haber sido: «¿El Gobierno actual ha prohibido el uso de ese y otros virus informáticos?». Y la respuesta es no.

De nuevo Asens afirmó: «Este caso nos habla de un problema con el Estado profundo, pero sobre todo de una forma en la que se ha afrontado el conflicto catalán, el todo vale contra el independentismo». Ni este diputado, ni muchos otros, quieren reconocer la evidencia: el Gobierno de Sánchez ordenó investigar los movimientos independentistas que afectaban a la seguridad nacional. Sin esa orden, nadie les habría vigilado. Ah, el CNI no espiaba al movimiento independentista, sino los contactos de gente de ese movimiento con grupos violentos y con Rusia.

El mismo balón también intenta tirarlo fuera del campo Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso: «¿Usted es consciente de que hay una operación de un bunker, el que siempre ha existido en el Estado profundo, que busca excitarnos a nosotros para desestabilizarlos a ustedes?». La reiteración en el lenguaje me permite deducir que quizás, solo quizás, en privado Sánchez puede haber explicado a sus socios parlamentarios que alguien en el CNI actuaba por su cuenta. Si esto fuera así, deberían decirlo abiertamente. En caso contrario, ERC no debería buscar responsables que no estén sentados en el Consejo de Ministros.

Un matiz a Rufián cuando habla sobre la información robada a los independentistas: «¿Y qué pasó con esa información? Porque, que yo sepa, ninguno de ellos acabó en la cárcel?». Piensa con mentalidad de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero el CNI no lo es. El servicio de inteligencia obtiene la información para contársela exclusivamente al Gobierno. Solo excepcionalmente se la pasan a la Policía o Guardia Civil.

De todo el debate sobre el control del CNI sale una reforma claramente positiva: el Gobierno se ha comprometido a aprobar una nueva ley de información clasificada, uno de los empeños del PNV legislatura tras legislatura, que nos permitirá conocer de entrada -¡atención, atención!-, los documentos secretos sobre la Guerra Civil y la época de Franco. Pero cuidado, actualizarla, modificarla, o lo que se quiera, no implica que sea a mejor. Y si no que se lo digan a Francisco Álvarez Cascos, que siendo vicepresidente del Gobierno del PP en 1997 impulsó un proyecto que incluía sanciones millonarias contra los periodistas que publicáramos información confidencial. Algunos no habríamos podido seguir escribiendo sobre determinados temas y especialmente sobre espías.