Piden multar con 1.500 euros diarios al conseller de Educación hasta cumplir el 25%

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investigue penalmente al conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, por «incumplir» la ejecución de la sentencia que fija un 25% de castellano en las aulas catalanas. Como informó THE OBJECTIVE, el pasado martes 31 de mayo el Govern agotó el plazo ofrecido por el tribunal sin adoptar medidas para aplicar la sentencia y con el envío de una carta unos días antes instando a los equipos docentes a no acatar la orden judicial.

En una rueda de prensa este miércoles, el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha asegurado que las instrucciones que ha enviado la Conselleria a los centros para validar sus proyectos lingüísticos «no dan cumplimiento» al auto de ejecución de la sentencia. Además, en un comunicado remitido por la AEB informan de que solicitarán una sanción diaria de 1.500 euros al titular de Educación -o aquella persona que le sustituya en el cargo- hasta que cumplan con la sentencia. «El consejero deberá informar diariamente al TSJC de las medidas adoptadas y de las constataciones realizadas a fin de verificar que se da cumplimiento a la sentencia de 16 de diciembre de 2020», exponen.

En el escrito, la entidad a favor del bilingüismo pide a la Justicia catalana que declare que Gonzàlez-Cambray no ha cumplido con el auto de ejecución, «visto su comportamiento», en palabras de Domingo.

Además de pedir que se deduzca testimonio de particulares para exigir su responsabilidad penal, solicita que el TSJC le requiera «personalmente» para que dicte las instrucciones necesarias para que todos los alumnos reciban al menos un 25% de castellano. También, y debido a la «acreditada la voluntad incumplidora» del conseller, pide que se le impute dicha multa coercitiva de 1.500 euros diarios hasta que se compruebe que se cumple ese porcentaje en las aulas.

El decreto no modifica la sentencia

Domingo ha opinado que no se puede dar por cumplimentada la sentencia alegando que ha cambiado el marco normativo por el decreto que aprobó este lunes el Govern (como arguyó este martes la Generalitat): «Eso no nos vale».

Además, ha afeado que la Conselleria haya «invitado a los directores a no hacer nada, es decir: no ejecutar la sentencia».

El abogado ha añadido que, si el TSJC da traslado a las partes sobre el escrito de la AEB, la Abogacía del Estado deberá posicionarse sobre si cree que el Govern ha cumplido la sentencia del 25% con las medidas que ha aprobado hasta ahora.

Directores

La AEB también solicita al TSJC que requiera «directamente» a los directores de los centros catalanes para que den cumplimiento a la sentencia del 25%, por una vía que permita acreditar la recepción del mensaje.

Domingo ha apuntado que si los directores no cumplen con el requerimiento, también pueden incurrir en «consecuencias penales», porque la Constitución establece el deber de todos los ciudadanos de colaborar con la justicia.

Recurso contra las instrucciones

Por otro lado, la AEB ha anunciado que interpondrán un recurso contencioso-administrativo contra las instrucciones y el cuestionario que envió este lunes la Conselleria a las direcciones de los centros, solicitando la suspensión de su aplicación: «Nos parecen incompletas, anticonstitucionales y no reconocen que las dos lenguas deben ser vehiculares».

En opinión de Domingo, el cuestionario «no formula las preguntas idóneas», porque el TSJC reclamaba saber la programación de las horas lectivas por lengua y no pedía modificar los proyectos lingüísticos de los centros.

Por ello, la AEB sugiere enviar un nuevo cuestionario a todos los centros, en el que se pregunte si catalán y castellano son vehiculares en el proyecto lingüístico, y se pida que aporte el número de horas lectivas desglosadas por lengua y asignatura.