Técnicos de Hacienda dudan de que se haya iniciado una investigación a Juan Carlos I

El portavoz de la asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, ha reclamado este jueves que la Agencia Tributaria realice una investigación fiscal al Rey emérito porque considera que lo que está haciendo ahora es una simple petición de información, que no interrumpe la prescripción de posibles delitos y que permitiría a Juan Carlos I realizar nuevas regularizaciones si fuera necesario.

Así lo ha afirmado Mollinedo en declaraciones a Europa Press, después de la información publicada por el diario El Mundo en la que se afirma que la Agencia Tributaria está pidiendo información al Rey emérito sobre las cacerías a las que acudió invitado y la procedencia de los fondos que utilizó para acudir a las mismas.

«Desconfiamos de que sea una inspección. Procedimiento de comprobación no es», ha afirmado rotundo el portavoz de Gestha. En este sentido, ha explicado que hay varios tipos de procedimientos en la Agencia Tributaria que no son de comprobación o investigación tributaria.

Y en este caso, ha señalado que «parece que lo que está haciendo» Inspección es «un simple requerimiento de información por lo que se deduce de las informaciones sobre las cacerías» a las que habría sido invitado el Monarca emérito.

Además, ha argumentado que «no tendría mucho sentido» que se iniciará ahora por la Agencia Tributaria una investigación después de que la Fiscalía ha dado por buenas las regularizaciones que ha realizado Don Juan Carlos. Así, ha afirmado que no cree que la Agencia Tributaria «vaya a desdecir a la Fiscalía cuando no lo ha hecho desde 2018».

Sin embargo, recuerda que desde ese año, Gestha ha reclamado que se hiciera una investigación tributaria y no se ha hecho ni siquiera cuando en las denuncias se decía que había riesgos consistentes que podían determinar una contigencia fiscal en el Rey emérito.

A pesar incluso, ha recordado, de que en su día la Fiscalía Anticorrupción dijo que, aunque de las declaraciones de Corinna Larsen no podía colegirse que pudieran existir infracciones tributarias, los indicios eran suficientemente sólidos para que la Agencia Tributaria lo investigase. Sin embargo, «ni Fiscalía, ni Agencia Tributaria iniciaron esas investigaciones sobre el Rey emérito».

Y ha añadido que, posteriormente a 2018 y cuando el asunto pasó a la Fiscalía del Tribunal Supremo, volvieron a insistir en que la Agencia Tributaria iniciase la investigación y comprobación del Emérito, pero tampoco se llevó a cabo ni siquiera, ha apuntado, cuando se presentaron las complementarias.

Creen, en este sentido, que si la Agencia hubiera abierto procedimiento de investigación en la primera regularización, el Rey emérito podría estar incurso en procedimientos contra la Hacienda pública porque «ni la primera regularización era completa y veraz, ni la primera rectificación y solo quedó a salvo con la segunda».

«La Agencia Tributaria no actuó y esa larga trayectoria de inacción sobre el rey emérito hace que dudemos de que sea un procedimiento de investigación tributaria, puede ser un procedimiento que haya iniciado la oficina de Inspección, pero no creemos que sea procedimiento de investigación, sino de simple petición de información», ha remachado.

Esto significaría que el Rey emérito podría seguir presentando declaraciones complementarias porque, «como no hay investigación sobre él volvería a quedar exonerado si no se inicia una inspección».

Piden investigación de Hacienda y de la Comunidad de Madrid

No obstante, creen que la Agencia Tributaria aún puede iniciar una investigación tributaria a Don Juan Carlos, algo que reclaman de nuevo e incluso reclaman que la inicien los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid. A este respecto, Mollinedo señala que la región es la competente en este impuesto y apunta que si la Agencia Tributaria podría también extraer información sobre las donaciones y pasársela a la Comunidad si deduce que los importes destinados a las cacerías no los ha sacado de su propio patrimonio y son un regalo de un tercero.

De hecho, expone que si las cacerías fueran invitaciones se las consideraría donaciones. Si estas no superan los 320.000 euros, se podría estar, según asegura, ante un delito fiscal convencional a partir del 8 de junio de 2017, que sería la fecha a partir de la cual no habría prescrito, ya que el plazo de prescripción son 5 años. La cuota a pagar en este caso podría llegar a los 120.000 euros.

Sin embargo, advierte de que si estas donaciones fueron de más de 1,1 millones de euros, la cuota a pagar podría ascender hasta 600.000 euros y suponer un delito fiscal agravado y el plazo de prescripción sería de 10 años. También se considera delito fiscal agravado si se han utilizado personas interpuestas o cuentas en paraísos fiscales.

No obstante, si la donación procede de varias personas podría dejar de ser delictivo pero sería una «irregularidad fiscal que prescribe a los 4 años». Lo cual significaría que «buena parte de ellas estarían prescritas» y solo quedarían las últimas de 2018.

Incremento de patrimonio no justificado

Mollinedo también ha explicado que en el caso de que el Rey emérito no pueda justificar el origen de los fondos que utilizó para acudir a las cacerías, se consideraría un incremento de patrimonio no justificado tanto el importe de lo que costó estancia, como los viajes y la cacería en el año en el que se produjeran esos eventos.

Además, ha precisado que un incremento de patrimonio no justificado «invalidaría las regularizaciones complementarias» de la renta ya que se trata de un concepto de IRPF y «podría ser acusado por delito fiscal agravado».

Es decir, que si se inicia un procedimiento de investigación tributaria significaría que las complementarias fueron inválidas y podrían ser investigado por delito fiscal o varios delitos, dependiendo de los años en los que se hubieran producido los eventos.

Pero si, por el contrario, no se inicia esta investigación fiscal y se queda solo en una «simple petición de información», no se interrumpiría la prescripción y no inhabilita la posibilidad de que el Emérito presente declaraciones complementarias y si lo hace, quede exonerado de cualquier infracción fiscal que haya podido cometer.