Los altos funcionarios del Estado proponen modernizar la Administración a bajo coste
El Fórum de Recursos Humanos del Sector Público propone cinco actuaciones «de fácil implementación» para modernizar la Administración española a todos lo niveles
Funcionario en una oficina de Correos. | EFE
Los representantes de los altos funcionarios de la Administración General del Estado están intensificando su actividad para repensar la organización de las instituciones públicas en España. Tras plantear una serie de cambios y reclamar becas para las oposiciones que permiten acceder a la función pública, los cuerpos directivos del Estado consideran necesario y urgente acometer una reforma de las distintas administraciones -a todos los niveles- «sin grandes costes».
Es una de las conclusiones del Fórum de Recursos Humanos del Sector Público, una iniciativa impulsada por un grupo multidisplicinar en el que se integra -además de otros actores públicos y privados- la asociación Fedeca, la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado, que aglutina a 43 organizaciones de funcionarios A1.
Los partipantes en el Fórum de Recursos Humanos del Sector Público sostienen en sus conclusiones que las medidas que proponen «son de fácil implementación y sus costes son nulos o muy asumibles», que «pueden tener impacto real inmediato o un plazo muy reducido» y «no exigen cambios legislativos ni normativos de calado». Además, inciden en que permitirían introducir «elementos de transparencia y equidad» y propiciarían «cambios en las dinámicas de relación entre el sector público y los ciudadanos».
Un portal con todas las oposiciones
En concreto, plantean cinco medidas, empezando por la creación de «un portal que aglutine toda la oferta pública de empleo», el cual podría ser gestionado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Este portal recogería la información completa de los distintos procesos selectivos para acceder a la función pública, inclusive «temarios, tipologías y condiciones».
De este modo, sería posible «ofrecer oportunidades a personas de talento para acceder al sector público», «incrementar el número y la calidad de los candidatos», «reducir el peso de los grupos de influencia por actividades/sectores», «incrementar la transparencia» y «mejorar la percepción ciudadana sobre la función pública».
«Los costes de implantación son prácticamente nulos, ya que disponemos de las soluciones tecnológicas y de los recursos humanos para su gestión y no creemos que exijan cambios normativos de calado», sostiene el documento que recoge las propuestas extraídas del Fórum de Recursos Humanos del Sector Público, consultado por THE OBJECTIVE.
Un código ético para todos los funcionarios
Otra de las medidas que se plantean es el desarrollo de un código ético común para todos los funcionarios para así «generar valores ligados a la ética profesional y pública, unida al sentimiento de orgullo de pertenencia». «Esta medida podría venir aparejada a una comisión ética de la administración pública a la cual poder realizar consultas», de modo que se vayan consensuando las buenas prácticas en el futuro.
La creación de un código ético para todos los funcionarios permitiría «reducir los comportamientos corruptos», según los proponentes
Los proponentes, que insisten en que también esta media tendría un bajo coste, creen que la creación de un código ético permitiría «mejorar la conciencia ética y el empoderamiento de las personas» que trabajen el sector público, «mejorar la calidad de la gestión pública» y «reducir los comportamientos corruptos».
Planes de gobierno abierto
El Fórum de Recursos Humanos del Sector Público plantea también el desarrollo de planes de gobierno abierto -transparencia, participación ciudadana y datos públicos- en todas las administraciones públicas de forma obligatoria. Estos planes, apuntan, podrían ser revisados cada dos años.
«Estamos convencidos que esta obligación puede ser un elemento clave para modernizar las administraciones públicas», apuntan: «La transparencia, la participación ciudadana y los datos abiertos, más allá de formar parte de la definición de gobierno abierto, han de poder desplegarse de manera transparente y con rendimiento de cuentas».
Si bien consideran que estos planes serían asumibles para todas las organizaciones, creen que «debería de arbitrarse un
sistema para que las organizaciones locales de pequeña dimensión pudieran cumplir estas obligaciones a través de las administraciones de rango superior».
Una oficina de contratos y medidores
Para ampliar los conocimientos sobre los procesos de contrataciones públicas, los expertos proponen crear una oficina que reúna toda la información relativa a esta materia y actúe de apoyo para la realización de este tipo de trámites. «Se trata de poner en común expertos en contratación y capacidades a la hora de realizar las inversiones de la forma más eficiente posible, atendiendo a la experiencia de casos anteriores, a tipos de pliegos ya redactados, a poner exigencias comunes sobre sostenibilidad, igualdad…».
El Fórum de Recursos Humanos del Sector Pública aboga por desarrollar indicadores que midan la transformación de las administraciones, la medida «que supone más costes» de todas las que se proponen
Por último, el Fórum de Recursos Humanos del Sector Público aboga por implementar sistemas de «análisis continuado con indicadores sobre transformación de la administración pública y salud del entorno laboral» que permitan medir los avances -o retrasos- en la aplicación de medidas enfocadas a mejorar la gestión de los recursos estatales y el clima laboral. El informe reconoce que esta medida «es la que supone más costes y es la que exige un mayor tiempo en su implantación». «Sin embargo, sus resultados en términos de impacto (en un momento en el que vamos a tener que sustituir a más del 30% de los empleados públicos es más que evidente)», concluyen los expertos.
