Los jueces dejan en un limbo el espionaje a los 'indepes' mientras aceleran el caso de Sánchez
Indignación en ERC y Junts por la «doble velocidad» de la Justicia a la hora de abordar el ‘caso Pegasus’. Sus querellas aún no han sido admitidas a trámite
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes independentistas. | Europa Press
La campaña del ‘Catalangate’, orquestada por ERC y Junts para denunciar el presunto caso de espionaje a través del software Pegasus a los 65 dirigentes y personas vinculadas con el independentismo, no ha tenido el efecto esperado en la esfera judicial. Políticos de ambos partidos presentaron una batería de querellas ante diversos juzgados, sin que hayan sido admitidas aún a trámite. Por el contrario, ven con consternación cómo la Audiencia Nacional ha abordado con celeridad la investigación sobre el supuesto espionaje a Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.
El asunto ha suscitado malestar e indignación en Junts y ERC. Fuentes independentistas consultadas por THE OBJECTIVE hablan de una «doble velocidad» a la hora de abordar el ‘caso Pegasus’, en función del color político de los afectados. «Nuestras querellas están en el limbo, esperando a que algún juez se declare competente», indica una de las fuentes consultadas. Varios políticos de ERC presuntamente espiados con Pegasus han presentado desde principios de mayo querellas en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, sin que exista constancia de que se haya practicado ninguna diligencia al respecto.
Por su parte, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, interpuso el 3 de mayo una querella que ha recaído por reparto en el juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid. La titular de ese juzgado dio traslado de la querella de Boye a la Fiscalía Provincial para que se pronuncie a favor o en contra de su admisión a trámite, según han informado fuentes jurídicas a este diario. Pero aún no se ha adoptado ninguna decisión sobre abrir una investigación o rechazarla. El abogado de Puigdemont acusa de presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos a la empresa israelí NSO Group, dos de sus filiales y tres de sus propietarios.
La Audiencia acelera en el espionaje a Sánchez
El mismo día que Boye emprendía acciones legales en Plaza de Castilla, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitió a trámite la denuncia interpuesta por la Abogacía del Estado, apenas cuatro días antes, por el presunto espionaje a Sánchez y sus ministros. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 abrió una investigación y desde entonces ha practicado varias diligencias.
El magistrado ha tomado declaración como testigos a la exdirectora del CNI Paz Esteban y al funcionario de ese organismo encargado de elaborar los informes sobre el espionaje al jefe del Ejecutivo y sus ministros. Además, envió una comisión rogatoria a Israel para que una comisión judicial encabezada por el propio Calama se desplace a ese país para tomar declaración como testigo al CEO de NSO Group. El magistrado también ha citado a declarar para el próximo 5 de julio al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Este último ha solicitado comparecer por escrito. El artículo 421.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que el presidente y los demás miembros del Gobierno «están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de los que tengan conocimiento por razón de su cargo». Calama ha aceptado la petición de Bolaños, pero al mismo tiempo le ha recomendado comparecer por videoconferencia «para asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad, con una interacción visual, auditiva, y verbal con el testigo, y en unidad de acto».
Dos años de espera para los ‘indepes’
Por el contrario, el expresidente del Parlament Roger Torrent y el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, presentaron sus denuncias hace dos años ante un juzgado de Barcelona, pero fueron provisionalmente archivadas. Sus querellas se produjeron a raíz de las informaciones publicadas en The Guardian, en julio de 2020, sobre que ambos políticos habían sido víctimas de una infección con Pegasus.
No obstante, el caso no adquirió mayores dimensiones mediáticas hasta que el laboratorio Citizenlab, vinculado a la Universidad de Toronto, le dio credibilidad con su informe del pasado 18 de abril bautizado ‘Catalangate. Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru‘.
Estas revelaciones causaron una crisis política entre el Gobierno y ERC, principal socio externo del ejecutivo. En un primer momento se atajó con el cese de la hasta entonces directora del CNI, Paz Esteban. Posteriormente, desde Moncloa anunciaron que los terminales móviles del jefe de Gobierno y dos de sus ministros también habían sido infectados.
Crear una macrocausa
Este hecho propició la investigación de la Audiencia Nacional que ha trastocado, en especial, los planes de ERC. El eurodiputado republicano Jordi Solé ha sido el último en presentar su querella en un juzgado de guardia de Barcelona, tras las querellas del dirigente Josep María Jové y de la también eurodiputada Diana Riba.
A través del abogado Andreu Van den Eynde, Solé ha solicitado que su denuncia se remita y se acumule a las causas abiertas en el juzgado número 32 de la capital catalana. Asimismo, se ha ampliado la acción legal contra la empresa NSO Group y entre las diligencias «se incorpora que la magistrada instructora se adhiera a la comisión rogatoria a Israel que hará el juez de la Audiencia Nacional para investigar directamente» a NSO Group.
Con esta estrategia, ERC intenta abrir una macrocausa sobre el presunto espionaje que han sufrido sus principales líderes. Cuentan con el apoyo de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, que también ha presentado sus respectivas querellas en distintos juzgados de Cataluña.
