El juez zanja las pesquisas de la 'caja b' del PP madrileño sin el informe de un condenado
Guillermo Ortega, alias ‘El Rata’, no ha podido aportar la documentación sobre las irregularidades que denunció en torno al Mercado de Puerta Toledo
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre se dirige a la Audiencia Nacional de Madrid. | Eduardo Parra (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional que investiga si el PP de Madrid contaba con su propia ‘caja b’ ha zanjado definitivamente las pesquisas sobre esta pieza separada de la trama ‘Púnica’, que tiene a la ex presidenta regional Esperanza Aguirre como imputada, sin esperar a que el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias ‘El Rata’, aporte el informe que está elaborando desde la cárcel sobre las irregularidades que denunció en torno al Mercado de Puerta Toledo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, concluyó formalmente la investigación de esta pieza 9 el pasado 25 de enero, en línea con lo planteado por la Fiscalía Anticorrupción. Pero optó por dar un poco más de tiempo a Ortega para que desarrollara las presuntas corruptelas apuntadas en una primera misiva.
Fue en abril de 2021 cuando ‘El Rata’ puso en conocimiento de la Audiencia Nacional «una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado de Puerta de Toledo», dependiente de la empresa pública IMADE. Señaló más de una decena de facturas emitidas entre 2006 y 2009 por «trabajos aparentemente ficticios» —registrados como relaciones públicas, mantenimiento o pintura— que sumarían un total de 832.560 euros.
Estas revelaciones propiciaron que el juez abriera una nueva pieza, la número 13, para desgajar este asunto de la 9, pero la Sala de lo Penal dio la razón a la Fiscalía Anticorrupción manteniendo las supuestas irregularidades en el Mercado de Puerta de Toledo dentro de la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño.
Ortega no ha podido acceder a toda la documentación
Esta decisión de la Sala de lo Penal llegó a finales de 2021, lo que llevó a García Castellón a dar ese balón de oxígeno a Ortega para que pudiera emitir un informe completo. Según fuentes jurídicas consultadas, esta labor acreditativa ha encontrado varias trabas que se deben principalmente a la dificultad para obtener cierta documentación desde prisión.
Ortega aún no ha concluido su ‘dossier’, según ha podido saber esta agencia de noticias, pero ha agotado los plazos concedidos sin que los investigadores estén dispuestos a dilatarlos más, al considerar que la continuación de esta pieza separada no se puede hacer depender de la «voluntad» del antiguo edil, de acuerdo con una providencia del pasado 22 de junio, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Las mismas fuentes indican que el informe de ‘El Rata’ era el último trámite antes de dar el siguiente paso en el procedimiento. De hecho, en la citada resolución García Castellón expone que, llegados a este punto, es «inminente» proceder conforme a alguna de las posibilidades del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), esto es, archivar o avanzar hacia la siguiente fase procesal.
La ‘caja B’ y la agenda de Granados
La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de ‘Púnica’ por cuanto García Castellón intenta determinar si existió una ‘caja b’ en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la ‘Púnica’, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.
En el primer golpe de la ‘Operación Púnica’, ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.
De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones ‘a dedo’ y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.
El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.
