El juez de Pegasus pide a la Fiscalía y la Abogacía que le envíen sus preguntas para Bolaños
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama da tres días a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que le envíen las preguntas
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. | Alberto Ortega (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido «tácitamente» que finalmente el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, declarará por escrito, por lo que ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que le envíen las preguntas que quieran formular al testigo, en el marco de las pesquisas por el espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.
En un auto de este mismo lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que, aunque el pasado 23 de junio sugirió a Bolaños la posibilidad de que declarara por videoconferencia, dándole tres días para contestar, el responsable de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha dejado transcurrir el plazo sin realizar ninguna manifestación al respecto, lo que le aboca a realizar la diligencia, fechada inicialmente para el 5 de julio, por escrito.
Eso, razona Calama, «nos conduce a entender tácitamente rechazada la opción ofrecida a los efectos de prestar declaración testifical a través de videoconferencia, y por ratificada en igual forma su decisión de acogimiento al privilegio procesal establecido en el referido art.412.2.1 1º Lecrim», que permite a los miembros del Gobierno declarar por escrito sobre hechos de los que hayan tenido conocimiento por razón de su cargo, como es el caso.
En consecuencia, asumiendo ya que Bolaños testificará por escrito, el instructor ha dado ese mismo plazo de tres días a las partes -Fiscalía y Abogacía- para que le envíen su pliego de preguntas para Bolaños.
En otra resolución, el magistrado ha rechazado el recurso que presentó la Abogacía del Estado contra la decisión de admitir la personación de la Asociación de Juristas Europeos Prolege como acusación popular.
