Dolores Delgado, la ministra que dio el salto a la Fiscalía y abandona envuelta en escándalos
Deja el cargo tras dos años y medio acusada de favorecer nombramientos de fiscales afines y de supuestos tratos de favor a su pareja, Baltazar Garzón
Dolores Delgado comparece en el Senado en noviembre de 2021. | Isabel Infantes (Europa Press)
«Demasiados conflictos de intereses», desliza un miembro de la carrera judicial sobre Dolores Delgado. La Fiscal General del Estado ha renunciado este martes por motivos de salud tras dos años y medio en el cargo. Su nombramiento soliviantó a los miembros de la carrera judicial, que percibieron su llegada como un intento del Gobierno para controlar la institución. Delgado, de 59 años, acababa de dejar el Ministerio de Justicia. Ahora abandona la Fiscalía tras protagonizar varias polémicas, como su política de nombramientos, y supuestos tratos de favor, como el que beneficia a su pareja, el exjuez Baltazar Garzón, que factura nueve millones de euros a Venezuela por «coordinación con la Fiscalía en España», tal y como adelantó este diario.
La situación de Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado era delicada. Se encontraba en una posición de debilidad por su gestión, aseguran algunos miembros de la carrera judicial a THE OBJECTIVE. La acusan de una política de nombramientos «sectaria» que no premiaba la capacidad y el mérito de los aspirantes, sino la afinidad ideológica y la afiliación a la que fue su asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que también pertenecía su antecesora, María José Segarra. De hecho, durante su mandato ha conseguido que dicha asociación alcance su mayor cuota de representación en la Junta de Fiscales de Sala, el órgano de decisión de la Fiscalía.
Las críticas a Delgado
Delgado sustituyó a Segarra en febrero de 2020, un mes después de abandonar la cartera de Justicia. Se convirtió en la tercera mujer en presidir la institución, tras Consuelo Madrigal y la mencionada Segarra. Sin embargo, estuvo en la diana desde el principio, especialmente en la de las asociaciones más conservadoras, que no la consideraban idónea para el puesto. Buena parte de la carrera judicial percibió su nombramiento como un intento del Gobierno por controlar la institución. Hasta entonces, nadie con responsabilidades gubernamentales había dirigido la Fiscalía General del Estado.
Durante estos dos años y medio en el cargo ha tenido que lidiar con asuntos tan espinosos como la resolución del procés y el indulto a los políticos catalanes encarcelados. La exministra también solicitó el archivo de las diligencias de investigación contra Juan Carlos I. Concluyó que las conductas irregulares que había detectado durante cuatro años de pesquisas secretas no eran constitutivas de delitos al estar amparadas por la inviolabilidad del anterior jefe del Estado consagrada en la Constitución y la prescripción de delitos.
En las últimas semanas había perdido el apoyo de los fiscales tras sus polémicas decisiones al frente de la Fiscalía de Menores. Un total de 117 fiscales, la mayoría especializados en menores, le reprocharon el cese de Francisco Manuel García Ingelmo como adjunto al fiscal de la Sala de Menores por considerar que su marcha y su posterior sustitución por Eduardo Esteban Rincón (acusado de contar «con una nula especialización» en la materia) no respondía a cuestiones lógicas. Además, el Tribunal Supremo ya le había indicado que este movimiento debía estar razonado al no cumplir con las exigencias mínimas.
Los miembros de la carrera judicial también achacan «conflictos de intereses» a la ya ex Fiscal General del Estado. Tal y como adelantó este diario en septiembre, el bufete del exjuez Baltazar Garzón, pareja sentimental de Delgado, fue contratado en 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para diversas tareas, entre ellas la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial». Un vínculo profesional que, en los últimos dos años y medio, afectó directamente a la máxima autoridad del Ministerio público, responsable de los fiscales que iban a enfrentarse al bufete como acusación o como defensa.
El contrato de Garzón
La empresa PDVSA fichó al despacho de Garzón por 8,8 millones de euros para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho, según el documento al que tuvo acceso en exclusiva THE OBJECTIVE. Entre las misiones pactadas figuraba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España».
Delgado había advertido en alguna ocasión que no se sentía «concernida» ni creía que debiese dejar la institución por afectación directa o indirecta en este asunto o en el caso Tándem (que investiga las actividades del excomisario José Manuel Villarejo) por su relación personal con Garzón. Sin embargo, se da la paradoja de que un fiscal de Tándem sí fue apartado por la cúpula de la carrera bajo la acusación de mantener una relación con una abogada y filtrarle información. La inspección lo tachó de conjeturas y no apreció irregularidad alguna en su comportamiento.
Hace un mes, como resultado de la presión, el PSOE tuvo que retirar una enmienda incluida en a la Ley Concursal cuya aprobación consagraba el ascenso de Delgado al Tribunal Supremo una vez que cesara al frente de la Fiscalía General del Estado, como ha sucedido este martes. El cambio normativo también le habría permitido informar al presidente del Gobierno de investigaciones en curso. Pedro Sánchez la nombró ministra de Justicia en junio de 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Dos años después llegó a la fiscalía sin haber alcanzado la categoría más alta de la carrera, por lo que sin la modificación pretendida por los socialistas está obligada a volver a su plaza como fiscal de la Audiencia Nacional.
La dimisionaria ha realizado un balance «satisfactorio» de los dos años y medio que ha ostentado el cargo. Asegura tener la convicción de haber cumplido con los objetivos de su proyecto. Así lo refleja en el comunicado en el que la Fiscalía General del Estado anuncia que Delgado ha remitido una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, expresando su voluntad de apartarse de sus responsabilidades «por motivos de salud». Se justifica recordando la intervención de urgencia en la columna vertebral a la que fue sometida en abril, que requerirá de nuevas operaciones en el futuro, por lo que considera que no se encuentra «en las condiciones físicas exigidas para tan alta función».
El sustituto de Delgado
El testigo de Delgado lo recoge Álvaro García Ortíz, su mano derecha en la institución y quien llevaba el peso de la gestión en su ausencia. García Ortíz (Salamanca, 54 años), que estuvo al frente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), era hasta ahora fiscal de sala y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE). Ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1998 y fue fiscal coordinador de la entonces Adscripción de Menorca entre 2000 y 2002, cuando fue destinado a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela.
Durante su paso por Galicia fue el fiscal encargado del caso Prestige, la investigación sobre la mayor catástrofe medioambiental en España, tras el hundimiento del petrolero en las costas gallegas, donde derramó miles toneladas de fuel. En esa comunidad autónoma fue nombrado Fiscal Especial Coordinador de Incendios en octubre 2004. Tres años más tarde se convirtió en Fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo, Ordenación del territorio e incendios forestales. Un cargo que desempeñó hasta marzo de 2021, cuando Delgado lo promovió a Fiscal de Sala y lo nombró Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la FGE.
