El abogado de Griñán estudia pedir el indulto a Pedro Sánchez para eludir la cárcel
Calero confirma que recurrirá la condena al expresidente de Andalucía ante el Tribunal Constitucional. La resolución completa se conocerá en septiembre
José Antonio Griñán, durante el juicio en Sevilla. | Europa Press
El Tribunal Supremo ha confirmado este martes la condena de prisión a José Antonio Griñán por su responsabilidad en el caso de los ERE. La sentencia completa se conocerá en septiembre, pero el abogado del expresidente de Andalucía, José María Calero, ya trabaja en la respuesta. Estudia tres escenarios para que esquive la cárcel: un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, pedir la nulidad de la sentencia y solicitar el indulto al Gobierno, una opción que el letrado considera que no hay que desdeñar. Calero sostiene que el fallo del Alto Tribunal plantea dudas, ya que se han dado dos votos particulares solicitando la nulidad de la condena. «Todo el mundo me dice que es un tema político», afirma a THE OBJECTIVE.
La sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñán a seis años de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso ERE en noviembre de 2019. Su abogado alude a que el expresidente andaluz no administraba el dinero, no conocía el destino final de las ayudas ni a las personas que las ejecutaban. «La sentencia dice que debió tener en cuenta el riesgo, que debería conocer que las cosas se hacían mal. Pero eso no está en el delito de malversación», sostiene Calero.
La indefensión de Griñán
El abogado de Griñán ha confirmado a este diario su intención de recurrir la sentencia al Tribunal Constitucional. Presentará un recurso de amparo. Lo hará una vez que obtenga la sentencia completa, previsiblemente en septiembre, ya que agosto es un mes inhábil. «En nuestro sistema jurídico, cuando crees que se ha vulnerado un derecho fundamental, la última palabra la tiene el Constitucional». En opinión de Calero, la resolución vulnera varios. Entre ellos, el principio de legalidad penal, ya que su cliente «no ha sustraído ni conocía a nadie que haya sustraído fondos públicos».
Calero sostiene que el expresidente andaluz también ha sufrido «indefensión» porque los antecedentes de hecho de la sentencia dejaron fuera las ayudas individuales y «luego se usaron para condenarle». Considera que incluso se ha vulnerado el derecho de presunción de inocencia de Griñán, ya que la condena exige la unanimidad del Supremo, cuando solo lo han hecho tres de los cinco magistrados. «Una mayoría exigua», considera el letrado. Esos votos particulares, insiste, «otorgan una consistencia limitada a la sentencia porque plantea dudas»
Ante este escenario, el abogado de Griñán cree que debería aplicarse el principio de in dubio pro reo, que implica que, en caso de duda, la sentencia debe favorecer al acusado. Si aún persiste el dolo, Calero planteará la nulidad de la condena mediante un incidente de nulidad. Y en última instancia, el indulto, una posibilidad que, afirma, forma parte del proceso jurídico. «Esta solicitud tiene una naturaleza diferente porque se pide al Gobierno. Hay varias razones que lo permitiría: la edad (Griñán tiene 76 años), su hoja de servicios y su trayectoria intachable, elementos de equidad, el arraigo…».
No sería la primera vez que la medida de gracia se utiliza para indultar a cargos públicos condenados. La ley sostiene que puede pedirlo cualquier persona y que la concede el Rey a petición del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. La medida es individualizada, no implica la desaparición del delito y es discrecional, por lo que no tiene que estar motivada. Se da la particularidad de que en estos momentos gobierna el PSOE, partido al que pertenecía Griñán. Dejó de militar en julio de 2016, adelantándose al código ético que establece la expulsión con la apertura de juicio oral. No obstante, los socialistas siempre han defendido su «honorabilidad».
«Una decisión injusta»
Calero sostiene que pedir el indulto ni politiza el caso ni debe suponer un obstáculo. «Estoy centrado en temas propiamente jurídicos». El abogado cree que este debe ser el último paso «lógico» y resta dramatismo a que sea Pedro Sánchez y su equipo quienes deban deliberar sobre el asunto. «No sé quién estará en el Gobierno cuando se tenga que resolver», insiste. El letrado no cree que la sentencia sea política, pero afirma que todo el mundo le advierte de ello. «Yo quiero pensar que es una decisión injusta», admite a este diario.
La Audiencia de Sevilla condenó el 19 de noviembre de 2019 a 19 de los 21 acusados del juicio de los ERE y solo dos fueron absueltos (Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta, y Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta), mientras que el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, que fue condenado a siete años y 11 meses de cárcel, falleció en octubre de 2020.
La Sala Penal del Tribunal Supremo, en respuesta a los recursos presentados a la sentencia en primera instancia, ha confirmado este martes la pena de seis años y dos días de prisión para Griñán por un delito de malversación de caudales públicos. Lo ha hecho por una mayoría exigua de tres magistrados contra dos. Estos votos discrepantes abren un atisbo a la esperanza para el expresidente andaluz. Las posturas de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo no se conocerán hasta que no esté disponible la sentencia íntegra, en septiembre.
El Alto Tribunal ha determinado la absolución del delito continuado de prevaricación administrativa a Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina, los tres ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2012. Además, ha rebajado la condena a Juan Márquez, ex director general de Trabajo entre 2008 y 2010, de siete a tres años de prisión al apreciar la atenuante de reparación del daño. No obstante, mantiene la condena de cárcel a nueve personas, Griñán entre ellos.
