El nuevo fiscal general promete su cargo ante el Rey en el Palacio de Almudaina
Felipe VI preside la primera toma de posesión de un alto cargo fuera de Zarzuela
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha jurado su cargo este martes ante el rey Felipe VI, en un acto celebrado en el Palacio de la Almudaina de Palma, y al que han asistido el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.
La ceremonia, celebrada en el salón gótico del Palacio Real de la Almudaina, ha seguido el protocolo habitual de juras de cargo en el Palacio de la Zarzuela a pesar de ser la primera vez que el monarca realiza un acto de este tipo fuera de la residencia oficial. Tal ha sido el grado de similitud que se han utilizado la misma mesa y ejemplar de la Constitución que se usan en Madrid, traídos expresamente para la ocasión.
García Ortiz, quien sustituye a Dolores Delgado, ha jurado el cargo sobre la Constitución, abierta por la página del artículo 124, el referido a la Fiscalía.
El nuevo fiscal logró superar la votación del Congreso
El hasta ahora fiscal jefe de la Secretaría Técnica asume el nuevo cargo tras comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y superar el aval del CGPJ con doce votos favor frente a siete, el mismo resultado que obtuvo Delgado en su día.
El fiscal, que dejó la Unión Progresista de Fiscales (UPF) tras ser propuesto para el cargo, prometió que mientras esté al frente de la Fiscalía General reforzará la autonomía de los fiscales, y garantizó firmeza contra la «lacra» de la violencia machista y la trata de seres humanos, y un mayor refuerzo del área de menores y la Fiscalía antidroga.
En la carrera fiscal desde 1999, García Ortiz llega a la dirección de la Fiscalía tras trabajar los últimos dos años y medio como fiscal jefe de la Secretaría Técnica —órgano de apoyo al fiscal general— y desarrollar el grueso de su carrera en Galicia, donde fue fiscal delegado de Medioambiente y coordinador especial de incendios, además de defender los intereses públicos en el caso Prestige.