Moreno no quiere abrir una "batalla judicial" contra el decreto de ahorro, aunque cree que invade competencias autonómicas

El mandatario autonómico considera el decreto un «trágala y una imposición» del Gobierno de Pedro Sánchez, pero no lo recurrirá

El presidente andaluz, Juanma Moreno, aseguró este martes que no quiere abrir una «batalla judicial» en el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de ahorro energético, aunque cree «probable» la invasión de competencias autonómicas, por lo que ha pedido al Gobierno que «vuelva» al diálogo y lo negocie con las comunidades y los sectores afectados.

Moreno ha confirmado que los servicios jurídicos de la Junta estudiarán si hay o no invasión de competencias en unas medidas que considera un «trágala y una imposición» del Gobierno de Pedro Sánchez. «No soy partidario de una batalla judicial. Hay tiempo para que el Gobierno reaccione, vuelva al diálogo y negocie con las autonomías y con los sectores afectados», ha señalado.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha marcado así distancia con la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que recurrirá el decreto ley ante el Constitucional y ha negado que Ayuso esté «marcando el paso» político al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. No obstante, ha dicho que «entiende» que cada comunidad tenga sus «singularidades» y sus «intereses» y que el decreto afecta «más a unas autonomías, caso de Madrid, que a otras».

La Junta de Andalucía tiene la intención de cumplir el decreto ley de ahorro energético que ha entrado en vigor esta medianoche, pero Moreno ha instado al Gobierno a rectificar unas medidas que, a su juicio, responden a la imposición y falta de previsión y planificación, y a la ausencia de consenso con la sociedad y con sectores como el turístico, la hostelería y el de la cultura, además de las comunidades autónomas.

Tras defender la necesidad del ahorro energético, Moreno ha dicho que está convenido de que se trata de un decreto ley «ideologizado, de un trágala», y ha esgrimido que el Gobierno debiera haber puesto un objetivo de ahorro y que cada comunidad, en función de sus peculiaridades, tomara las decisiones para alcanzarlo. «Es absurdo tomar una decisión para el conjunto del país con la diversidad térmica que tenemos, desde la cornisa cantábrica al valle del Guadalquivir hay quince grados de diferencia. El Gobierno tendría que haber dejado a las comunidades adaptar el decreto a nuestra peculiaridades», ha expuesto.

Fuente: EFE.