Decenas de espías y sus familias dejarán el País Vasco tras décadas infiltrados entre ETA
Agentes del CNI y sus familias dejarán sus lugares de residencia después de que el Gobierno haya decidido eliminar el departamento antiETA en País Vasco
La ministra de Defensa, Margarita Robles. | Efe
«Son unos ‘borrokas’ más, allí se les ve como a iguales a todos los efectos. ¿Qué va a ser ahora de ellos?». El interrogante lo plantean a este periódico fuentes cercanas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Lo hacen después de que el Gobierno haya decidido poner fin al trabajo del departamento ‘antiETA’ de los servicios secretos en el País Vasco, donde decenas de agentes se han dedicado durante décadas a vigilar, infiltrados entre la banda así como en grupos radicales de la izquierda ‘abertzale’, los movimientos del grupo terrorista. Un trabajo que, a fin de cuentas, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, derivó en la detención de sus miembros, fue crucial en la disolución de la organización y sigue siéndolo en la actualidad, aseguran las fuentes consultadas, en causas judiciales y en el espionaje de nuevos movimientos juveniles ‘herederos’ de ETA.
Esta cuestión no solo radica en que, desde ahora, las investigaciones solo recaigan en las Fuerzas de Seguridad del Estado. El mayor problema al que se enfrentan los agentes ‘expulsados’ es su futuro laboral: qué va a ser de ellos, y sus familias, después de tantos años trabajando —y viviendo— como espías en estas regiones. Los agentes viven mimetizados en su entorno social. Tienen arraigo en sus empleos, con sus vecinos y en las organizaciones del entorno de la banda terrorista a las que pertenecen. «¿Qué pasa ahora con ellos? ¿Dónde se van ahora? ¿A su puesto del CNI en Madrid? No tiene ningún sentido», critican voces próximas al departamento de la inteligencia española, donde la retirada de los agentes ha causado honda indignación.
El Ejecutivo decidió poner fin a la labor de estos agentes en País Vasco y limitarlo en Cataluña, con el objetivo de que las pesquisas que se siguen contra determinados grupos se desvinculen del Gobierno, y de este modo no afecten, de ser confirmadas, a las relaciones con sus socios políticos en estas comunidades autónomas. Así mismo, indican las fuentes consultadas, destacaron que no tenía sentido mantener a toda una estructura que vigilase la cúpula etarra cuando no ha cometido un atentado desde hace más de 12 años. «El Gobierno lo vende como gesto de buena voluntad a sus socios a cambio de su apoyo parlamentario», critican.
El trabajo del CNI en el País Vasco
La realidad, sin embargo, es que el trabajo que el Centro Nacional de Inteligencia ha coordinado durante todos estos años en la lucha antiterrorista tanto policial como judicial ha sido muy importante, y aunque no se han registrado capítulos terroristas en la última década, su labor sigue siendo igual de trascendental, señalan las mismas fuentes. Prueba de ello son los cerca de 400 asesinatos de la banda pendientes de esclarecerse, datados a finales de los 70 y finales de los 80, cuando era mucho más difícil investigar estos crímenes debido a la falta de recursos.
De hecho, el pasado abril la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó un documento en el que recomendaba a España explorar la posibilidad de reconocer los crímenes anteriores como delitos de lesa humanidad para que no prescriban ni puedan ser amnistiables aunque fuesen cometidos antes de este tipo entrase en el Código Penal en 2004. Una opción que ha descartado la Audiencia Nacional. Este tribunal, sin embargo, sí ha reabierto en los últimos meses siete causas en las que implica a la cúpula de ETA. Entre ellas, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el atentado de la T4 o el del cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola.
La trabajo de los agentes del CNI en estas causas ha resultado vital, pero sus herramientas lo son también para obtener información en otros ámbitos. En Cataluña, la amenaza independentista sigue viva en ‘mil’ vertientes. Mientras que en el País Vasco grupos de la ‘izquierda abertzale’ cobran cada vez fuerza. Entre ellos, el Movimiento Pro Amnistía y contra la Represión (ATA) y otros colectivos como Gazte Koordinadora Sozialista (GSK), una formación que desde su nacimiento, en 2019, se ha hecho con el control y la hegemonía dentro del movimiento juvenil radical. Estaorganización ha protagonizado recientemente numerosos incidentes y escraches en el campus de Vitoria de la Universidad del País Vasco (UPV), indican fuentes policiales.
«Hay mucho revuelo»
La situación, en cualquier caso, es sumamente delicada para estos agentes, sostienen fuentes cercanas al departamento de inteligencia. «Hay mucho revuelo», confiesan. Desde el CNI critican que estos espías han dedicado «las 24 horas» a su trabajo y ahora, sin embargo, se ven desprovistos de él y obligados, junto a sus familias, a abandonar el que ha sido su hogar durante décadas.
En otro orden de cosas, esta semana un nuevo capítulo ha vuelto a evidenciar las tiranteces que existen entre el Centro Nacional de Inteligencia y el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha publicado El País. Y es que la decisión de traspasar del Ministerio de Defensa a La Moncloa la Autoridad Nacional para la Información Clasificada, prevista en la futura ley de secretos de Estado, ha provocado preocupación en el departamento de inteligencia. Esto en la práctica, significa que la Oficina Nacional de Seguridad (ONS), hasta ahora dependiente del CNI, se desgajará por primera vez de este departamento y formará parte del Ministerio de Presidencia, dirigido por Félix Bolaños. El problema, según publica este medio, es que la mayoría del personal (98%) de esta oficina no quiere dejar el CNI ni perder el estatus que eso le confiere.
