Polémica entre los juristas por la primera eutanasia a un preso sin juzgar
El recluso, acusado de homicidio imprudente, recibirá la muerte asistida este martes después de que el TC rechazase el recurso de amparo de las víctimas
Marin Eugen Sabau, más conocido como 'el pistolero de Tarragona'. | TO
La ley de la eutanasia escribe un nuevo capítulo este martes. Marin Eugen Sabau será el primer preso en recibir la muerte asistida desde que el Congreso de los Diputados aprobase su puesta en marcha en junio de 2021. La concesión de la defunción voluntaria a este recluso, acusado de homicidio imprudente, sin embargo, ha estado rodeada de polémica e incluso ha despertado el debate entre algunos juristas. Los expertos plantean la posibilidad de restringir el acceso a la eutanasia en determinados casos, como el de este interno, que finalmente no será juzgado; pero lo ven «complicado» al estar este derecho vinculado a valores constitucionales de la máxima importancia.
Este vigilante de seguridad, de origen rumano y 46 años, abrió fuego contra tres excompañeros y un agente de la Policía autonómica cuando huía tras perpetrar un robo el pasado 14 de diciembre en la oficina en la que trabajaba. Finalmente, el grupo de élite de los Mossos detuvo al acusado, que se atrincheró con varias armas y munición, en una masía de Riudoms, en Tarragona. Sabau, que no atendió el aviso de los agentes ni quiso negociar con los mismos, recibió varios disparos, que le provocaron una tetraplejia irreversible. Es completamente dependiente, tiene el cuerpo paralizado de cintura para abajo y alega sufrir dolores constantes.
Tras permanecer ingresado en el hospital, Marin Eugen Sabau fue trasladado al Hospital Penitenciario de Terrassa, donde hasta la fecha permanece en prisión preventiva. Ha sido en este centro donde el recluso ha solicitado recibir la eutanasia en dos ocasiones. Tras la última, el pasado 28 de junio, los facultativos dieron el visto bueno a que el acusado recibiese la muerte asistida al cumplir con los requisitos de «sufrimiento grave, crónico e imposibilitante».
Una decisión, avalada también por el departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, que han intentado paralizar las víctimas del tiroteo al ver vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, pero que juzgados y tribunales han ido desestimando al ponderar el derecho a la dignidad y a la integridad física y moral del preso por encima del de los recurrentes. Tras pasar por el Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona y la Audiencia Provincial, la defensa del mosso d’esquadra, del sindicato USPAC, solicitó el amparo del Tribunal Constitucional.
Varapalo del TC
El Alto Tribunal, sin embargo, inadmitió la impugnación —que incluía la petición de suspensión de la eutanasia—«dada la inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo», según publicó El País. Los recurrentes consideraban vulnerado su derecho a la tutela judicial si se producía el fallecimiento de Marin Eugen por la práctica de la eutanasia, ya que nunca sería juzgado. A este respecto, sin embargo, el Constitucional estima que este derecho lo que debe garantizar es que se produzca una resolución judicial motivada y razonable, como la que dictó la Audiencia de Tarragona, adelantada por THE OBJECTIVE. Los magistrados esgrimen que solo se vulnera el derecho a dicha tutela cuando la resolución judicial contra la que se recurre es arbitraria, irrazonable o manifiestamente errónea, circunstancias que que no se dan en este caso.
El dictamen del TC dio paso a que el Hospital Penitenciario de Terrasa fijase para este martes, 23 de agosto, la ejecución del procedimiento del suicidio asistido. Desde el USPAC han descartado la última vía, recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y lamentan que los afectados no tengan un juicio justo. «No le negábamos el derecho a morir, pero sí que se le autorizase después de que se celebrase el juicio; podría haberse adelantado la causa dadas las circunstancias», sostienen desde este sindicato.
Fuentes policiales, advierten, sin embargo, que conceder la muerte asistida a este preso crea un precedente «peligroso». «¿Qué pasaría si en lugar de ese recluso hubiese pedido la eutanasia un interno acusado de terrorismo yihadista por un atentado con decenas de víctimas?», advierten. Esta cuestión ha generado debate incluso entre los juristas, aunque entienden que se trata de una cuestión «ética» más que «jurídica», refieren las fuentes consultadas por este periódico.
Endurecer el marco legal
«Desde el punto de vista de la legislación actual, y así se ha resuelto por los tribunales, no se puede limitar o restringir el derecho a esta persona a la eutanasia puesto que cumple con los requisitos médico-legales que establece la ley y no existe un derecho de la víctimas a que esta persona sea obligatoriamente enjuiciada si se produce antes su fallecimiento», sostienen desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
De este modo, el debate está en hasta qué punto puede prevalecer el derecho de cualquier ciudadano acusado a la eutanasia sobre los que pueden tener otras personas, como son víctimas de delitos graves. «Hay que encontrar un punto de equilibrio, después de un debate ético, social, político, que llegue hasta los legisladores», sostienen fuentes jurídicas. No obstante, las mismas fuentes ven «complicado» que se puedan establecer restricciones «de carácter absoluto» basándose en el «hipotético derecho de las víctimas por muy grave que sea el delito que se ha cometido».
El porqué esta en la propia ley, aducen las fuentes. «Al final, tal y como está configurada la norma, la eutanasia está vinculada a valores constitucionales de la máxima importancia: la dignidad humana o la libertad de tomar decisiones. Por tanto, solamente limitaciones o restricciones que estuvieran pensadas para proteger derechos o valores de igual importancia podrían impedir que una persona que cumple los requisitos recibiera la muerte asistida».
De darse esta tesitura, una reforma «podría endurecer el marco legal para que las condiciones de acceso fuesen más restringidas», sostienen las fuentes consultadas. Aunque «ven difícil» llegar hasta el punto de impedir a una persona acceder al derecho a una muerte digna. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), también coinciden en la dificultad de este escenario. «El derecho a la eutanasia se concibe en la ley como un derecho del ciudadano vinculado a su voluntad y dignidad; limitar ese derecho a un criminal es ciertamente complicado», sostienen.
