Las revelaciones judiciales sobre la expulsión 'ilegal' de menores en Ceuta cercan a Marlaska
La delegada del Gobierno en la ciudad autónoma señala que la decisión de devolver a los menores partió de Interior. Otro documento también lo avala
El ministro del Interior, en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
Las revelaciones judiciales sobre la devolución a Marruecos de centenares de menores que entraron de forma masiva a Ceuta en mayo de 2021, y que, a juicio de la Fiscalía, se produjeron al margen de la legislación de extranjería, contradicen la postura que ha mantenido todo este tiempo el Ministerio del Interior. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska siempre ha mantenido que no dio orden alguna sobre el retorno de los menores, sino que se limitó a rogar a las autoridades ceutíes que se llevase a cabo respetando los intereses y derechos de los niños.
Sin embargo, el sumario del caso, que tomó rumbo en un juzgado de Ceuta a raíz de la denuncia presentada por una ONG y fue impulsado por el Ministerio Público, desvela que Interior estaba al tanto de la ‘operación retorno’ que se llevo a cabo el 18 de agosto del pasado año, tres meses después de que 10.000 personas cruzaran hasta la ciudad autónoma procedentes del país vecino. Una situación que agravó por entonces la crisis diplomática entre Madrid y Rabat, originada por la hospitalización en España de Brahim Gali, líder del Frente Polisario.
Por el momento, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha imputado por prevaricación a Salvadora Materos y María Isabel Deu, la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, y la vicepresidenta del Ejecutivo ceutí, respectivamente. El fiscal señala que ambas actuaron con «la intención de evitar someter su actuación a las disposiciones legales que resultaban de aplicación así como de lograr eludir las responsabilidades administrativas y penales en que eran perfectamente conscientes iban a ocurrir», según publica El Mundo.
La devolución de los menores al país alauí se fundamentó en el acuerdo entre el Reino de España y el de Marruecos sobre cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores acompañados, su protección y su retorno concertado, firmado en Rabat el 6 de marzo de 2007, siendo esta ocasión la primera en la que se ejecutaba. A juicio de la Fiscalía, sin embargo, Materos y Deu «simularon en todo momento que este permitía practicar la inmediata devolución a la autoridades marroquíes de los menores (..) sin necesidad de ajustarse al procedimiento y requisitos regulados por la ley».
Ceuta señala a Marlaska
La decisión, sin embargo, no salió de la administración ceutí, sino que partió el Ejecutivo central, según declararon las dos imputadas ante el Ministerio Público. «El Gobierno de Madrid acordó las devoluciones con el de Marruecos». El sumario, por otro lado, da cuenta a través de un mail, procedente de la Secretaría de Estado de Seguridad, de que el propio ministro dio orden de que se llevase a cabo la devolución de los menores de nacionalidad marroquí.
«Por indicación del Ministro del Interior, se ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos. Todo ello con el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela», reza el documento, fechado el 10 de agosto de 2021.
«No es acorde a la legislación»
No obstante, este último propósito nunca se cumplió. No existía ninguna certeza de que las autoridades marroquíes se hubiesen puesto en contacto con los progenitores de los menores huidos, según declaró ante el juez instructor la responsable del Área de Menores en Ceuta, Antonia Palomo, quien también advirtió días antes de la devolución al fiscal de Menores, José Luis Puerta, de que el procedimiento no era acorde a la legislación nacional. «A la vista de que el procedimiento no es acorde a la legislación nacional, europea e internacional, lo pongo en su conocimiento a los efectos oportunos», dice el correo electrónico, adelantado por El Confidencial.
En ese mail, Antonia Palomo explicaba que se dirigía al Ministerio Público porque eran quienes en virtud del Código Civil deben vigilar la tutela, el acogimiento o la guarda de menores. Y comentaba que en esa reunión en la frontera a la que asistió para coordinar el dispositivo de retorno de los jóvenes, estaban citados tanto responsables marroquíes como Policía Nacional y Delegación del Gobierno.
Palomo, tras asistir a esa reunión «con personas que decían ser representantes del Gobierno marroquí», sin embargo, tuvo dudas sobre cómo se iba a realizar esa devolución. En concreto, en su correo destaca que las autoridades marroquíes hablaron de un autobús que tenían preparado con al intención de trasladar a los menores al centro de Martil. Una vez en ese centro, le explicaron, se procedería a la búsqueda de los padres. Pero a la responsable del Área de Menores ese extremo no le convenció, y de hecho asegura que no les transmitieron que hubieran establecido «ningún tipo de procedimiento». «La reunión finalizó sin concretar los términos en los que se iban a producir las repatriaciones», lamentaba en su correo.
