El desastre del Gobierno al retirar al CNI del País Vasco y Cataluña
La ministra Robles antepone la razón de gobierno sobre la razón de Estado para favorecer a sus socios políticos
Pedro Sánchez y Margarita Robles. | Europa Press
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, aplicada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, de suprimir de la lista de misiones encargadas al CNI las relativas al tema independentista y al terrorismo nacional supone un desastre del que a medio o largo plazo se arrepentirán. Es mi conclusión puramente técnica, como experto en la materia, fundamentada en algunos datos relevantes.
En los países occidentales son sus servicios de inteligencia los que se ocupan de obtener información de los movimientos que actúan contra el Estado o que podrían actuar a corto, medio o largo plazo. Cuando no hay delitos, el trabajo de las fuerzas policiales tiene menos sentido. Un juez nunca va a darles una autorización para una escucha telefónica o un registro domiciliario si previamente no prueban que el grupo al que quieren controlar está cometiendo o va a cometer un delito.
En esas situaciones, el trabajo corresponde a los servicios de inteligencia. Por su naturaleza, en España y en todo el mundo democrático, no persiguen delitos, sino que buscan información sobre actuaciones de grupos que podrían poner en riesgo la seguridad del Estado, pero no hoy o mañana necesariamente.
Unos años después de que el 10 de abril de 1998 se firmara en Belfast el Acuerdo de Viernes Santo, con el principal objetivo de que el IRA dejara de matar, un director del servicio secreto español me reconoció que sus colegas ingleses del MI5 le habían contado que las fuerzas policiales dedicadas a la lucha antiterrorista habían disminuido considerablemente y, sin embargo, el número de espías dedicados al tema seguía siendo muy alto.
El paso de los años sin atentados permite ir reduciendo los equipos antiterroristas, pero hay misiones cualitativas que deben permanecer, como es el caso de los infiltrados y los colaboradores, que necesitan equipos para seguimientos, controles y demás.
Según mi información, el CNI había disminuido en los últimos años el número de agentes dedicados al terrorismo interior. Ellos mismos notaron que las necesidades de personal eran menores. Pero lo que no podían imaginar, porque va en contra de la razón de ser de un servicio de inteligencia, es que el Gobierno les retirara de la lista de amenazas una que, según sus criterios, sigue activa. Deben cumplir la orden, y lo están haciendo, pero sabiendo que es un error y esperando que un futuro gobierno de distinto signo cambie de criterio.
Porque lo que está claro es que la presión de los socios parlamentarios del Gobierno en Cataluña y País Vasco ha cuajado. Y argumentos tenían. Lo dije aquí: Sánchez había caído en la contradicción de aliarse políticamente con unos partidos vinculados a ETA o al intento de independizar Cataluña de España. Pero, también es cierto, que nada de esto habría pasado si el CNI no hubiera sido descubierto colocando el virus Pegasus en los móviles de esos sospechosos de atentar contra la seguridad del Estado.
Sánchez quiere seguir en el palacio de la Moncloa y ha tenido que pagar un precio. Primero ordenó a Robles que le cortara la cabeza a la directora Paz Esteban y la ministra, tan crítica con los independentistas, aceptó la ejecución. Después vino lo más sorprendente: los socios reclamaron que el CNI no volviera a espiarlos. Eso exigía que la ministra dejara de actuar guiada por la razón de Estado y pasara a hacerlo por la razón de gobierno. Debió pensar algo así: estos políticos, socios nuestros, no van a volver a atentar contra las normas vigentes –varios fueron condenados por ello- porque yo lo digo y por lo tanto no hace falta investigar ni el terrorismo ni la independencia. La solución fue muy simple: Robles ordenó el punto final y se acabó todo.
Espero que no se arrepienta cuando ya no esté en el Ministerio y recapacite desde fuera y vea lo que ha hecho.
