Las administraciones imponen la cita previa a los ciudadanos pese al fin de la pandemia

La Administración se atasca sin pandemia. Con casi el 85% de la población española vacunada y la situación epidemiológica más controlada, las restricciones contra el coronavirus se han relajado considerablemente. No obstante, todavía hay instituciones públicas que abrazan algunas medidas, como la cita previa, que hasta ahora buscaban evitar la excesiva concentración de personas en espacios cerrados, pero que se han convertido en «barreras» que dificultan el acceso a determinado servicios.

«Tras el covid-19 se están imponiendo las citas previas para acudir a resolver asuntos administrativos a las distintas Administraciones Públicas, hecho que ha llegado para quedarse y a mí me preocupa sobremanera», señala el catedrático de Ciencia Política y de la Administración, Manuel Villoria. En este sentido también se pronuncia a THE OBJECTIVE el abogado y presidente Asociación Española de Derecho de Consumo, Eugenio Ribón, quíen apunta que lo que «estaba justificado en época de pandemia», ahora se ha convertido en una «disfunción administrativa» debido a las demoras que se producen en muchas administraciones.

Si bien en un principio las citaciones debería descongestionar los diferentes procesos administrativos, lo cierto es que es que no dejan de acarrear problemas, sobre todo cuando los trámites son complejos, se extienden en el tiempo y son asuntos urgentes. En muchas comunidades, la cita previa a través de la web o el teléfono, es la única vía de acceso a determinadas gestiones que van desde certificados de pensiones, empadronamientos, prestaciones por nacimientos, registros de matrimonio o la solicitud del ingreso mínimo vital. Procesos para los cuales, antes de la pandemia, no hacía falta hacerse con un día y una hora para acudir a la institución pertinente.

Desde Facua, denuncian que han podido comprobar como el Registro Civil de Sevilla solo permite pedir la cita por internet y «la da a más de dos meses vista». «Si se acude allí, no dejan entrar para exponer la urgencia a ningún funcionario porque solo se puede entrar con cita previa», cuenta a THE OBJECTIVE el secretario general y portavoz de la organización defensora de los derechos de los consumidores, Rubén Sánchez, que agrega, además, que si se llama por teléfono «es imposible hablar con nadie».

En este sentido, Villora apunta como muchos vigilantes de seguridad no permiten que se traspase la puerta de entrada del edificio a quien no va con hora para ser atendido «Los vigilantes y los empleados tienen órdenes de dejar claro que no se gestione nada presencial sin cita previa», cuenta el experto, que asegura que esto es «un ejemplo del deterioro de los servicios públicos y la falta de empatía del sistema administrativo frente a las necesidades ciudadanas».

«Es una tomadura de pelo»

Solo con echar un vistazo a las redes sociales se pueden encontrar cientos de quejas que manifiestan la «imposibilidad» de tramitar más de una gestión al día. El usuario @breadfan33 muestra su descontento ante los protocolos covid aún instaurados en el Ayuntamiento de A Coruña para, simplemente, hacerse con una tarjeta de transporte público. Además, destaca sorprendido las «instrucciones» que debe de cumplir la persona citada el día que acude a la oficina pertinente, como no ir acompañado, «salvo que sea estrictamente necesario», o utilizar mascarilla –cuando esta solo es obligatoria en medios de transporte y en centros sanitarios–.

Otro tuitero se lamenta que lleva medio mes intentando pagar una multa ante la imposibilidad de conseguir cita previa. «Cuando pido cita me sale ‘El horario de atención al cliente está completo. Inténtelo más tarde’», protesta, a lo que otra persona le responde con el complejo peregrinaje que tuvo que pasar para pagar la plusvalía municipal de su vivienda: «Me pedían pasar por tres departamentos. El primero, con cita previa; el segundo, sin cita y, el tercero, con cita. Por supuesto, no todos el mismo día, porque podía haber demora. Básicamente me pedían tres mañanas. Grandes algunos Ayuntamientos».

Sin embargo, la queja más sorprendente es la del usuario @mecao1 que asegura que fue a comisaría a poner una denuncia por robo y no le atendieron por no acudir con cita previa. «Te acaban de atracar, vas a comisaría de los @mossos y te dicen que debes pedir cita previa. Con dos cojones y sin despeinarse», escribía el pasado 6 de septiembre en Twitter.

De esta forma, el abogado Eugenio Ribón asegura que esta situación «no se justifica a estas alturas» con todo el país trabajando «sin obstáculos». Además, apuntan los expertos, la cita previa obligatoria sin motivación alguna infringe los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad que las Administraciones Públicas deben de respetar en su actuación según el art. 3 de la Ley 40/20145. «Nunca puede ser una imposición, sino una facilidad añadida, una alternativa más», hace hincapié Ribón que, además, denuncia los obstáculos de varios juzgados de 1ª Instancia en Madrid para la atención de profesionales y ciudadanos.

La Abogacía pide la supresión de la cita previa en los juzgados

El Consejo General de la Abogacía ha solicitado al presidente del Consejo General del Poder Judicial la supresión de las medidas extraordinarias adoptadas con motivo de la pandemia como la cita previa y otras «barreras» que dificultan el acceso a las dependencias judiciales. «La evidente mejoría de la situación sanitaria, hace que decaiga la justificación de las medidas que, en la práctica, suponen una limitación al pleno ejercicio del derecho de defensa, acceso a los tribunales y publicidad de las actuaciones», afirma la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, en la carta enviada a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ.

A pesar de esta petición del Consejo, los Juzgados de 1ª Instancia nº 3, 18 y 35 de Madrid aún se refugian en medidas covid para «ahorrarse» atender al público. Estos cinco juzgados tienen empapeladas las paredes del edificio con mensajes como «No pasar», o «Sólo se atenderá con cita previa o por teléfono». Algo «inadmisible», en palabras de Eugenio Ribón, que asegura que desde el Colegio de la Abogacía de Madrid están llevando a cabo «un barrido de juzgados» para identificar a todos los que continúan con esas medidas.

Por último, los expertos ponen el foco «en los numerosos los ciudadanos a los que les resulta prácticamente imposible rellenar y presentar escritos por medios digitales o pagar las correspondientes tasas por vía telemática, más cuando en muchos casos es necesario activar previamente algún certificado digital». Es un efecto más de la llamada brecha digital sobre los consumidores vulnerables, especialmente sobre personas con discapacidad y mayores. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, apenas el 13% de la población española entre 65 y 74 años tiene habilidades digitales básicas; y solo la tiene el 21% de la población entre 55 y 64 años.