Los defensores de la prostitución convocan una protesta ante el Congreso contra el Gobierno

La Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución ha convocado este lunes una protesta frente al Congreso de los Diputados contra los planes del Gobierno de España de abolir una actividad que da de comer a 100.000 familias en nuestro país. Prostitutas, limpiadoras, camareras, recepcionistas y responsables de burdeles, anunciantes… En total, entre 3.000 y 5.000 personas -según los convocantes- se concentrarán para pedir a Pedro Sánchez «libertad» para ejercer su profesión.

La presidenta de la plataforma, Susana Pastor, será la encargada de leer un manifiesto al que THE OBJECTIVE ha tenido acceso en exclusiva. Este reclama la «libertad de elección de las mujeres»: «Si en la ley integral de libertad sexual, el sí es sí, aquí no se tiene en cuenta nuestro sí. No se respeta la decisión de las mujeres y se nos trata como como menores de edad anulando su voluntad».

Esta macroprotesta pondrá punto y final al verano caliente del mundo de la prostitución contra el Ejecutivo de coalición, que comenzó el 22 de junio con una manifestación ante Ferraz, sede madrileña de los socialistas, donde centenares de trabajadoras sexuales se manifestaron con lemas como «sois peor que Franco», «nací libre y ahora me quitáis ese derecho» o «¿vais a quitarnos nuestro trabajo?». Pero eso fue sólo el comienzo.

Las movilizaciones continuaron el 20 de julio en Valencia, Barcelona y Bilbao (con concentraciones frente al Ayuntamiento, la delegación del Gobierno y la sede del PSOE, respectivamente), cuando participaron cientos de personas. El pasado 5 de septiembre, además, la plataforma convocante de estas marchas organizó una jornada de puertas abiertas para que políticos, periodistas y público en general conocieran «nuestros locales de trabajo y sepan de nuestra realidad».

En rueda de prensa, Susana Pastor explicó que la norma impulsada por el Gobierno «nos empujará a la clandestinidad y a ejercer en la calle o en pisos inseguros», pues nadie «ofrecerá un local ni querrá alquilarnos un piso». La misma idea que defendió Cristina, una mujer trans que lleva casi 40 años en el oficio (desde los 16): «Yo llevo muchos años en esto, y [esta norma] me recuerda a las leyes posfranquistas, cuando se nos echaba encima a la policía». A su juicio, la futura ley «bajará las tarifas y nos dejará con menos poder de negociación con los clientes», que «al correr más riesgos, exigirán más».

La norma

La norma socialista para abolir la prostitución modifica el artículo 187 del Código Penal para «castigar de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación». Esto es, un castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución. Esta medida no ha generado quejas del gremio.

Pero la polémica estriba en que también se castigará la tercería locativa. Es decir, que se penalizará al que destine de manera habitual y con ánimo de lucro un local para que se practique la prostitución con entre dos y cuatro años de prisión. También se castigará a los puteros. Los clientes o consumidores de sexo pagado serán multados de 12 a 24 meses, una pena que aumentará en caso de que la prostituta sea menor de edad. La trabajadora sexual, no obstante, no podrá ser sancionada en ningún caso.

La norma impulsada por el PSOE ha contado con el apoyo de la mitad de Unidas Podemos (exceptuando los diputados de En Común Podem) y del Partido Popular. Por otro lado, el bloque de investidura se ha dividido entre la abstención (PNV y EH Bildu) y el no, una opción que aglutina a ERC, Ciudadanos y la CUP. El debate, en definitiva, enfrenta a quienes sostienen que la prostitución es siempre una forma de violencia contra la mujer y quienes defienden la libertad de las trabajadoras sexuales para realizar su actividad sin intromisiones. Si acaso, son partidarios de regularla para combatir la trata.

Desde la Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución sostienen que la proposición de ley «parte de dos premisas falsas»: que «no es verdad que entre el 80 y el 90% de las mujeres en situación de prostitución sean víctimas de trata, ni mucho menos», y que tampoco lo es que cualquier intercambio sexual de pago sea «trata o proxenetismo». Por eso piden al Gobierno que, «si de verdad tanto interés tiene, nos reciba y juntas creemos una comisión para sacar adelante una ley de derechos», similar a la que existe en Nueva Zelanda.