El PP pide al Gobierno una lista de médicos abortistas para no estigmatizar a los objetores
Los barones regionales advierten del «carácter estigmatizante y punitivo» de las listas que el ministerio de Irene Montero quiere imponer
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con los barones regionales en un acto en Galicia. | César Arxina (EP)
El Partido Popular quiere darle la vuelta al polémico registro de objetores que establece la nueva ley del aborto impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero Durante la tramitación parlamentaria, pedirá que sean los médicos y sanitarios favorables a la interrupción voluntaria del embarazo los que aparezcan en las listas que tendrán que elaborar las comunidades autónomas.
Varias regiones gobernadas por el PP han enviado alegaciones al anteproyecto de ley que se ha enviado al Parlamento, en las que defienden lo contrario que Montero: que se registre quien sí esté disponible para practicar abortos y que, de esta forma, se eviten listas que tengan «un carácter estigmatizante y punitivo» para los profesionales que se inscriban en ellas como contrarios a esta práctica, tal y como plantea la Consejería gallega del Empleo e Igualdad en el texto remitido al Ministerio de Igualdad y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Montero justificó la medida porque, en su opinión, «siempre tendrá que haber personal disponible» para garantizar el «derecho de todas las mujeres a interrumpir su embarazo en el centro público más cercano». Esto significa que, en lo sucesivo, el Gobierno exigirá a las regiones que identifiquen a los médicos que se nieguen a realizar la interrupción voluntaria del embarazo mediante un registro de objetores sanitarios.
El PP alerta de su encaje constitucional
«Una vez que sepamos (…) el personal sanitario que objeta a la hora de practicar interrupciones voluntarias del embarazo», indicó la ministra en rueda de prensa, «cada centro hospitalario y comunidad autónoma tendrán que garantizar que haya personal siempre disponible». A juicio de la ministra ‘morada’, «lo que no puede ocurrir es que el ejercicio de un derecho constitucional como la objeción de conciencia impida el acceso a un derecho fundamental para que más de la mitad de la población, las mujeres, podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo».
El proyecto de ley establece que «se creará en cada comunidad autónoma un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo». Y, abunda, «quienes se declaren personas objetoras de conciencia lo serán a los efectos de la práctica directa de la prestación de interrupción voluntaria del embarazo tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada».
Esta medida tiene un dudoso encaje constitucional, según advierten juristas a este medio, ante el riesgo de que se creen ‘listas negras’. El artículo 16.2 de la Carta Magna garantiza «la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley». Un clavo al que se agarra al PP.
En el PP también recuerdan que la objeción de conciencia del personal sanitario viene recogida en el artículo 30 de la Constitución y se trata «de un derecho fundamental e individual» al que puede acogerse quien considere que una ley o mandato va en contra de sus convicciones y creencias.
«El anteproyecto crea el Registro de Objetores de conciencia y sin embargo no regula el procedimiento de inscripción en el mismo y las condiciones del ejercicio del derecho, que sí es objeto de Ley Orgánica. La creación del Registro no necesitaría de esta modificación con este rango normativo», alega la Xunta de Galicia.
El Ejecutivo del PP gallego de Alfonso Rueda advierte, por ejemplo, que en el anteproyecto de la ley «no se especifica con claridad» aspectos «fundamentales» del registro de objetores, como por ejemplo, cómo se va a hacer el registro y si éste sería «para todos los casos o de forma individual para casos concretos», y con cuánto tiempo de antelación se debe objetar.
Esta región gobernada por el PP señala a Igualdad que sería conveniente que se establezca «un registro estatal único» que permita «homogeneizar» los existentes en las distintas CCAA y establecer criterios comunes para todo el Estado. «Es importante destacar que el concepto de Registro de objetores de conciencia posee un carácter estigmatizante y punitivo para los profesionales que se inscriben», alerta la Xunta. En este sentido, los ‘populares’ recuerdan que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia «parece injusto» ya que coloca a los médicos «en la diana de la contrariedad de los pacientes y de determinados sectores de la sociedad».
Por ello, desde el PP gallego se considera «más útil y beneficioso para el sistema la realización de un Registro de profesionales que van a colaborar y se puedan comprometer con la intervención en las interrupciones voluntarias de embarazo». «Esta visión», se subraya en el escrito de alegaciones enviado a Montero, «facilitaría que se pudiesen incorporar un número determinado de profesionales que quieran de forma voluntaria garantizar el derecho de las mujeres» al aborto.
