El juez reclama un informe antes de resolver sobre las presuntas donaciones al PP
El instructor espera que la Intervención General de la Administración del Estado le envíe su análisis global sobre todos los contratos adjudicados
Sede del PP, en el número 13 de la calle Génova de Madrid. | Gustavo Valiente (EP)
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha recordado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que aún debe remitirle un informe pendiente sobre las presuntas adjudicaciones irregulares a supuestos donantes de la ‘caja b’ del Partido Popular, uno de los últimos pasos antes de que el instructor ate este fleco de los famosos ‘papeles’ del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.
En una providencia del pasado 12 de septiembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ordena enviar un «oficio recordatorio» a la IGAE, «visto el tiempo transcurrido» desde que le encomendó dicho ‘dossier’. Las fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias indican que se trata ya del último informe pendiente de los muchos que encargó el instructor sobre el proceso de adjudicación de los contratos públicos investigados.
En los remitidos hasta ahora, la IGAE ha ido plasmando irregularidades. Así, en uno fechado el 16 de diciembre de 2021, ponía de relieve «muy notables desviaciones» en un contrato adjudicado en 2003 por el Ministerio de Medio Ambiente a la Constructora Hispánica SA, empresa investigada en la trama ‘Gürtel’.
En este último informe se espera que la IGAE haga un análisis global de todos los contratos otorgados a las empresas que habrían nutrido con sus donaciones la ‘caja b’ a cambio de recibir contratos públicos. Una vez enviado, será el turno de la Fiscalía Anticorrupción. Tras ello, Pedraz, ya con toda la información sobre la mesa, deberá decidir si hay indicios suficientes para procesar a los investigados por esta causa, cuyas pesquisas terminaron el 29 de julio de 2021.
‘Comisiones finalistas’
El caso, conocido como el de las ‘comisiones finalistas’, lo inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero lo cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede ‘popular’ de Génova con esos fondos extracontables. Sin embargo, lo revelado por el líder de la ‘Gürtel’, Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.
Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del 16 de julio de 2021 ante Pedraz, el ex tesorero implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.
En concreto, relató un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.
