Cinco años del desafío del 1-O al Estado que sacudió la historia de Cataluña

El desafío al marco constitucional acarreó nueve condenas a prisión por delito de sedición y derivó en una fractura en las filas soberanistas que aún perdura

El 1 de octubre de 2017 sigue siendo hoy, cinco años después, la fecha más determinante y controvertida de la historia reciente de Cataluña, un punto de inflexión tras el cual el independentismo esperaba ver nacer un Estado independiente, pero que dio paso a siete meses de suspensión de la autonomía.

Así fue el recorrido hasta una jornada que el independentismo sigue enalteciendo como una «victoria» democrática frente a la «represión» del Estado, si bien ese desafío al marco constitucional acarreó nueve condenas a prisión por delito de sedición y derivó en una fractura en las filas soberanistas que aún perdura:

La gestación

La frustración por los recortes del Tribunal Constitucional (TC) al Estatut fue aprovechada por el Govern de Artur Mas para convocar, el 9 de noviembre de 2014, una consulta soberanista no vinculante y sin el aval del Estado, preludio de unas elecciones catalanas al año siguiente, planteadas como un plebiscito sobre la independencia.

Las fuerzas independentistas lograron la mayoría absoluta de escaños, pero no de votos, por lo que Carles Puigdemont, investido president en sustitución de Mas, decidió incluir en su hoja de ruta una pantalla previa a una declaración unilateral de independencia: «Referéndum o referéndum«, sentenció desde el Parlament el 28 de septiembre de 2016.

En los meses siguientes, Puigdemont trató de emular la vía escocesa, ofreciendo al Gobierno de Mariano Rajoy pactar las condiciones de un referéndum de autodeterminación, pero las gestiones -que coincidieron con la «Operación Diálogo» impulsada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo- no fructificaron, por lo que en la Generalitat se prepararon para un choque de trenes.

Los preparativos

La vigilancia judicial y los codazos entre ERC y PDeCAT, que se acusaban de no atreverse a dar ningún paso que pudiera comportar su inhabilitación, llevaron a Puigdemont a crear un núcleo de decisión paralelo al Govern, para preparar en la sombra un referéndum.

Aquel «Estado Mayor» del procés, liderado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras e integrado por la plana mayor de ERC y JxCat, los líderes de la ANC y Òmnium Cultural y algunos perfiles externos, empezó a reunirse en secreto en abril de 2017, con la misión de organizar sigilosamente el referéndum, fijado para el 1 de octubre.

Para eludir el veto judicial a la adquisición de urnas, el «Estado Mayor» decidió externalizarla: un empresario afín sufragó la compra de un lote de urnas de plástico en China, transportadas a almacenes en el sur de Francia y, durante el verano, repartidas por Cataluña a través de una red de activistas que burlaron el control policial.

Desobediencia y reacción

Para intentar dotarse de un paraguas alternativo a la legalidad española, el Parlament aprobó la Ley del Referéndum en el tenso pleno del 6 y 7 de septiembre, entre protestas de la oposición por vulneración del marco legal y conculcación de sus derechos.

No tardó ni 24 horas el TC en admitir el recurso del Gobierno y suspender la Ley del Referéndum, aunque el Govern desoyó las resoluciones judiciales y alentó la desobediencia.

Como respuesta, el Estado desplegó a miles de agentes de Policía y Guardia Civil -en parte alojados en tres barcos, uno de los cuales muy recordado por la imagen de ‘Piolín’ en su costado-, que, bajo la batuta de Diego Pérez de los Cobos, debían coordinarse con los Mossos d’Esquadra para impedir la votación por orden judicial.

El 1-O

El Govern convocó a 5.343.358 catalanes a votar y habilitó 2.315 locales de votación, muchos de ellos colegios que fueron ocupados la noche anterior por activistas, para evitar que pudieran ser cerrados preventivamente por los Mossos, que tenían un papel embarazoso.

Los mandos de los distintos cuerpos policiales habían acordado que los Mossos irían a los colegios para impedir las votaciones, pero al personarse allí, la mayoría de los agentes, al ver a una multitud de personas cerrándoles el paso, se limitaron a levantar acta, por lo que a las 9h ya empezaban a caer votos en las urnas, después de que el Govern decretase el censo universal para que los ciudadanos pudiesen votar en cualquier local habilitado.

Al constatar que los Mossos -con Josep Lluís Trapero al mando- apenas requisaban urnas y cerraban colegios, se activaron los agentes de la Policía y la Guardia Civil, que se toparon con la resistencia de numerosos ciudadanos que les bloqueaban el paso.

Cargas y polémica

En Sant Julià de Ramis (Girona), donde estaba empadronado Puigdemont, agentes de la Guardia Civil rompieron la puerta de acceso al colegio para llevarse las urnas, mientras las cargas policiales se repetían en otros lugares, unas escenas que dieron la vuelta al mundo -dada la nutrida presencia de medios extranjeros- y que el independentismo denunció como prueba de la «represión«.

Encerrados en el Palau de la Generalitat e impactados por las cargas -que intentaron frenar cargos socialistas, como la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín-, Puigdemont y el resto del «Estado Mayor» decidieron seguir adelante con sus planes, convencidos de que las imágenes de agentes desalojando colegios por la fuerza significaban la «derrota» del Estado.

Desde la sede de la Delegación del Gobierno en Barcelona, Diego Pérez de los Cobos dirigía el dispositivo policial, indignado con Trapero por la pasividad de los Mossos, que había obligado a la Policía y la Guardia Civil a actuar en su lugar.

El resultado

Por la noche, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, anunció que se habían contabilizado 2.262.424 votos, con un 90% de ‘síes’ a la independencia, y al día siguiente la Generalitat cifró en 893 las personas heridas o contusionadas, mientras el Ministerio del Interior denunciaba que 431 agentes habían resultado heridos.

Puigdemont confiaba en que aquella demostración de fuerza del independentismo obligaría a Rajoy a sentarse a negociar, empujado por la presión internacional, pero no fue el caso.

Aunque la Ley del Referéndum tumbada por el TC preveía que al cabo de dos días de la proclamación oficial de resultados el Parlament declarase la independencia, el Govern dudó y ralentizó el proceso.

Las consecuencias

El 3 de octubre, cientos de miles de personas se movilizaron en Barcelona para protestar por la «violencia» policial del 1-O y para reivindicar el ‘sí’ a la independencia; por la noche, el rey Felipe VI emitió un mensaje televisado en el que llamó a asegurar el «orden constitucional».

Todos los intentos de mediación durante las semanas siguientes fracasaron y el mes terminó con una simbólica declaración unilateral de independencia, el 27 de octubre, seguida de la aplicación, por primera vez, del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

El 1-O, que el independentismo concibió como momento fundacional de la «república catalana», condujo a la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, con la autonomía intervenida por el Estado hasta mayo de 2018 y la apertura de múltiples causas judiciales por vulneración de la legalidad española.

Fuente: EFE