Una asociación pide investigar a Almeida y la UCM por el deterioro del Arco de la Victoria
El arco, de 30 metros de altura, se construyó entre 1950 y 1956 para conmemorar la victoria del bando sublevado sobre el republicano en la Guerra Civil
Arco de la Victoria en Moncloa | Europa Press
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha solicitado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que abra diligencias de investigación por el deterioro y lamentable estado del Arco de la Victoria, ubicado en una de las entradas del oeste de Madrid.
Este arco de 30 metros de altura, conocido como Puerta de la Moncloa, se construyó entre 1950 y 1956. Se trata de una obra conmemorativa de la victoria del bando sublevado sobre el republicano en la Guerra Civil.
Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid ha encargado un estudio para determinar el estado del monumento para establecer posibilidades de colaboración con la Complutense, titular del monumento, en su gestión y rehabilitación. El Consistorio está actualmente en conversaciones con la UCM para ver las posibles soluciones jurídicas y administrativas con las que colaborar en su conservación, probablemente a través de convenio de colaboración.
En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, se emplaza a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid a investigar la presunta responsabilidad en el actual estado del monumento del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del gerente del Consorcio de Transportes de Madrid.
El escrito judicial incluye fotografías que demuestran el mal estado del edificio, que se encuentra «totalmente degradado» y «amenazado de ruina por la desidia y falta de diligencia» de las autoridades responsables.
El monumento presenta numerosas pintadas y grafitis. Los peldaños de las escalerillas están en su mayoría rotos. En la zona hay restos de vidrio de litronas sin que «nadie los limpie durante meses». La falta de mantenimiento hace que crezcan matas al acumularse tierra entre las llagas del solado.
En concreto, la asociación pide a la fiscal superior de Madrid requerir a Almeida, al rector de la Complutense y al gerente del Consorcio indicar «si la falta de protección al monumento partió de su propia persona o si fue en ejecución de órdenes superiores».
En ese caso solicita indicar a las personas señaladas de quién salió dichas indicaciones «a los efectos de determinar con precisión la autoría y responsabilidad de los hechos». De igual modo, pide que señalen «si ya tenían conocimiento del deterioro y estado lamentable del edificio».
Desde el Consistorio madrileño señalan a Europa Pres que «la responsabilidad actual y pasada del estado del monumento corresponde a la Universidad Complutense de Madrid».
«Una vez terminen las negociaciones entre el Ayuntamiento y la UCM, para determinar que el Consistorio es el nuevo responsable, se tomarán las medidas necesarias para su conservación en función del estado en el que se encuentre», recalcan las mismas fuentes.
Ley del Suelo
Los denunciantes consideran que el Ayuntamiento de Madrid, la Ciudad Universitaria de Madrid y la Comunidad de Madrid habrían incumplido con las obligaciones que plantea la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Según la denuncia, la Ciudad Universitaria de Madrid habría quebrantado la normativa como titular y propietaria del edificio mientras que el Ayuntamiento de Madrid no habría ejercido la obligación de mantener la urbanización y de Policía para garantizar que la propiedad del edificio mantenga el monumento.
También censura el colectivo que la Comunidad de Madrid no haya dictado determinadas órdenes al respecto teniendo en cuenta que se trata de un monumento con una catalogación histórico artística de Madrid.
Ante ello, solicitan a la fiscal superior que se investigue la presunta comisión del artículo 321 en relación a delitos contra el patrimonio histórico. Esta infracción penal se refiere a los que «derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental».
Este delito implica penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión.
