La prostitución logra unir a Ciudadanos y a los independentistas en contra del Gobierno
En Comú Podem también se desmarca de Podemos y apoya la enmienda a la totalidad de la CUP contra la abolición de esta actividad profesional
El debate en el Congreso de los Diputados entre regularizar o abolir la prostitución ha generado extrañas alianzas parlamentarias. Ciudadanos, así como el ala catalana de Unidas Podemos, han apoyado este jueves una enmienda a la totalidad de la CUP para tumbar la ley del PSOE y Unidas Podemos que busca perseguir penalmente esta actividad profesional que ejercen 45.000 mujeres en España, según los datos del Gobierno.
ERC, PDeCAT y el diputado expulsado de UPN, Sergio Sayas, también han apoyado la enmienda de la formación anticapitalista que instaba a crear un «marco pro derechos» para proteger aquellas personas que se dediquen a la prostitución. Pero no ha sido suficiente para que saliera adelante. Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos han contado con el apoyo del PP, y la abstención de Vox, Junts per Catalunya y EH Bildu. Con todo, la propuesta «pro derechos» ha cosechado 32 votos a favor y 293 en contra.
«Abolicionismo mágico»
La diputada de la CUP Mireia Vehí ha acusado el PSOE de practicar un «abolicionismo punitivista» que, a su juicio, solo repercutirá negativamente en la escala más débil de este negocio. Es decir, a las personas más vulnerables. La dirigente independentista ha sostenido que no se puede generar confusión entre la trata de blancas y la prostitución, ya que «el tráfico de personas» es un delito que debe perseguirse sin necesidad de abolir el trabajo sexual.
La diputada naranja, Sara Giménez, ha recogido el guante y ha afirmado que «es irresponsable criminalizar mujeres que están en una situación muy vulnerable». En su opinión, el PSOE muestra una actitud «paternalista y cargada de moralina». Por su parte, la diputada de ERC Pilar Valluguera ha tachado de «abolicionismo mágico» su nueva legislación que pretende prohibir la actividad, y ha afirmado que solo contribuye a perpetuar «el estigma que cuelga sobre estas mujeres» que son trabajadoras sexuales.
Los Comuns se desmarcan de Podemos
En Comú Podem, el referente catalán de Unidas Podemos, ha decidido apoyar también la regularización de la prostitución en vez de su abolición, desmarcándose de sus socios morados y del PSOE, con quien comparten Gobierno.
El Pleno del Congreso celebraba este jueves el debate de totalidad de la proposición de ley que presentó el PSOE para abolir la prostitución, y frente a esa iniciativa la CUP ha sido la única en presentar un texto alternativo en el que defiende la regularización del trabajo sexual.
No obstante, los socialistas no lograron convencer a todos sus socios cuando presentaron su iniciativa. Y han cargado sus tintas:«Quienes voten a favor de la enmienda de la CUP estarán blanqueando a toda la industria proxeneta», ha advertido en el debate la portavoz socialista de Igualdad, Laura Berja.
¿Cuántas prostitutas hay en España?
Como informó THE OBJECTIVE, el Ministerio de Igualdad desembolsó 101.887,96 euros para la elaboración de un estudio para la «estimación del número de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, de explotación sexual y en situación de prostitución» en nuestro país».
El dato que trasladan desde el Gobierno de que 45.000 mujeres ejercerían la prostitución en España se extrae del informe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y data de 2012. Se basa en la información policial de los años precedentes y las estimaciones económicas que genera la industria del sexo, y no compara esta cifra con la actividad en otros países.
Otro dato que compone el argumentario monclovita contra la prostitución es el que cifra en un 90-95% el número de mujeres prostituidas que son víctimas de trata o de explotación sexual, pero el Plan integral contra la trata de 2015-2018 reconoce que existen muchas dificultades para la «obtención de datos fiables» puesto que son delitos con «estructuras delictivas complejas» y las víctimas desconfían habitualmente de las autoridades y tienen «gran reticencia a denunciar o colaborar».
