El Gobierno destinará "el mayor presupuesto de la historia" a la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

El PP tilda la nueva ley de memoria de «ataque a la verdad» y para Vox pretende decir que «la izquierda es igual a democracia y la derecha a fascismo»

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, dijo este martes que la ley para la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura contará para 2023 con «el mayor presupuesto de la historia», casi 14 millones de euros, de los cuales 6.350.000 se destinarán a actuaciones en torno a la exhumación de fosas.

Lo ha explicado durante su intervención en la Comisión de Presupuestos en el Congreso, en la que ha precisado que la partida total asciende a 13.952.000 euros, un 18% más que el año pasado. Ha asegurado Martínez que se trata de «un incremento expresivo del compromiso del Gobierno» con las víctimas «de todas las partes» para su reconocimiento, reparación y justicia.

Ha indicado que el anterior planteamiento para la exhumación de fosas partía de «un plan de choque» para el que destinó 1,5 millones de euros, por lo que ahora se incrementa la cuantía hasta superar los 6 millones de euros, de los cuales 3 millones se destinarán a transferencias a las comunidades para dichas labores.

En cuanto a las entidades locales, de mano de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), recibirán 1 millón de euros para las labores en fosas pequeñas y medianas y 650.000 para las grandes, que son en las que se estima a través de estudios previos que hay más de mil cadáveres, ha aclarado. Sobre la fosa común de Pico Reja, ubicada en Sevilla, el secretario de Estado ha señalado que hasta la fecha se han extraído «más de 1.400 cadáveres» que han sido «objeto de violencia política».

PP y Vox han sido los grupos que principalmente han vuelto a criticar la nueva ley, mientras que Ciudadanos ha visto el presupuesto insuficiente para dar cumplimiento a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU.

Para el PP, la ley «es un ataque a la verdad» y se pone en marcha para «ocultar los aspectos negativos» de la gestión del Gobierno, mientras que para Vox se pretende acabar con toda simbología histórica y decir «la izquierda es igual a democracia y la derecha a fascismo».

Fuente: EFE.