Bruselas ordena a Aragonès que cumpla con las sentencias judiciales del 25% de castellano en las aulas
La sentencia del TSJC ordena a la Generalidad a garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias de las escuelas de Cataluña
La sentencia del TSJC ordena a la Generalidad a garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias de las escuelas de Cataluña
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, le pidió este jueves al presidente catalán, Pere Aragonès, que la Generalidad cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que un 25% de las clases sean en castellano, durante el encuentro que mantuvieron hoy en Bruselas.
Según informaron fuentes comunitarias, «Reynders subrayó la importancia de aplicar las sentencias de los tribunales«, mientras que Aragonès «le explicó las cuestiones relacionadas sobre el uso de las lenguas en las escuelas en Cataluña».
Actualmente, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la sentencia de la lengua, después de que aceptase a trámite el recurso del PP y Cs contra el decreto que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación.
PP y Cs recurrieron varios artículos del decreto que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, para proteger así a los directores de centros, y evita hablar de porcentajes.
Dicho decreto fue aprobado por el Gobierno catalán cuando faltaba un día para que expirase el plazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para aplicar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas.
Aragonès y Reynders hablaron también sobre el caso de espionaje con el Programa Pegasus, del que tanto el presidente catalán cómo varios líderes independentistas fueron víctimas.
El jefe del Ejecutivo catalán trasladó al comisario su «preocupación» por cómo el Gobierno español «está gestionando» el caso, según explicó en declaraciones a la prensa tras el encuentro, en el que pudo «constatar que «las instituciones europeas están preocupadas por esta cuestión».
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Según las fuentes, Reynders recordó que Bruselas «ha dejado claro en numerosas ocasiones que condena firmemente cualquier acceso ilegal a la comunicaciones interpersonales».
El Ejecutivo comunitario ha enviado una carta a España solicitando información sobre el caso de espionaje, que el Gobierno aún no ha respondido.
No obstante, la Comisión ha señalado en varias ocasiones que son los tribunales nacionales los principales responsables de investigar los escándalos de espionaje y, las citadas fuentes, «espera que hagan total uso de sus poderes».
La Justicia española está investigando el presunto espionaje con el programa Pegasus de los teléfonos móviles de Aragonés y cuatro altos cargos del Gobierno de España, entre ellos los ministros de Defensa, Margarita Robles, e Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El encuentro entre Aragonès y el comisario europeo supone un paso más en la normalización de la relación entre el Gobierno catalán y el Ejecutivo comunitario, después de que el presidente catalán se reuniera en Barcelona, el pasado mes de mayo con el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas.
Fuente: EFE