Sánchez pospone el pacto del CGPJ para que Podemos no reviente las cuentas y la 'ley trans'
Según fuentes de Moncloa, Sánchez y Feijóo cerraron el acuerdo en su reunión en Moncloa hace quince días pero pactaron «silencio» hasta finales de noviembre
El pacto entre el Gobierno y el Partido Popular (PP) para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es inminente ni se prevé en los próximos días. Según fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE, no se anunciará hasta dentro de un mes, a finales de noviembre, una vez se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado y se haya pasado el trámite de las enmiendas a la ley trans.
El motivo no es otro que evitar dar a conocer el acuerdo de la justicia con el PP antes de las votaciones de ambos proyectos de ley porque el probable rechazo en el mismo de las posiciones de Podemos -como la inclusión de Victoria Rosell entre los candidatos– podría tener consecuencias, con los ‘morados’ abriendo un cisma en el Gobierno de coalición.
Según fuentes de Moncloa, no hay riesgo alguno de fractura en el Ejecutivo, pero el malestar del socio minoritario con el pacto con el PP podría tener efectos en las votaciones del Congreso en materia presupuestaria y en la última fecha tope para presentar enmiendas a la ley trans, habida cuenta de que Podemos ha puesto como línea roja el nombramiento de Rosell para apoyar el pacto por la justicia. Al dejarse para finales de noviembre, tras la aprobación de los PGE, los socialistas se aseguran encarrilar la tramitación de los dos proyectos de Ley sin poner en riesgo el acuerdo del CGPJ en el que no precisan el apoyo de Podemos porque «lo sacamos con amplia mayoría con el PP y no necesitamos a los socios».
Desde Gobierno y PSOE no sueltan prenda sobre los candidatos, pero sí desvelan a este diario que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo «cerraron el acuerdo» en su reunión en Moncloa el pasado 10 de octubre. Cerraron las cuotas e, incluso, pactaron silencio. Ambas partes se prometieron discreción ante los medios de comunicación, pero quince días después el Gobierno consideraba que Feijóo no había cumplido su promesa. En el entorno del presidente recelaron de las constantes declaraciones del líder del PP ante los medios hasta el punto de albergar dudas sobre si quería «reventar el acuerdo» pero las recientes declaraciones del PP desvinculando el delito de sedición de la negociación de la justicia descartaron dichas sospechas.
Pero la convicción del presidente del Gobierno y sus negociadores es que «llegado este punto, ya no es posible que no haya pacto» aunque el PP «nunca lo haya querido» y se haya visto presionado por las instituciones comunitarias y la dimisión de Carlos Lesmes. El Gobierno sostiene que estamos «en la parte final del acuerdo» pero otras fuentes contraponen esa ficción a una negociación «en fase embrionaria» que no verá la luz hasta finales de noviembre.
Más allá de los nombres y de la mas que probable presidencia de Cándido Conde-Pumpido, las fuentes consultadas sitúan el principal escollo en el cambio en el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Una línea roja para el Gobierno que no aceptará «bajo ningún concepto» la reforma del PP, que considera «antidemocrática». Es por ello que se busca un brindis al sol, una redacción simbólica que no comprometa al Gobierno actual ni al futuro y que deje en manos de los jueces una consulta al respecto sobre la materia. Una opción sería la de instar al nuevo Consejo a elabora un informe sobre el cambio del sistema que, desde luego, «el PSOE no ejecutará» y el PP, sospechan, que tampoco.
No habrá cambio en el sistema de elección
La determinación socialista al rechazar este punto es absoluta: «no vamos a aceptar que los jueces se elijan a sí mismos como una casta», lo cual deja al PP en un terreno complejo de cara a la venta pública del pacto de la justicia. Quizás por ello algunas fuentes apuntan a que las negociaciones han provocado que alguno de los interlocutores del PP como la portavoz, Cuca Gamarra, se levantara de la mesa ante la negativa del Ejecutivo socialista.
Pero el Gobierno insiste en que, llegado este punto, «ya no es posible no llegar a un acuerdo» aunque maniobran para elegir el mejor momento en función de sus intereses. Y éste parece ser en un mes, una vez que se logren encauzar dos hitos de la legislatura: los últimos PGE y el proyecto estrella de Irene Montero, que ha abierto en canal a los socialistas en su confrontación con sus socios de Podemos.
