Malestar en la Junta Electoral por el tono «impertinente» de la carta de la Eurocámara
La misiva se remitió a través de la Representación Permanente de España ante la UE y no por vía directa, lo que demoró el proceso en 32 días
Puigdemont durante un debate en el Parlamento Europeo en mayo. | EFE
La Junta Electoral Central está molesta con Roberta Metsola. Sus miembros consideran que la carta que envió la presidenta del Parlamento Europeo el 22 de septiembre para solicitar las credenciales de Carles Puigdemont y otros tres dirigentes independentistas, necesarias para convertirse en eurodiputados, tiene un tono «impertinente». Están molestos porque la Eurocámara pusiera en cuestión su lealtad. Tampoco entienden que, existiendo una línea de comunicación directa, la misiva se remitiera a través de la Representación Permanente de España ante la UE, lo que demoró el proceso en 32 días.
«El Reino de España tiene un deber de cooperación leal con el Parlamento Europeo. Parte de este deber consiste en la obligación de notificar una lista completa de diputados oficialmente electos a fin de permitir al Parlamento Europeo su función con el número total de los miembros que lo componen», indica la carta de Metsola, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En el texto, la política maltesa, adscrita al Grupo Popular Europeo, solicita designar a las personas que deben ocupar esos escaños «sin demora».
La Junta Electoral Central no se ha andado con remilgos en su respuesta, incluida en las consideraciones finales del acuerdo resuelto este jueves con la unanimidad de sus 13 miembros. «El principio de cooperación leal, reconocido en el artículo 4.3 del Tratado de la UE e invocado en el escrito de la presidenta del Parlamento Europeo, exige que el respeto en el cumplimiento de las misiones derivadas de los tratados sea mutuo entre la UE y los Estados miembros».
Acuerdo de la Junta Electoral
El órgano superior de la Administración Electoral insiste en su resolución que ya comunicó a la Eurocámara las personas que habían cumplido los requisitos establecidos en la legislación española para adquirir la condición plena de diputados. «En los únicos cuatro supuestos en los que no se ha podido expedir la credencial el motivo ha sido la voluntad explícita de los afectados de no cumplir esos requisitos».
«Se informó a la Eurocámara de cada paso, pero fueron desconsiderados al tomar decisiones unilaterales y no comunicarlas a la Junta Electoral», sostienen fuentes de la institución. El órgano administrativo recuerda a Metsola que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE ha dejado claro que cada país puede marcar sus propios requisitos para convalidar la elección de eurodiputado. A España le corresponden 59 escaños en el Parlamento Europeo, aunque solo ha notificado 55 candidatos porque Puigdemont, Toni Cosmín, Clara Ponsatí y Jordi Solé no prometieron la Constitución Española, como establece la ley.
Las fuentes consultadas afirman que la carta de Metsola tiene un tono «impertinente». El contenido, apenas una página, está redactado en castellano, aunque la presidenta del Parlamento Europeo no lo domina. Ha escocido especialmente que se pusiera en cuestión la lealtad de la Junta Electoral. «Es como si en su gabinete hubiese infiltrado algún independentista». En el órgano administrativo apuntan a una falta de entendimiento entre el equipo de Metsola y el de su predecesor, el fallecido David Sassoli.
Como indica el acuerdo del jueves, desde las elecciones de mayo de 2019 se ha ido informando puntualmente de los acontecimientos a la Eurocámara. El texto hace hincapié en varias ocasiones en que la decisión del Parlamento Europeo de reconocer la condición de eurodiputados a los cuatro candidatos se tomó «sin haber consultado en ningún momento a la Junta Electoral Central». Sus miembros afirman que conocen estas decisiones «exclusivamente» por la publicación de su web.
En un primer momento, el Parlamento Europeo negó la condición de eurodiputados a Puigdemont y a los otros tres dirigentes catalanes. Sin embargo, ejercen como tales gracias a la decisión del expresidente Sassoli tras una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE en diciembre de 2019 que reconocía la inmunidad de Oriol Junqueras, elegido también en aquellos comicios.
Metsola alude en su carta a la resolución que dictó en julio el Tribunal General de la UE solicitando la comprobación de las credenciales de los cuatro parlamentarios que aún no cuentan con ella. La misiva está fechada el 22 de septiembre, aunque la Junta Electoral la recibió el 24 de octubre. Los miembros del órgano apuntan a la causa de este retraso de 32 días en el acuerdo adoptado el jueves, que servirá como respuesta a la presidenta de la Eurocámara.
Un órgano autónomo
«La Junta Electoral Central como máximo órgano de la Administración Electoral española, independiente de cualquier otra Administración, ordinariamente se ha relacionado de forma directa con el Parlamento Europeo. En esta ocasión, sin embargo, el Parlamento Europeo ha cursado el envío del mencionado documento a través de la Representación Permanente de España ante la UE, en Bruselas, y de la Secretaría de Estado para la UE».
Las fuentes consultadas en el órgano, presidido por el magistrado Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, desconocen por qué el Parlamento Europeo remitió la misiva a través del Ministerio de Exteriores. «Nos sorprendió la fórmula. Somos un órgano autónomo, independiente del Ejecutivo». De hecho, la Junta Electoral Central ya sancionó con 500 euros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por quebrantar el principio de neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral al utilizar imágenes en La Moncloa para hacer campaña.
Los dirigentes independentistas en Bruselas han aprovechado este malestar entre instituciones para que la Eurocámara tome partido. Jordi Solé, de ERC, solicitó a la presidenta del Parlamento Europeo que defendiera sus «derechos como cargo electo y los derechos de los electores».
En una entrevista en TVE afirmó que «había que ver cómo responde el Parlamento Europeo» e insistió en que el entonces presidente les admitió en el hemiciclo a raíz de la sentencia de la Justicia europea sobre la inmunidad de Junqueras: «Veremos si la presidenta sigue la línea que adoptó Sassoli o la contradice». Puigdemont también solicitó acatar la Constitución de manera diferente a la prevista, ante el propio órgano, y que según la Junta Electoral se trata de «un acto personalísimo».
