Aragonés celebra la reforma de la sedición, pero exige ahora negociar la amnistía
El presidente de la Generalitat ha confirmado que el Gobierno ha pactado con ERC la anulación del delito y ha señalado que se avanza hacia la independencia
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. | Andreu Dalmau (EFE)
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre el «Estado» y ERC para la reforma del delito de sedición, aunque ha señalado que no es este el objetivo final, sino la amnistía. El líder regional ha afirmado que esta decisión supone una recuperación de la libertad, ha celebrado que complica «la lucha contra el independentismo» y ha predicho que fortifica a la causa nacionalista en su batalla por «alcanzar nuevos acuerdos en favor de la desjudicialización».
En una comparecencia desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, Aragonès ha reaccionado al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentar en el Congreso una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición por otro de «desórdenes públicos agravados» y con penas más bajas.
El presidente catalán ha celebrado el «acuerdo» alcanzado con el Gobierno para «eliminar el principal delito por el que fueron condenados» a prisión nueve líderes independentistas por el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Este pacto, ha destacado, permite «profundizar en el proceso de desjudicialización» ya que supone una «mejora para el conjunto de las personas represaliadas».
«Con la derogación de la sedición es más difícil perseguir injusta y arbitrariamente al movimiento independentista», ha celebrado, si bien ha reconocido que aún «queda camino por recorrer» hasta la «completa desjudicialización del conflicto», sin renunciar a la amnistía.
Aragonès pide más beneficios
Aragonès ha explicado que sigue habiendo «cuestiones abiertas que se podrán plantear en el trámite parlamentario» de la reforma del Código Penal, en alusión, por ejemplo, a la malversación.
«Hay que trabajar más», ha señalado el presidente, que ha hecho hincapié en que de momento lo más relevante es que «el delito de sedición queda borrado, desaparece del Código Penal», y es sustituido por «desórdenes públicos agravados«, un concepto que «ya existe» ahora, si bien «la pena máxima pasa de seis a cinco años».
Ha asegurado que «los hechos de octubre de 2017 no son delito», aunque el Tribunal Supremo «aplicó de forma injusta y arbitraria el Código Penal» para imputar el delito de sedición, y «no desórdenes públicos».
«Hoy damos un paso muy importante para conseguir el fin de la represión y comenzar a construir la resolución del conflicto político con el Estado», ha insistido.
Aragonès ha evitado comentar si este «paso adelante» supone un punto de inflexión en las relaciones con los socialistas y si abre la puerta a acuerdos en otros ámbitos, como por ejemplo los pactos presupuestarios. En este sentido ha querido desligar los acuerdos para la desjudicialización de cualquier otra materia ya que la resolución del conflicto no va de «un acuerdo de partidos ni de siglas», sino que «va de derechos y libertades».
El Gobierno inicia la reforma de la sedición
La propuesta del Gobierno que comienza hoy su tramitación parlamentaria plantea un escenario beneficioso para los líderes del procés fugados y para aquellos que ya fueron condenados por el Tribunal Supremo. El texto de la nueva ley suprimirá el capítulo I del título XXII del Código Penal, que recoge el delito de sedición, y modificará el 557 que bajo el título de desórdenes públicos agravados modificará las penas, recogiendo un máximo de cinco años de prisión para delitos como los del 1 de octubre.
En el caso de Carles Puigdemont y Marta Rovira, fugados desde 2017 y reclamados por la Justicia desde entonces, la nueva ley de PSOE y Unidas Podemos supondría un beneficio para ambos, ya que en caso de ser finalmente juzgados, sufrirían condenas muy inferiores a las de sus compañeros.
Para los ya condenados, como el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, también se reflejan ventajas con respecto a la situación actual, ya que sus penas de inhabilitación por este delito se verían reducidas de 13 a ocho años, aunque se mantendría elevada por la de malversación de fondos públicos –delito por el que fueron condenados por el Tribunal Supremo-, que podría mantenerles apartados de las urnas hasta más allá de los próximos comicios autonómicos y locales.
Por el momento, el Gobierno no ha planteado una reforma de este último caso o del delito de rebelión, por el que no fue condenado ninguno de los instigadores y responsables del ‘procés’. Sin embargo, podrían emprender también su tramitación parlamentaria de cambiar de parecer.
Este cambio de parecer del presidente Sánchez -que choca con sus declaraciones previas a las elecciones, blandidas durante los debates electorales en los que afirmó que no se iba a indultar a los políticos independentistas condenados y que no se reformaría este delito- coincide con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, apoyados por Esquerra Republicana, quien exigió acabar con la sedición en el Código Penal, compromiso postergado durante varias semanas entre negativas a emprender este proceso por «falta de mayoría parlamentaria» y que ahora comienza su proceso.
