El ciberataque al CGPJ pudo afectar a Hacienda: los datos de miles de contribuyentes estarían comprometidos

La Audiencia Nacional investiga el alcance del hackeo sufrido en octubre a la red de telecomunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga si el ciberataque sufrido en octubre por el Punto Neutro Judicial, la red de telecomunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones, pudo afectar a datos de contribuyentes depositados en las bases de la Agencia Tributaria.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 abrió diligencias el pasado 20 de octubre tras recibir una denuncia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), institución desde la que se gestiona el Punto Neutro Judicial, en la que advertía de la supuesta afectación a datos personales de contribuyentes. La primera medida adoptada por el magistrado ha sido dirigirse a la Agencia Tributaria y al Centro Criptológico Nacional para que le remitan sendos informes sobre el alcance de los hechos denunciados por el órgano de gobierno de los jueces.

El juez Calama, que advierte de que los hechos denunciados podrían constituir un delito contra alto organismo de la nación y de descubrimiento y revelación de secretos, ha acordado mantener la causa bajo secreto al menos durante un mes. El CGPJ informó el martes de este ciberataque al Punto Neutro Judicial, detectado en la segunda quincena del mes de octubre, y puntualizó que no se habían «visto comprometidos datos relativos a procedimientos judiciales». Garantizó asimismo que, desde el momento en el que se tuvo conocimiento del ataque, «se adoptaron medidas de ciberseguridad para la contención y neutralización» del mismo.

La peculiaridad del ataque fue que no fue el típico «pesca de arrastre» donde los hackers roban de manera masiva datos, si no que seleccionaron y buscaron cuidadosamente nombres, personas con perfil público.

El Punto Neutro Judicial es un sistema de comunicación que permite centralizar y trasladar peticiones de información entre los órganos judiciales e instituciones como la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Dirección General de la Policía, el Servicio Público de Empleo o el Instituto Nacional de la Seguridad Social. De la Dirección General de la Policía obtuvieron datos de 50.000 agentes, por lo que cuentan con sus nombres, apellidos, domicilio e incluso el DNI.

Los juzgados lo utilizan para consultar datos de ciudadanos en bases de entidades bancarias, registros y organismos públicos.

Fuente: EFE